Un historiador con mirada universal

Josep Maria Fradera es catedrático de Historia Moderna y Contemporánea en la Universitat Pompeu Fabra. Tiene una experiencia dilatada y muy variada en universidades internacionales. Ha escrito de historia catalana, española latinoamericana y de los Estados Unidos. El año 2009 recopiló algunas intervenciones puntuales y ensayos más extensos en un volumen que lleva por título La pàtria dels catalans. Història, política i cultura. (La patria de los catalanes. Historia, política y cultura). Es un reconocido historiador del mundo colonial español y de los imperios europeos. Tiene una mirada global y un planteamiento que tiende a considerar siempre el período largo. Por esto acepta hablar de la situación política, económica, social y cultural de la Cataluña actual después de asegurarle que le dejaré hablar de historia. Accedo gustosamente porque sé que acabará hablando de hoy mismo como el resultado de muchos vectores, más lejanos o más cercanos, sin los que no podríamos explicarnos cómo hemos llegado hasta aquí. El resultado es una conversación riquísima y aparentemente un poco desordenada que se acerca de forma gradual a la actualidad. El aparente desorden y el ritmo lento del acercamiento nos recuerda una vez más que entender la realidad es una operación que para llevarla a cabo debe huir del simplismo. P.L.C.

 

Se habla ahora de una pérdida de peso de la economía, de una pérdida de dinamismo de la sociedad catalana. Se suele situar en estos últimos años. ¿Está de acuerdo con ello? Si la respuesta es sí, ¿comienza ahora o antes?

Hemos de mirar la situación con perspectiva, yendo hacia atrás. La región económica catalana fue durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX la única región industrial de España, con excepción del País Vasco (gracias a la industria pesada) y de algunas zonas, localizaciones que se convierten en focos industriales porque disponen de recursos naturales. Es el caso de Asturias, Andalucía o Valencia, hoy bien estudiados. Sea como sea, la economía española funciona como un todo integrado, ahora más que nunca, en el pasado con un gran peso del mundo agrario. En este marco, Cataluña muestra una evidente particularidad porque se industrializa no a partir de recursos naturales propios, sino gracias a la disponibilidad de recursos humanos preparados por una larga trayectoria industrial y comercial previa; una historia de industria ligera, de inversión acumulativa a largo plazo. La interacción de unos y otros es innegable.

Los maestros de los historiadores económicos del país –Josep Fontana y Jordi Nadal– hablaron sobradamente de esta simbiosis entre la región económica y el contexto en el que se insertaba, la única vía posible para conseguir que la economía catalana prosperara o fuera tirando. No se puede elegir donde se actúa; sí que se puede elegir en todo caso la forma cómo se hace. Se ha de partir de aquí, de otro modo no se entendería la crudeza del debate entre librecambismo y proteccionismo a lo largo del siglo XIX, el porqué de las complicaciones que se establecieron entre Cataluña y el poder del Estado como poder regulador.

El mercado interior continuó siendo vital para los intereses de la industria catalana hasta la década de 1960. La situación comenzó a variar en esta década, cuando el Plan de Estabilización y la liberalización económica relativa permitida por el franquismo impulsaron los intereses económicos catalanes a relacionarse de otra manera con los diversos núcleos de actividad económica del resto de España. Por otra parte, es entonces cuando la industria catalana recibe un estímulo poderoso gracias a la mano de obra abundante que llega del resto de España, un mundo laboral que, además, carecía de capacidad contractual en condiciones de dictadura.

No es una casualidad que una parte muy relevante de los arquitectos del Plan de Estabilización fueran catalanes, un hecho que reforzó los vínculos entre las élites económicas catalanas y la política económica de la Dictadura. Estos vínculos no se aflojarán en la etapa posterior, basta con recordar que fue Carles Ferrer Salat quien fundó la CEOE. Bien al contrario, seguía siendo importantísimo tener una relación privilegiada con el poder central. La paradoja de todo esto es que en los últimos años se nos ha intentado vender una historia de desacoplamiento o de conflicto permanente con el poder central. Una visión como mínimo parcial si no directamente falsa.

