Se han cumplido cuatro años de la moción de censura que, de forma imprevista, llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Sánchez llegaba al Gobierno pocos días después de que la investidura de Quim Torra pusiera fin a la aplicación del artículo 155 a raíz de los hechos de octubre de 2017. Entonces la cuestión catalana era un asunto prioritario para la política española, y el cambio de gobierno en España supuso el inicio de una etapa de desinflamación con la perspectiva de una posible reanudación del diálogo político después de unos años de dura confrontación y de incomunicación, pese a la resistencia del nuevo presidente de la Generalitat.

No obstante, el juicio a los dirigentes independentistas y la sentencia condenatoria subsiguiente volvieron a encender los ánimos, y los descontentos, azuzados desde las mismas instituciones de la Generalitat, quisieron volver a hacer de Barcelona su particular Rosa de Fuego. Pero la voluntad del Gobierno de España no desfalleció: siguió ofreciendo diálogo y reformas institucionales, y en particular se comprometió a reformar el Código Penal para revisar el concepto y el alcance penal del delito de sedición. Desgraciadamente, esta actitud no halló una interlocución a la altura de las circunstancias, dado que el presidente Torra seguía instalado en la dialéctica de la confrontación.

La situación cambió cuando, hace ahora un año, Pere Aragonès accedió a la presidencia de la Generalitat con una apuesta de colaboración con el Gobierno central, condicionada, sin embargo, por la actitud reticente, si no claramente hostil, de su socio de gobierno. En este nuevo contexto, el gobierno Sánchez asumió el coste político de conceder los indultos y reactivó la mesa de diálogo. Desde entonces no se ha producido ningún avance destacable en el diálogo político: la propuesta de reforma del Código Penal se quedó muy pronto en un cajón y la insistencia del gobierno catalán en condicionar el diálogo a los objetivos de un referéndum y de la amnistía llevan a un callejón sin salida.

Además, acontecimientos posteriores como el asunto Pegasus o el bajo nivel de ejecución de las inversiones presupuestadas han acabado por minar la confianza, en especial en el lado catalán, dando alas a los argumentos de Junts per Catalunya en detrimento de los de Esquerra Republicana. Así pues, las relaciones entre los gobiernos catalán y español atraviesan su peor momento, con una diferencia relevante respecto a lo que sucedía hace cuatro años, y es que ahora la resolución de la cuestión catalana parece que ya no interesa a nadie. Hoy por hoy, Cataluña solo sirve como recurso electoral del PP y de Vox, como se vio en la campaña de las elecciones andaluzas.

España —sus élites políticas, económicas y sociales, y su opinión pública— ha desconectado de Cataluña en perfecta simetría con la desconexión que una parte de Cataluña ya había hecho tiempo atrás respecto al resto de España. Empezó a hacerlo una parte del catalanismo transformado en independentismo cuando renunció a su objetivo histórico de reformar el Estado español, justamente en un momento en que el espíritu del tiempo era propicio —nuevos partidos con agendas reformistas— y optó por abstraerse en sus delirios.

La ascendencia del PSC en el nuevo gobierno Sánchez representaba una oportunidad para activar la agenda catalana, sobre todo con el nombramiento de Miquel Iceta al frente del ministerio de Política Territorial y Función Pública, pero su paso por el ministerio fue, lamentablemente, demasiado fugaz. Por supuesto, el socialismo catalán todavía mantiene una presencia relevante en el ejecutivo español, con el propio Miquel Iceta en Cultura, Raquel Sánchez en Fomento y un puñado de gestores eficientes al frente de empresas públicas o semipúblicas como Renfe, Aena, Hispasat o Indra. Una aportación nada despreciable en la línea de lo que decía Ernest Lluch: que la mejor influencia catalana en los asuntos del Estado es la buena gestión de las responsabilidades asignadas.

Lo cual no quita que se echen en faltar iniciativas positivas y viables para salir del actual impasse sobre la cuestión catalana. Aunque, ante la incertidumbre creciente provocada por el empeoramiento de las condiciones económicas y políticas de nuestro entorno europeo, es comprensible la tentación de dejar de lado una cuestión incómoda. Desde Cataluña, sin embargo, no es asumible la renuncia a repensar España y a presentar una alternativa a la propuesta independentista. Renunciar a ello supone allanar el camino a la vía involucionista, de la que Vox es la vanguardia y el Partido Popular el colaborador necesario.

El interés en pensar en el porvenir de España desde la periferia se ha desplazado hacia el sur y ahora es el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, quien han tomado el testigo de lo que en su día representó Pasqual Maragall. A finales de mayo se celebró en Valencia el Seminario «España Polifónica y Desconcentrada», en el que se dio a conocer la propuesta de desconcentrar la administración del Estado situando sedes de diferentes instituciones y organismos, como el Senado o el Tribunal Constitucional, más allá de Madrid, con el objetivo de favorecer la reconexión emocional de los ciudadanos con España.

Es buena señal que todavía haya quien, desde posiciones de gobierno, apueste por la España plural y por profundizar y mejorar la tendencia federalizante, pero es una mala noticia que Cataluña no solo haya decidido dejar de liderar el debate, sino que incluso se haya inhibido al respecto. El independentismo, por desconexión, los socialistas catalanes, por prudencia, y los Comunes, por indefinición. Y no constituye ningún consuelo que el promotor del seminario valenciano fuese un catalán. De nada sirve tener el capital humano y ocupar determinadas posiciones si faltan la convicción y el impulso político.