Aparentemente la Universidad pública del país está en una buena situación. Durante el último curso estudian grados y masters aproximadamente 1,6 millones de alumnos que es una cifra algo superior a la de hace 20 años a pesar de que la población entre 18 y 24 años se ha reducido cerca del 24 por ciento. Durante las dos últimas décadas se ha doblado la población adulta con titulación universitaria. Por otra parte, la producción investigadora ha incrementado muy significativamente durante los últimos años situando España como la potencia decimosegunda en producción científica que coincide con el PIB del país. No poseemos universidades entre las cien mejores del mundo, pero hay un porcentaje elevado de universidades españolas que logran buenas posiciones en los rankings internacionales. A nivel de eficiencia, las universidades públicas españolas son de las mejores del mundo atendiendo que la financiación pública es notablemente inferior a la media de los países de la OCDE que agrupa también Estados en vías de desarrollo.

Estos datos y otros más reflejan una situación sana de las universidades públicas españolas, pero no es oro todo lo que reluce. Por ejemplo, durante los últimos años la competencia de las universidades privadas se está convirtiendo en una amenaza. Hace 25 años había solo 16 universidades privadas autorizadas y hoy en día hay 43 (frente las 50 universidades públicas). Durante los últimos veinte años se ha triplicado el número de alumnos matriculados en las universidades privadas y en las públicas se ha reducido un 14 por ciento. Hoy en día el 30 por ciento de los alumnos que estudian en la Universidad lo hacen en las privadas. Por otra parte, a nivel de producción científica es cierto que es elevada, pero en términos de impacto y de calidad no lo es tanto y España ocupa la posición 21. Todos estos datos forman parte del informe de la Fundación CYD elaborado durante el curso 2021/2022.

Estos datos aportan una radiografía parcial sobre las luces y sombras de las universidades públicas en España y reclaman un análisis profundo sobre si la Universidad pública está o no a las puertas de un punto de inflexión claramente negativo.

 

Dos hipótesis

Lo primero que llama la atención es que el sistema universitario público esté perdiendo posiciones con relación al privado. No es un tema menor ya que esto supone que hay una parte significativa de la clase media-alta de la sociedad que prefiere la universidad privada a la pública a pesar de que las diferencia en los costes familiares pueden multiplicarse hasta por seis. ¿Por qué tantas familias hacen este sobresfuerzo económico y descartan a las universidades públicas? Hay dos hipótesis que pueden explicar este fenómeno: por una parte, consideran que la docencia tiene más calidad y es más rigurosa en las universidades privadas que en las públicas. Es curioso ya que la producción investigadora de las públicas es arrolladoramente superior a la de las privadas o quizás este sea el motivo y hay una parte de la sociedad que percibe al profesorado universitario público con alta implicación en la investigación y con escaso esfuerzo en su actividad docente.

Una parte de la sociedad percibe una alta implicación en la investigación del profesorado universitario público pero escasa en su actividad docente.

Por otra parte, pueden considerar a las universidades privadas como mucho más cercanas y focalizadas en proveer profesionales al tejido empresarial. En cambio, consideran que las universidades públicas no poseen este enfoque y priorizan la formación de ciudadanos cultos y críticos. En este sentido, no deja de ser una paradoja que los estudios sobre el empleo del futuro anuncien que las competencias más competitivas en el mercado laboral del presente y del futuro serán la capacidad de análisis crítico y una visión multidisciplinar e incluso de carácter humanista.

Pero la competencia hacia las universidades públicas no se limita a un esplendor de las privadas, sino que hay otros elementos inquietantes. La evolución positiva de la formación profesional mediante los Ciclos Formativos de Grado Superior que han pasado en poco tiempo de menos de 200 mil alumnos a más de 400 mil es un dato relevante. Es una evidencia que los países desarrollados requieren de unos profesionales de carácter técnico que sean cada vez más robustos (sobresale el caso de Alemania con su formación profesional dual entre estos centros educativos y las empresas).

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Lógicas anticuadas y clasistas

Los Ciclos Formativos de Grado Superior van a ser cada vez más solventes y reclaman un espacio de nivel superior en paralelo al universitario. Hasta ahora las universidades públicas han cerrado las puertas a esta opción por anticuadas lógicas clasistas y elitistas. Pero la disyuntiva en un futuro próximo es evidente: o las universidades públicas abrazan la formación profesional de carácter superior (podríamos decir superior plus) o van a aparecer títulos oficiales públicos y privados equivalentes a un grado universitario extramuros del sistema universitario (ya está ocurriendo de manera incipiente en el ámbito artístico y de diseño por la desatención universitaria de este tipo de perfiles).

Los países desarrollados requieren de unos profesionales de carácter técnico que sean cada vez más robustos.

Por otra parte, también hay que atender a las nuevas dinámicas de aprendizaje mediante las nuevas tecnologías que están generando el caldo de cultivo ideal para que empresas del tipo Google o Amazon se estén planteando entrar en el suculento negocio de la educación superior. Que las universidades públicas estén en un escenario en el que tengan que competir con estas grandes empresas es un reto mayúsculo.