Vistas así las cosas, el declive no es tal. Lo que pasa es que, a la debilidad financiera tradicional, agravada por razones bien conocidas, se le añade que hay que competir con otros y no siempre de forma ventajosa, ni siempre con armas políticas adecuadas. Es una cuestión de dimensión, pero también de pérdida de oportunidades en un mundo competitivo, comenzando por el marco estrictamente español donde hay otros jugadores y un árbitro no del todo imparcial. Cuando los catalanes dicen «Madrid», tendríamos que proceder inmediatamente a múltiples distinciones. Desgraciadamente, esto exige un matiz y detalle que no se puede permitir una política fracasada.

 

Sin embargo, es un tipo de vínculo que no implica una responsabilización catalana en la gobernación del Estado. Entonces, ¿a través de qué vectores se produce la relación?

Efectivamente, hay una responsabilización débil de las élites catalanas en la definición de las políticas económicas. La respuesta del porqué es necesariamente compleja. Para influir, para inclinar el Estado hacia una dirección determinada, se necesitan dos condiciones: mantener la continuidad y la autonomía real en la dirección de las políticas económicas y, dos, construir un cuerpo de civil servants que estén dispuestos a invertir una parte del capital social que la región puede generar en la cosa pública. Esta segunda condición implica formar escuelas de pensamiento, ensanchar los márgenes del debate público, enviar a los hijos al extranjero con una idea de retorno ordenado. No consta que la burguesía catalana haya hecho esto ni durante el siglo XIX ni en la primera mitad del XX.

Dicho de manera simplificada, los industriales traspasaron la fábrica a los hijos pero no formaron una casta de enarcas, es una forma de hablar, dedicados al servicio público de forma colectiva, meditada, a medio y largo plazo. La única burguesía industrial que hizo esto fue la vasca, en buena parte porque el negocio bancario lo exige. Lo había hecho desde mucho antes en realidad. No en vano Bilbao era una de las salidas al mar de la lana castellana, vinculándose después muy activamente a las reformas borbónicas del siglo XVIII. Es una tradición que no se rompe (Deusto). Por esto Madrid es en buena medida la ciudad vasca que Josep Pla observó en el año 1921.

Mientras tanto, el mundo empresarial catalán prosperó gracias a dos condiciones: un mercado español en el que tenía el casi monopolio de la industria ligera y los bajos salarios de los trabajadores a los que empleaba (las «bullangas», para simplificar, no dejan de ser un reflejo de ello). Llama la atención que aquellos que les explicaron qué significaba de verdad una sociedad industrial eran auténticos outsiders, Monlau, Figuerola, Cerdà y Jaime Balmes, éste último un cura protegido por los jesuitas que miró hacia Bélgica e Inglaterra. Todos acabaron alejados de Cataluña.

La patronal catalana, mientras tanto, se cierra en sí misma, atemorizada por el conflicto social. En consecuencia, aquel grupo social no se propuso nunca ni la reforma social de la sociedad catalana ni la de la española. Reclamó en todo caso soluciones de orden. Las pocas reformas que se introducen en Cataluña (en términos de educación o de sanidad) proceden tardíamente y poco o mucho de los gobiernos de Madrid, cosa que no quiere decir que en su diseño y organización no participaran catalanes.

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Y en este esquema, ¿cómo queda la Mancomunitat?

Fue un gran salto en el tiempo y duró poco. Hay dos elementos que efectivamente intentan romper esta dinámica de desinterés por la cosa pública: una es la Mancomunitat, indiscutiblemente, por hipercatólica y escasamente liberal que fuera, es decir, que ofrecía una obertura de compás limitada; la otra, es un grupo de intelectuales y profesionales catalanes que no tienen ningún prejuicio en salir a formarse o a hacerlo en instituciones no controladas por los poderes locales, y volver luego si pueden o los dejan. Personajes algunos que ya hemos citado como Cerdà o Figuerola en el siglo XIX, los hermanos Pi Sunyer, Bosch Gimpera o Manuel Reventós en el XX.

