No nos podemos permitir dar la espalda a los trágicos hechos ocurridos en la frontera de Melilla el 24 de junio del año pasado, con el negro balance de 23 personas muertas y un número indeterminado de desaparecidos, ni obviamente a sus consecuencias. Se trata del peor incidente registrado en la frontera sur española, que, lamentablemente, no es un hecho aislado, sino que forma parte de la serie casi cotidiana de desgracias humanitarias que se acumulan en la frontera mediterránea de la Unión Europea.

Unas tragedias rápidamente olvidadas después de los primeros flashes informativos y de las reacciones rutinarias de las autoridades responsables y de los medios de comunicación. Estos olvidos reiterados son la materia prima con la que se va construyendo una indiferencia colectiva, a menudo acompañada de un cierto cinismo social e institucional, que asume como inevitable la contradicción entre esta insensibilidad y el discurso sobre los derechos humanos en el que se fundamenta tanto la Unión Europea como sus Estados miembros.

A medida que esta insensibilidad se va incrustando en la vida de la ciudadanía europea crece nuestro aislamiento del resto del mundo, del que nos desentendemos, obsesionados en cultivar nuestro jardín y en protegernos del peligro de la jungla que nos rodea, según la controvertida metáfora del alto representante de la Unión Europea. Huelga decir que, de consolidarse, esta actitud constituiría una miopía histórica alarmante para el futuro europeo.

La política migratoria europea está contaminada por el miedo a la inmigración irregular, sobre la que se proyectan fantasmas de todo tipo, que evocan inseguridades identitarias e incertidumbres sociales y económicas, y que conducen a la obsesión por la seguridad y a las propuestas de encerrarnos en una fortaleza. Como explica Gemma Pinyol en este mismo número, esta obsesión nos impide hacernos las preguntas adecuadas a las que debería responder la política europea: quién, cómo y en qué condiciones puede acceder a los países de la Unión Europea. Es decir, cómo conseguir una inmigración ordenada y asumible.

Ciertamente, es un desiderátum fácil de formular, pero muy difícil de alcanzar. Precisamente, por su complejidad, es contraproducente e inútil actuar solo reactivamente, en función de unos acontecimientos que nos sobrepasan, pero que al mismo tiempo han dejado de ser imprevistos. Todo lo contrario de una política basada en reglas claras, medios adecuados y, sobre todo, una voluntad constante, coherente y valiente.

Para entender la dificultad de acertar con la política adecuada basta contemplar la complejidad de problemas, intereses y expectativas que confluyen en el fenómeno migratorio, como, entre otras, las causas que lo provocan en los países de origen, la intervención de mafias criminales en el trayecto hacia Europa, la seguridad de las fronteras y las relaciones transfronterizas, los derechos de las personas migrantes y, especialmente, las demandas de asilo. Sin olvidar las percepciones del fenómeno que tienen las sociedades receptoras y las actitudes y los intereses electorales de los actores políticos e institucionales.

Sobre los hechos de Melilla gravitan todas estas cuestiones generales, pero también interrogantes más concretos que no han encontrado aún respuestas satisfactorias. Interrogantes sobre la responsabilidad y la proporcionalidad de la represión de las entradas ilegales y, por tanto, sobre el alcance de la cooperación entre las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Sobre la legalidad de las devoluciones en caliente en medio de la confusión originada. Sobre el derecho humanitario de socorro y las posibles omisiones del derecho de asistencia médica y jurídica…

Tampoco son satisfactorios la política informativa seguida ni la rendición de cuentas exigible y, todavía menos, el discurso justificativo utilizado que rezuma un cierto regusto racista de superioridad que impide considerar a los migrantes como personas iguales en dignidad. Como se ha recordado acertadamente, la defensa más difícil del Estado de derecho se produce en sus márgenes, cuando una democracia es capaz de garantizar los derechos de los que no pueden defenderlos por sí mismos.

Y más allá, Melilla y tantas y tantas tragedias ponen en cuestión los límites de la política de externalización del control de fronteras en Estados vecinos, convertidos en gendarmes, pero que no comparten los estándares europeos de respecto a los derechos humanos. Una contradicción asumida por las instituciones europeas sin inmutarse, con la ilusoria pretensión de evitar que las tragedias humanitarias perturben la tranquilidad de nuestro jardín.