Hemos entrado en un año electoral. Por la evolución de la legislatura y las posiciones que han ido adoptando las fuerzas políticas parece inevitable que las próximas elecciones se desarrollen en el marco del llamado ‘bibloquismo’, configurado por el bloque de la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno de coalición versus el bloque formado por la derecha conservadora y la extrema derecha. De manera que, a día de hoy, no es esperable otro resultado electoral que se pueda traducir en una mayoría parlamentaria operativa que la victoria de uno de estos dos bloques. En palabras de Fernando Vallespín (El País, 27-11-22):

«La política española ha devenido en una rígida política binaria. Toda nuestra supuesta diversidad ha acabado colapsando al final en dos —y solo dos— visiones de España, de la economía y del resto de las materias que se abren a la decisión política. Son, además, no negociables entre sí. Aunque, bien lo sabemos, se negocia, con intensidad, en el interior de cada bloque.»

Esta es la oferta política real que tendrá el electorado a la hora de decidir su voto, pese a que, como sospecha Cristina Monge (infoLibre, 27-11-22), la polarización política y mediática no refleja adecuadamente el estado anímico de la sociedad española:

«Me cuesta entender que una sociedad que hace 40 años contempló un intento de golpe de Estado (tanques en las calles y el Congreso ocupado por guardias civiles armados; o sea, un golpe con todo lo que un golpe ha de tener) mientras media España clamaba contra la otra mitad, esté hoy más polarizada que antes. Cosa distinta es la violencia, verbal y política, que se ha instalado en la burbuja político-mediática y que irradia al resto de la sociedad, pero de ahí a decir que la sociedad en su conjunto está polarizada creo que hay mucha distancia».

En la decisión de los electores a la hora de ejercer su derecho de sufragio pueden influir una serie de factores. Hoy, a un año vista, lo más relevante parecería ser la evolución percibida de la situación económica, en especial la inflación y su impacto real en la ciudadanía. También se apunta como un factor sensible la digestión que haga la sociedad española de las medidas destinadas a desinflamar el conflicto catalán, concretamente las destinadas a reformar el Código Penal para suprimir el delito de sedición y, eventualmente, modificar el de malversación. O el impacto del ruido generado por las intensas batallas culturales en torno a la legislación relativa a garantizar la libertad sexual o al reconocimiento de los derechos de las personas trans y, en definitiva, a todo lo relacionado con las visiones del mundo asociadas al género y el sexo. Y finalmente, y no menos importante, el grado de cohesión interna de las diversas fuerzas políticas y de los bloques en que se agrupan.

PUBLICIDAD
Neix DFactory Barcelona, la fàbrica del futur. Barcelona Zona Franca

 

Legislar en caliente

A modo de ejemplo de una batalla cultural, tiene interés examinar la encendida polémica originada en noviembre de 2022 sobre la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual (conocida coloquialmente como la ley del solo sí es sí) y, más exactamente, sobre las derivadas no bien previstas de su aplicación concreta, que se han reflejado en las decisiones de algunos tribunales de aplicar una rebaja de penas en determinados casos de abusos o agresiones sexuales. Una controversia sobre la cual, además, planeaba la cuestión de fondo suscitada por la llamada ley trans.

Para entenderla mejor conviene recordar la génesis de esta ley, su motivación y su gestación política, y el grado de consenso social suscitado. La ley fue la respuesta a la alarma social creada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra sobre el caso de La Manada, que calificó la violación múltiple de una chica como un delito de abuso sexual. Y tuvo una gestación complicada dentro del Gobierno por la tensión entre las prisas de la ministra de Igualdad y las reticencias jurídicas del ministro de Justicia, tildadas por el entonces vicepresidente del Gobierno como excusas técnicas que encubrían un machismo frustrado. El hecho es que estas reticencias acabaron desvaneciéndose, con lo que se subestimaron los posibles efectos de una posible reducción de las penas (crónica de Carlota Guindal en La Vanguardia, 20-11-22).

 

En todo caso, nos encontramos ante un ejemplo de las contraindicaciones de legislar en caliente y bajo la influencia de intensos estados de opinión que dan como resultado leyes expresivas que a menudo descuidan el necesario rigor técnico legislativo.

Sobre la judicatura planea un enfrentamiento sostenido entre los poderes del Estado que la ministra de Igualdad hizo explícito acusando a los jueces de machistas.

Por otro lado, no se puede obviar que la polémica estalló en un contexto envenenado por la extraña situación en la que está instalada la judicatura, sobre la cual planea un enfrentamiento sostenido entre los poderes del Estado y que el ministerio de Igualdad hizo explícito al reaccionar acusando a los jueces de machistas. Como tampoco puede dejarse de lado la derivada del caso causada por las divisiones internas del movimiento feminista, en plena efervescencia por la confrontación en torno al proyecto de ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI. Todo lo cual suministra los ingredientes necesarios para desatar el sensacionalismo de algunos medios de comunicación y la demagogia política contra la ministra de Igualdad.

 

Voces sensatas

No obstante, en medio del ruido, se han dejado oír voces sensatas con reflexiones jurídicas, ideológicas y políticas que conviene tener muy en cuenta. Así, el magistrado Miguel Pasquau (CTXT, 18-11-22) rechaza el simplismo de un debate planteado en términos «chapuza legal» versus «tribunales machistas», ilustra sobre el margen interpretativo de los jueces y juezas, y concluye que: «el legislador pudo haber evitado de plano la reducción de penas introduciendo una disposición expresa que lo impidiera en casos como el analizado. Al no hacerlo, todo queda pendiente de la interpretación de los tribunales sobre el alcance del principio pro reo y la aplicabilidad de la disposición transitoria del Código Penal a las modificaciones a la baja de esta ley. Evitar la reducción mediante un esfuerzo interpretativo es posible; optar por lo que más beneficia al reo es una interpretación esperable y acorde con un robusto principio constitucional, que muchos jueces y juezas completamente exentos de sesgos machistas entienden perfectamente.»

 

Feminismo y agenda feminista

Del mismo modo, merecen atención las consideraciones sobre la idoneidad de un endurecimiento de las penas para combatir la plaga de la violencia machista que formulan Clara Serra y otros firmantes (El País, 20-11-22), alertando sobre la trampa punitivista en que habría caído la ley ahora cuestionada:

«¿Desde cuándo ha asumido la izquierda que la respuesta es la represión, el castigo y el Código Penal y no la reinserción y la transformación de la sociedad? Cuando tenemos a las puertas una reacción dispuesta a usar la violencia machista como excusa para sus políticas autoritarias, dejemos de hacer estos peligrosos discursos y salgamos de una vez de este enfangado clima punitivo dentro de cuyas redes ni las mujeres ni el feminismo ni las izquierdas ni las mayorías sociales tienen nada que ganar. El debate sobre las penas nos mete de lleno en el marco de la derecha, salgamos urgentemente de ese lugar.».

Finalmente, es del todo pertinente el toque de atención de Marga León (El País/ Agenda Pública, 26-11-22) sobre el uso partidista de la agenda feminista y sus consecuencias, que, si no se superan, comprometen seriamente las posibilidades de la izquierda en las próximas elecciones:

«Aunque los temas que ahora ocupan la agenda feminista tienen una mayor complejidad, lo que retroalimenta la polarización no es el avance de las políticas de igualdad en sí, sino la tendencia al uso partidista en una competencia electoral desquiciada. La trayectoria política de la lucha contra la violencia de género es un buen ejemplo.»