Las caídas en desgracia de d’Ors o de Torres García ejemplifican muy bien tanto la condición formativa de la Mancomunitat como la piel tan fina del catolicismo rural. En cualquier caso, las dos son experiencias débiles, breves y siempre sujetas a los avatares tempestuosos de la política real, que implican siempre recelos tanto en Barcelona como en Madrid. No se puede caer en la trampa de la inculpación exclusiva. Tampoco se puede caer en el tópico rancio de la modernidad catalana en contraste con el reaccionarismo castizo al otro lado del Ebro.

 

¿Cree que este desinterés catalán juega un papel en el hecho de que finalmente el poder real en España no se haya ido repartiendo geográficamente, saliendo de Madrid?

Una parte de la responsabilidad depende de la debilidad de las finanzas públicas españolas, un hecho que explica la correlativa del sistema educativo o de las políticas de salud pública hasta muy entrado el siglo XX. No consta que los catalanes hubieran pedido nunca pagar más, ser más vigilantes sobre cómo se gastaba lo que se recaudaba. En este sentido, la redistribución del poder y del presupuesto tendría que haber sido el resultado de una competencia positiva entre diferentes polos a lo largo del siglo XIX más que el resultado de un simple acuerdo político de mínimos entre diversos grupos regionales.

La reflexión es de mayor actualidad de lo que parece: la sociedad española en su conjunto tampoco se reconcilia fácilmente de la guerra civil entre carlistas y liberales del XIX que se prolonga hasta el siglo pasado. Los catalanes o los vascos no fueron en absoluto ajenos a este pleito. Es más fácil lanzar una cerilla que apagar después el incendio. Los historiadores nos tendríamos que preocupar por estudiar el pleito y las consecuencias: ¿por qué no hubo una competencia virtuosa que acabara redistribuyendo poder? Barcelona no es toda Cataluña ni Madrid es toda España; ni Madrid es sólo la máquina de gobierno-ministerios, magistratura y ejército.

Hay más jugadores en la partida. Hoy es del todo evidente: están Valencia y Zaragoza, Sevilla y Málaga, Vigo y La Coruña. Los podremos ver jugar si los nacionalismos historiográficos, insisto en el plural, no nos impiden observarlo. Todos hubiéramos querido que España tuviera un DF por capital –un Escorial puesto al día– o que Barcelona y Madrid hubiesen competido lealmente como las grandes ciudades que son. Nuestra generación no verá esta rectificación. Ni tampoco un juego federal consistente, algo incompatible con cualquier forma de nacionalismo, central o periférico.

 

Acercándonos más a la actualidad, ¿cómo valora la situación política catalana en esta fase final del procés?

Los historiadores tenemos poco que decir sobre los embrollos actuales. Tenemos razón cuando pedimos una imagen más compleja, menos simplificada e ideologizada del pasado remoto o inmediato. La historiografía catalana actual no puede lanzar la primera piedra. Antes mitificó el pasado medieval pensándolo como una sociedad ordenada e independiente, todo falso; ahora ha añadido la idea de una lucha constante contra el poder monárquico, una ilusión tan fuera de lugar como la anterior. La única forma de obtener la visión más compleja que pedimos es midiendo y comparando con realidades próximas en Europa y en el mundo. Afortunadamente, la historiografía internacional va en esa dirección.

Volviendo a los problemas del presente, parece obvia una primera conclusión: estamos pagando los platos rotos de más de dos décadas de pujolismo, un régimen basado en el nacionalismo como cultura y la inmoralidad como práctica de gobierno. Los resultados han sido nefastos. Es notorio ahora mismo. Como ciudadanos, tenemos la obligación de intentar modificar esta dinámica de futuro, se lo debemos a las generaciones venideras. El fruto más problemático del procés es haber fabricado una fractura interna entre catalanes que dificulta que se haga política de verdad, exigir responsabilidades a alguien o por alguna cosa. Siempre se tiene a punto una coartada. Esta era, de hecho, la motivación de una empresa desmesurada, tener dos gobiernos funcionando uno junto a otro, uno para administrar y el otro para preparar una insurrección de estar por casa. Nadie con un dedo de frente podía creer que entre España y Francia, dentro de la UE, se podía hacer de irlandés de 1916.

