Cuando en una democracia, que supuestamente figura en el grupo de democracias plenas del mundo, la normalidad se convierte en excepción es que algunas disfunciones y patologías institucionales profundas socavan sus cimientos. Este es el caso de España. Un estado compuesto de la Unión Europea que en el inicio de la tercera década del siglo XXI, además de trasladar una imagen de preocupante deterioro del clima institucional, tiene el honor de ser el país de la Unión que registra mayor nivel de polarización política. Una polarización propiciada “del lado de la oferta”, es decir, impulsada y alentada por los responsables de los partidos. Hasta el punto es así que si se leen con detenimiento los últimos Barómetros del CIS los ciudadanos sitúan a los partidos políticos entre los grandes problemas. Muchos evidencian mayor nivel de preocupación por los partidos que por los efectos de la propia Covid-19.

Y hablando de pandemia, también ha quedado en evidencia que el modelo de Estado compuesto, integrado por nacionalidades y regiones con poderes legislativos y con niveles de descentralización política equiparables a los de países europeos de tradición federal, no ha superado la prueba. La gestión de la pandemia evidencia serios problemas de coordinación cuyas causas nada tienen que ver con el modelo de Estado sino con la actitud de los partidos y su táctica centrada en la polarización. Es un problema político y no de organización territorial del Estado. Ni siquiera esto ha sido posible de reconducir en el momento más crítico de nuestra historia desde los años treinta del siglo XX. Antes bien al contrario: se ha politizado hasta la propia gestión de la pandemia; incluso se ha politizado la gestión de datos. Solo la urgencia y la minoría parlamentaria del gobierno central han obligado a aceptar la necesidad de incorporar el término “cogobernanza” como forma de resolver la coordinación de políticas para la gestión de la pandemia. Sin éxito, como es bien notorio. Porque la urgencia del “pensamiento táctico” es tan poderosa que lo devora todo.

La iniciativa política, finalmente aceptada de la llamada “cogobernanza”, resalta cuatro déficits institucionales y de cultura política muy relevantes. Los cuatro están en la base de nuestro bloqueo político. En primer lugar, el hecho de que en ocho semanas se celebraran más Conferencias de Presidentes y Presidentas que desde su creación, en fecha tan tardía como injustificable (octubre de 2004), evidencia que no ha tenido el protagonismo debido para garantizar una buena gobernanza. Lo mismo podríamos decir al referirnos a la celebración de Conferencias sectoriales; en segundo lugar, su funcionamiento, formato y proceso de toma de decisiones está muy lejos del que sería necesario; en tercer lugar, ni siquiera en un momento en que las tensiones entre nacionalismos han remitido, al menos de forma temporal, ha servido para darle la densidad y las capacidades de coordinación y cooperación que serían deseables, y finalmente, los efectos de la polarización extrema, tan acusada en España, dificultan hasta lo inverosímil las posibilidades de tejer acuerdos que en las actuales circunstancias de excepcionalidad son urgentes.

Resulta llamativo que después de casi cuatro décadas de funcionamiento de un Estado compuesto, pensado ¿en clave federal?, sea necesario negociar uno de los principios más elementales de la misma definición de Estado federal, esto es “autogobierno más gobierno compartido”. Ni la gestión de una pandemia global ha sido suficiente para entender que en el caso español los procesos de toma de decisiones deben estar basados en un modelo de gobernanza compartida. El sentido de responsabilidad demostrado por la casi totalidad de Presidentes y Presidentas de Comunidades Autónomas convocados regularmente por el presidente del gobierno no se ha visto correspondido con el respeto debido a los representantes ordinarios del Estado en cada Comunidad. No solo se ha desaprovechado la existencia de esa figura, fundamental en un Estado compuesto, para precisamente para dar contenido pleno a los principios de coordinación y cooperación entre los pilares del Estado, sino que las primeras convocatorias en gran parte se limitaron a conocer anuncios hechos por el presidente del gobierno el día anterior. Confundiendo gobierno central con gobierno del Estado y presidente de Comunidad Autónoma con delegado del gobierno. Más tarde, al menos de forma aparente, se corrigieron actitudes, pero de nuevo el irresponsable “imperativo táctico” de algunos partidos nos ha devuelto a la casilla de salida. De otra parte, la deslealtad institucional demostrada por algunos Presidentes y Presidentas de Comunidad Autónoma ha acabado por degradar por completo la situación política, contaminando el propio funcionamiento del frágil funcionamiento de las Conferencias.

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Repárese en que digo partidos y no gobiernos. Esto es, ni siquiera el peso y la inmediatez de la gestión es capaz de anteponerse en algunas Comunidades Autónomas a las directrices de las ejecutivas de sus partidos. Aunque esto suponga incluso una merma de ingresos que de mediar una revisión del modelo de financiación supondría una mejora muy significativa de ingresos. Piénsese, a modo de ejemplo, en el caso de Andalucía. Una revisión del modelo de financiación supondría para esa Comunidad un incremento notable de ingresos, sin embargo no apoyan hasta ahora la negociación del nuevo modelo que les beneficia porque la posición del partido mayoritario que integra el gobierno de esa Comunidad prefiere seguir instalado en la táctica del bloqueo institucional. Una situación que en este campo fundamental, la financiación, supone, por extensión, un perjuicio muy profundo para la Comunitat Valenciana o para Catalunya.