 

La nueva ley

En esta situación de encrucijada de las universidades públicas se acaba de aprobar la nueva Ley de Universidades (LOSU). Y la pregunta es inevitable ¿Va a ayudar esta Ley a modernizar las universidades públicas para que puedan afrontar estos nuevos retos? La respuesta es como la comida asiática: agridulce.

En primer lugar, hay que atender a la gobernanza de las universidades públicas. En España poseemos un sistema democrático y no meritocrático de elección de los cargos académicos (rectores, decanos y jefes de departamento) cuando la mayoría de las universidades más punteras (públicas y privadas) operan con una lógica más profesional y meritocrática que democrática. La nueva Ley no se ha atrevido ni ha querido ideológicamente transformar el modelo de gobernanza de las universidades. Es lógico ya que la democracia interna es un elemento defendido con uñas y dientes por los diferentes actores universitarios (profesores, alumnos y PAS) sin comprender que esta supuesta democracia teórica suele mostrarse en la práctica como corporativismo y/o politización demagógica de la Universidad.

Pero también es cierto que la LOSU presenta una regulación de carácter muy básico y otorga cierta libertad a las Comunidades Autónomas (que son las que financian el sistema) y a las propias universidades para definir su propio modelo de gobernanza y de organización. «Esta ley orgánica no quiere imponer soluciones ni trazar caminos concretos en que todo ello deba resolverse. Busca abrir posibilidades, facilitar conexiones» (preámbulo de la LOSU). Es claramente una puerta abierta hacia una potencial modernización institucional pero que también puede ser percibido como una impostura ya que es muy difícil que pueda aprovecharse esta oportunidad.

 

Mandato único de seis años

La mayoría de las Comunidades Autónomas poseen una avidez reglamentista exagerada que busca la homogeneidad y difícilmente una Universidad con ambición de apostar por la diferencia va a conseguir aprobar unos estatutos disruptivos en un claustro de elección popular que transita por dinámicas corporativas y populistas. También hay que destacar los tímidos intentos de esta Ley por modernizar la gobernanza como, por ejemplo, ampliar el universo de los candidatos a rector (ya no pueden serlo solo los catedráticos) y establecer un único mandato de seis años para blindar a los equipos de gobierno para que puedan implementar su plan de acción sin tener que estar pendientes de la reelección. Otra paradoja: una Ley que tiene como estandarte la democracia y la participación reconoce en la letra pequeña sus externalidades negativas como el corporativismo, las tentaciones demagógicas y el bloqueo institucional. Por tanto, por lo que respecta a transformar el modelo de gobernanza en la práctica la LOSU es una oportunidad perdida. Veremos si es posible alguna excepción.

La nueva Ley no se ha atrevido ni ha querido ideológicamente transformar el modelo de gobernanza de las universidades.

Por otra parte, la LOSU presenta una redacción y un alma moderna acorde con los tiempos. Hace una apuesta por la formación a lo largo de la vida y con vasos comunicantes con los otros sistemas de formación. Su preámbulo es innovador, su escasa regulación está acorde con la autonomía universitaria e inserto en la lógica de un Estado descentralizado, pero, en cambio, su articulado concreto no ha logrado superar capturas de carácter corporativo y antiguas inercias.

Una paradoja final: las universidades públicas hacen bandera de su autonomía; desde el rector hasta los alumnos de primer curso. La autonomía es una apuesta por la diferencia: cada universidad debería organizarse acorde con sus objetivos prioritarios y a las exigencias concretas de su entorno.

 

Autonomía percibida con recelo

En el mundo real hay distintos tipos de universidades: algunas orientadas a proveer profesionales a determinados territorios sin grandes ambiciones en materia de investigación, otras más encauzadas en la investigación y el doctorado; universidades muy especializadas en determinados ámbitos de conocimiento frente a otras más transversales; universidades enormes y universidades pequeñas o medias, etc. Pero en la práctica los rectores, quizás por su debilidad institucional, perciben con recelo esta autonomía y exigen en los círculos oficiales, de manera discreta pero contundente, más regulación y una casi total homogeneidad.

Por ejemplo, recientemente el Ministerio de Universidades tiene un curso un decreto ley de regulación de los departamentos universitarios y no lo hace con anhelo reglamentista sino a demanda de los propios rectores que son incapaces de ordenar y fusionar las lógicas minifundistas departamentales. Por otra parte, como la LOSU otorga muchos márgenes de discrecionalidad organizativa los rectores presionan a las Comunidades Autónomas para que tengan un especial celo regulador. Incluso algunos rectores de algunos sistemas autonómicos se les ha ocurrido la estrategia de elaborar de manera conjunta sus estatutos para que todos sean idénticos.

Ejemplos que la autonomía universitaria no es más que una impostura debido a la debilidad de los gobiernos universitarios que están sujetos a perversas dinámicas políticas y corporativas. Un gobierno de las universidades en manos de amateurs y no de especialistas y profesionales de la dirección y organización de instituciones académicas. La LOSU desgraciadamente ha descartado la opción de Portugal de posibilitar que algunas universidades puedan operar con un sistema profesionalizado de gestión académica.