Al final del franquismo, una sociedad catalana seriamente movilizada pudo encontrar la manera de plantear un consenso estilo lib-lab (liberalismo y laborismo). Es decir: construir un sistema político que respetase las libertades democráticas y pusiese en marcha políticas de mejora de las condiciones de vida de las clases populares. Han hecho políticas de este estilo tanto Pujol como Maragall, cada uno a su manera, con deficiencias de sobra conocidas y que no podemos excusar. El franquismo se agotaba y las fuerzas antifranquistas estaban dispuestas a entenderse con otras que en Cataluña habían contemporizado o colaborado con la Dictadura, anteponiendo este consenso como la única solución viable.

Esto lo protagonizan el mundo en torno a Jordi Pujol y las izquierdas, al menos hasta final de siglo. Sin excluirse mutuamente –y aún menos excluir a sectores de la ciudadanía–, con un acuerdo de mínimos de fondo, a menudo con reparto de áreas de influencia, de una moralidad dudosa y falta de visión. El procés pulveriza esta dinámica de inclusión, pacto y poca vigilancia, marginando a la mitad del país como poco. De hecho, ese era el gran y triste objetivo de una operación tan torpe. Hasta que la confianza social no vuelva a constituir el fundamento de la sociedad civil no existe posibilidad de hacer política de verdad, de plantear una vía de progreso real. La sociedad catalana no podrá reconstruir los consensos más básicos mirándose el ombligo. Sería de un solipsismo aterrador y suicida. Hay motivos para temer los riesgos que supondría este lamento.

«Nadie con un dedo de frente podía creer que entre España y Francia, dentro de la UE, se podía hacer de irlandés de 1916.»

En los últimos treinta años se han producido dos cambios globales sin cuya comprensión afinada no podremos volver a ocuparnos de la realidad. Uno es la consolidación de la Unión Europea, el área de soberanía en la que estamos insertos catalanes y españoles. La soberanía, hoy, ya no reside ni en la nación (nunca fue así) ni en el estado-nación que había sido España, sino que reside en la Unión Europea y es con esta con quien se debe negociar y planificar el futuro. Ya era así hace veinte años, pero la pandemia y la eclosión de nuevas tecnologías lo han puesto de manifiesto de manera contundente. Del mismo modo que ha puesto de manifiesto que el reto más importante que tenemos ahora es el de un equilibrio posible entre las actividades humanas y el mundo en el que vivimos.

Una competición nacionalista no parece el mejor camino para hacer frente a un desafío global de estas dimensiones. Por lo tanto, los catalanes no podrán abordar ninguna de las cuestiones decisivas de nuestros días al margen del resto de los españoles y de los europeos. Toda negociación –la política tout court— tendrá lugar dentro de la Unión Europea, de los organismos internacionales, y atendiendo a las imposiciones de los grandes poderes emergentes, nos guste o no. I es aquí donde debemos reforzarnos y hacer «política fina», como habría dicho el general Prim. Por lo tanto, es perentorio que se restablezca la confianza interna en casa, entre ésta y la española, y de ambas con Europa. Costaría mucho convencer a alguien de que la política catalana de los últimos años es digna de confianza, sea cual sea la idea que se tenga del trato recibido por parte del Estado central. Salir de prisión diciendo «lo volveremos a hacer» no parece lo más inteligente.

Además, la idea de que podemos encontrar una solución propia a los retos que se nos plantean es poco más que una distracción para críos. Esta solución propia ya no existe. Las fuerzas y los actores sociales y económicos reales que ahora empujan hacia la recomposición del orden mundial no existían hace veinticinco años. La economía digital, las empresas situadas en primera fila, han hecho que las condiciones de trabajo hayan mutado de una manera tan sustancial que nos habría resultado difícil de creer unas décadas atrás. Una vez más ha sido un virus maligno el que ha puesto esto en evidencia. Este choque afectará duramente al mercado de trabajo, provocará cambios drásticos que persistirán de forma destructiva durante mucho tiempo.

Para muchos sectores sociales (jóvenes, inmigrantes, gente con bajo nivel educativo) el cambio tecnológico y social supondrá una experiencia dura y negativa. El mundo del trabajo manual tal como lo conocíamos está desapareciendo. No quiero decir que no haya trabajo manual sino que éste se mueve en una condiciones cada vez más infames en todas partes, con exigencias e índices de paro aterradores. Hay sectores de la población que viven con salarios muy bajos mientras observan cómo, muy cerca, otros disfrutan de unas condiciones muy favorables.