En este contexto de polarización extrema y de ausencia de mecanismos propios de un Estado funcionalmente federal ¿por qué se mira ahora desde ámbitos académicos y políticos hacia una Comunitat Valenciana como ejemplo de buen hacer? La respuesta, aunque cueste creerlo, es porque en la Comunitat Valenciana se procura hacer las cosas desde la normalidad democrática. No hay motivaciones ni explicaciones más profundas, ni más complejas. Se trata simplemente de entender qué significa gobernar la complejidad en este tiempo y en un Estado como el español. Que tejer pactos y alianzas, por muy costoso que resulte, constituye ahora el bien mayor. Que visión de Estado, cuestión de Estado y oposición de Estado son elementos esenciales en una democracia. Que la democracia es conflicto pero también es pacto.

Esta apuesta por la normalidad se sustenta, a mi juicio, en dos puntos fuertes. En primer lugar, la voluntad del President Puig de alcanzar acuerdos políticos estables. Este es un elemento fundamental porque, como señala el conocido proverbio “si hay voluntad hay un camino”. Y en estos tiempos de crispación, la sensatez, el equilibrio, la serenidad y la moderación, son intangibles fundamentales. Hasta ahora ha sido posible a través de la creación de tres espacios de diálogo: uno en les Corts Valencianes, otro con actores económicos y sociales y un tercero con los gobiernos locales a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Existe además la voluntad de que esos acuerdos concretados en proyectos, algunos estratégicos, se incorporen a los presupuestos de 2021 y posteriores. Esto ha sido posible porque entre muchos actores existe la convicción de que la Comunitat Valenciana puede mostrar que existe un camino distinto y más transitable. El ambiente institucional es distinto y más favorable. Esa es mi percepción y así lo espero al menos. Salvo que las direcciones de los partidos decidan anteponer la agenda propia del ciclo político a la vía de los acuerdos estratégicos. Todo es posible. Si no son capaces de situar el bien mayor por encima de sus intereses de partido y de recomponer unas relaciones ahora muy degradadas entre miembros de la coalición de gobierno, la rareza de la vía valenciana habrá sido solo un breve paréntesis y regresaremos de nuevo a la inercia de la “vieja normalidad” política.

En segundo lugar, se debe a la voluntad de apostar por una tercera vía como forma de entender el Estado autonómico y dar contenido a la idea de gobernanza compartida entre las partes que son el Estado. Impulsando una lectura federal de la gobernanza ¿existe acaso otra forma de entenderlo en un Estado compuesto?

Lealtad no significa sumisión”, afirmó el President Puig al inicio de la pandemia para manifestar su disconformidad con la forma de gestionar la pandemia por parte del Presidente Sánchez y su gobierno. Porque a las élites políticas y económicas  de Madrid (también a muchos altos funcionarios del gobierno central) les sigue costando entender cómo debería funcionar el modelo de Estado que nos hemos dado. Un Estado muy complejo, cierto, pero no excepcional. Y de otro lado, hace mucho tiempo que era el tiempo de trasladar la idea de que nuestra realidad política es mucho más que las tensiones entre “Madrid y Catalunya” o entre “Madrid y Euskadi”. Por esa razón, también desde la Comunitat Valenciana muchos pensamos, como el President Puig, que existe otra forma de hacer las cosas. Tal vez no sea original, pero es la que mejor se acomoda a la realidad profunda de un Estado de la Unión Europea y de un Estado funcionalmente federal, aunque en realidad por ahora solo seamos un modelo de federalismo incompleto y disfuncional.

Se trata de hacer normal desde la política lo que refleja la realidad social. Y la realidad muestra que todavía es mayoritaria (aunque en retroceso) la opinión en favor del Estado Autonómico. Que entre la pulsión recentralizadora y la secesión existe todavía la posibilidad de explorar una vía “laica”, plural, cívica, inclusiva y esencialmente política que apueste por la construcción de identidades proyecto fundamentada en el reconocimiento de la diversidad profunda y en la garantía de derechos básicos de ciudadanía. Se trata de apostar por la posibilidad de acordar y articular un modelo singular de federalismo (todos los modelos federales son singulares) que garantice el acomodo de naciones, identidades regionales fuertes y Autonomías “otorgadas”. Si no se entiende esta compleja realidad de las Españas seguiremos instalados en el bloqueo político e institucional y acabaremos siendo incluso un problema para nuestros socios europeos.

En esta tarea compleja de articulación de un nuevo pacto, distinto al de la transición, y de construcción de un federalismo singular adaptado a nuestra realidad histórica, la Comunitat  Valenciana  puede contribuir de forma activa e incluso ejercer un cierto papel arbitral junto a otras Comunidades Autónomas. La dificultad estriba en si existe voluntad para anteponer el interés general y el sentido de Estado al interés de las cúpulas de los partidos. Pienso, por ejemplo, en dos Comunidades Autónomas como Galicia y Andalucía, cuyos presidentes pueden disponer de suficiente grado de autonomía e independencia políticas por distintas razones y que podrían ayudar mucho en esta tarea.

La Comunitat Valenciana hace tiempo que  ha dejado de estar en las páginas de sucesos para pasar a las páginas de política. Existe un buen punto de partida y una reputación recuperada para construir un proyecto consistente y duradero y para contribuir a dar sentido institucional y densidad política al principio de gobernanza compartida. Pero lo más difícil empieza ahora: a) no es sencillo sustraerse de los efectos de la polarización general y en solitario será muy difícil avanzar; b) es imprescindible que el consenso entre los actores políticos que forman gobiernos de coalición en la Comunitat Valenciana (Generalitat, Diputaciones y centenares de gobiernos locales) sea estable y con vocación de mantenerlo en el tiempo, porque están condenados a entenderse si aspiran a mantener las mayorías actuales; c) deben seguir trabajando para conseguir mayor visibilidad y capacidad de interlocución, y d) han de demostrar todavía gran capacidad y eficiencia para elaborar proyectos estratégicos de calidad alineados con las prioridades europeas y conseguir financiación europea para desarrollarlos y ejecutarlos de forma eficiente.