En 1845, un joven conservador, Benjamin Disraeli, publicó una novela, Sybil, or Two Nations. Era el mismo año en que Engels publicaba su estudio sobre las condiciones de vida de la clase obrera fabril. Ambos se referían a una Inglaterra partida en dos sociedades y dos formas de vida. En parte, y salvando todas las distancias, estamos en las mismas. Cambio social y condiciones de vida han sido los grandes temas de los historiadores del siglo XX. ¿Hay que hacer una historia más tradicional y más distraída, obritas de entretenimiento y biografías de grandes personajes? No lo creo.

«El procés pulveriza la dinámica de inclusión marginando a la mitad del país como poco. De hecho, ese era el gran y triste objetivo de una operación tan torpe.»

Vuelvo a la idea de fondo: sin reconstruir los vínculos internos que unen a la sociedad catalana será imposible entender y explicarnos lo que sucede en toda su magnitud, dar una respuesta de la altura que merece y conviene. La generación que sube, aquella que se ha formado de una manera lo bastante sólida en los últimos veinte años, ha de encontrar un espacio para reflexionar y negociar sobre estos temas para poder aportar soluciones. Por eso hay que desplazar a quien ha gobernado (o consentido que gobiernen) en las últimas décadas. Lo mínimo que podrían (podríamos) hacer es no molestar.

 

Es un juicio bastante duro y sitúa el debate político catalán de los últimos años en el terreno de la frivolidad.

Ciertamente, la política catalana de los últimos años ha tenido una fase del todo narcisista en la medida en que se reivindica sin conciliarse con la realidad. Y la realidad es que el peso de la economía catalana se basa en el sector automovilístico (aquella SEAT iniciativa del INI), en el negocio farmacéutico y médico, en una industria de nuevas tecnologías que no acaba de asentarse del todo y en el negocio inmobiliario y el complejo ocio/turismo. Todo ello tiene un punto de fragilidad, puntos muy volátiles. Una economía con grietas que habrá que soldar para evitar que las nuevas generaciones tengan que buscarse la vida demasiado a menudo en otros lugares mientras muchos compatriotas viven en unas condiciones de misera que deberían avergonzarnos. La España vaciada es una especie de premonición de lo que puede pasar en otros sitios. Por suerte, como recuerda Andreu Missé, el impacto de la política local sobre la economía pasa por muchos filtros antes de ser percibida de forma irreparable, sobre todo cuando se trata de una región industrial que trabaja más sobre el mercado español como única dimensión posible.

 

¿De quién es la responsabilidad?

En realidad se tiende a sugerir que el problema es de la política española, de la política que se hace en Madrid (metáfora muy socorrida porque nos separan dos larguísimas horas de AVE). Lo que se esconde es que desde aquí se ha contribuido firmemente a este colapso político. ¿Qué se podía esperar de un nacionalismo retórico e hiperbólico, de lo que se ha hecho aquí en los últimos años? ¿No era acaso previsible que de unas pretensiones tan desaforadas surgiera otro simétrico en el resto del país? ¿Quién empezó? Otra pregunta meramente retórica, de respuesta imposible.

Ambos nacionalismos son repugnantes, no se puede decir de otra manera. Ambos constituyen formas de narcisismo, de ofuscación, para ocultar frustraciones e incapacidades. Si queremos salir de este agujero habrá que ser realistas, estudiar más, investigar más –muchos ya lo hacen–, intentando salvar una instalación industrial que ha de ser competitiva, estar presentes en las instituciones de la Unión Europea e intentando que éstas puedan competir en un mundo globalizado, como siempre ha sido. EL campeonato de patriotismo, de republicanismo cívico, debería comenzar por dar respuesta a estas demandas y, después, picando piedra donde haga falta.

 

Si la política se halla en una fase narcisista y la sociedad está rota, ¿quiénes son entonces los actores que pueden levantar cabeza y competir aquí, en Cataluña, en este momento?

Los historiadores no tenemos respuestas a esto. Soy muy pesimista: los actores políticos catalanes están acabados del todo. El nacionalismo exhibido una y otra vez de forma retórica tiene un efecto corrosivo sobre la sociedad. La derecha catalana no ha dejado ni una miga de pan a los herederos. El socialismo catalán hace mucho que no presenta un programa que no remita a la mera continuidad, a tratar de evitar un estropicio. De la extrema izquierda, sea o no «independentista», no se puede esperar mucho, deslumbrada como está entre la ilusión de un contenedor en llamas y unas políticas sociales que comportan gasto sin que se nos diga nunca cómo se generarán los correspondientes ingresos.

Los demás actores, las instituciones de la sociedad civil, tampoco pasan por un buen momento, podridas como están por las subvenciones y un mecenazgo abusivo, sea de la Generalitat o de la Diputación de Barcelona, me da lo mismo. Un programa significa devolver a la gente la confianza en unas instituciones que la representan, comunicar a la ciudadanía que tenemos obligaciones urgentes después de una década perdida. Un programa de reanudación basado en la confianza no lo puede ofrecer en exclusiva nadie, es una tarea que compete a una sociedad civil que pueda liberarse finalmente de tanta autocensura, de tanta broma fácil sobre los méritos propios y los deméritos ajenos. Sin este esfuerzo de recomposición no hay solución posible.

Quien inició el proceso unilateral, quien se empeñó en presentar una consulta a los suyos como un referéndum que nos vinculaba a todos, tiene unas responsabilidades inmensas. En consecuencia, deberá pedir excusas sinceras y creíbles. Dicho lo cual, es demasiado simple pensar que el gran problema se pueda solucionar gracias a una mesa de dos gobiernos, dos gobiernos que han sido incapaces hasta ahora de hacer algo positivo. A esta mesa deberíamos poder sentarnos todos, los que están en las instituciones y quienes estamos fuera de ellas, los que creyeron en la inmediata locura y quienes fuimos excluidos de la misma. Un trabajo de entendimiento y debate será ciertamente más arduo que convocar elecciones. Pero para que todo ello sea posible y plausible se deberán reconstruir los lazos de confianza entre sociedad política.

Merece la pena mirar atrás otra vez. La intangibilidad de confianza existió al final del franquismo, cuando el régimen fue vaciado hasta quedar como un caparazón de tortuga, sin sustancia. El llamado «régimen del 78» tomó forma mucho antes de la muerte del dictador y desembocó finalmente en una constitución democrática que pagó el precio de las debilidades de unos y otros. Nos ha tocado aprender que todos los sistemas políticos deben renovarse. La reforma de la judicatura y la ecuanimidad y criterio en el reparto de los fondos europeos serán pruebas decisivas de la voluntad de mejora. Ahora bien, la sociedad y quienes dicen representarla también deberán renovarse. Y lo primero que hay que hacer –si se quiere ir en esta dirección, claro está— es saber cuáles son las reglas del juego, por poco que gusten. En esto último los catalanes tienen mucho trabajo por delante. De entrada, bajar de la parra.

Y es que, si en 1975 se tuvo la idea de que todos debíamos ponernos de acuerdo en torno a un mínimo común denominador ¿no lo podemos hacer ahora? Tampoco entonces se intentó nada particularmente ingenioso: el lib-lab del que hablábamos antes. No hace falta ver series televisivas para entenderlo, basta con leer algún buen libro de historia para saber que este continente estuvo a punto de hundirse, que se salvó cuando entendió que la viabilidad de la democracia dependía de favorecer la igualdad y el bienestar social. No supo hacer partícipes de ello a otros pueblos del mundo y esta es una factura que todavía estamos pagando.

Recuperar estas cuestiones de las que hemos hablado y ser realista es la única manera de salir del agujero en el que hemos caído por méritos propios y gracias a una extraña forma de ayuda externa. Ahora bien, yo soy historiador, no dispongo de fórmulas ni puedo ofrecerlas para los problemas del presente. Podemos ayudar a identificarlos, ver cómo algunos evolucionaron a largo plazo, compararlos con los que se plantearon en otros lugares, facilitando así la labor a otras ciencias sociales. Es bastante. Ahora bien, las soluciones a los problemas actuales dependen de todos, de la imaginación colectiva.