En la carrera de obstáculos que caracteriza la actual legislatura ha cobrado especial relevancia el llamado caso Pegasus, tanto por la importancia intrínseca de los hechos como por las consecuencias políticas e institucionales que se derivan de él.

Por la propia naturaleza de un asunto relacionado con el espionaje no es fácil dilucidar con exactitud los hechos realmente ocurridos. En síntesis, sabemos que una investigación llevada a cabo por la organización The Citizen Lab, vinculada a la universidad de Toronto, ha descubierto que los teléfonos móviles de 65 personas vinculadas al independentismo catalán y vasco fueron atacadas y/o infectadas en varios momentos del período 2018-2021 por medio del programa espía Pegasus de la firma israelí NSO Group. Citizen Lab relaciona estos ataques con el Estado español, aunque sin pruebas concluyentes.

No obstante, la imparcialidad de la investigación ha sido cuestionada por la participación de «grupos de la sociedad civil catalana» que no son otros que las organizaciones políticas y sociales independentistas. De tal modo que el informe de Citizen Lab sería el plato fuerte de una campaña bautizada con el lema de CatalanGate (José Javier Olivas, El Mundo, 2-6-22). El informe adquirió notoriedad internacional gracias a la publicación de un reportaje de Ronan Farrow en The New Yorker (18-4-22), en el cual el caso catalán era utilizado como ejemplo principal de una investigación más general sobre el uso de Pegasus y la empresa NSO…

Quince días más tarde, en su comparecencia en la comisión del Congreso llamada de secretos oficiales (comisión de control de los créditos destinados a los fondos reservados), la directora del CNI, Paz Estaban, confirmó parcialmente los datos de Citizen Lab al reconocer las escuchas telefónicas legalmente autorizadas a 18 personas relacionadas con el Tsunami Democràtic y con el entorno del presidente Puigdemont, entre las cuales figuraba el actual presidente de la Generalitat Pere Aragonès.

Tres días antes de esta comparecencia, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reveló en una rueda de prensa exprés que los móviles del presidente de Gobierno y de la ministra de Defensa también habían sido espiados por medio de Pegasus durante los meses de mayo y junio de 2021, según el análisis realizado un año después por el Centro Criptológico Nacional. Más tarde se conocería que también fueron espiados los ministros de Asuntos Exteriores y de Interior, y que el móvil del ministro de Agricultura sufrió un ataque fallido.

En resumen, nos hallamos ante dos casos de espionaje telefónico que han afectado al presidente y a diversos ministros del Gobierno, por un lado, y a 18 dirigentes independentistas, por el otro, con el común denominador de que el instrumento utilizado ha sido el programa Pegasus.

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Como es evidente, los ángulos muertos de estos hechos suscitan muchas preguntas que hasta ahora no han tenido respuesta y probablemente no la tendrán nunca. Por lo que se refiere al espionaje a los independentistas: ¿Quién puede ser el responsable de los ataques a las demás personas detectados por la investigación de Citizen Lab? ¿Disponen del programa Pegasus otros organismos del Estado? ¿Sabía el Gobierno que Pegasus había intervenido masivamente en el espionaje a líderes independentistas catalanes?

Por lo que se refiere al espionaje al presidente Sánchez: ¿Cómo es posible que el servicio secreto haya tardado todo un año en detectar un ataque de esta naturaleza a la cúpula del Gobierno? ¿Por qué no se revisaron antes estos terminales, cuando ya hace tiempo que se habían denunciado más de una docena de ataques con Pegasus a jefes de Estado y primeros ministros de todo el mundo? ¿El teléfono de Pedro Sánchez se comprobó cuando se detectó el espionaje a la ministra de Exteriores? ¿Qué datos sensibles pueden haber sido capturados? ¿Quién puede ser el responsable del ataque?

Y lógicamente también caben conjeturas y especulaciones sobre los motivos del espionaje: ¿Por qué se hace pública ahora la investigación de Citizen Lab? ¿La denuncia forma parte de una campaña organizada por el independentismo? ¿Por qué el gobierno español da a conocer esta información? ¿Por qué se comporta de forma tan diferente a otros gobiernos que han sido espiados? ¿Cómo influye en las relaciones con Marruecos la sospecha de que sea el responsable del espionaje? (Ignacio Escolar, elDiario.es, 3-5-22)

Capítulo aparte merece la gestión de la crisis efectuada por el Gobierno, con una secuencia que empieza con unas manifestaciones de la ministra de Defensa, sigue con la revelación del espionaje al presidente Sánchez, la comparecencia de la directora del CNI en la comisión parlamentaria de secretos oficiales, su posterior destitución y el nombramiento de una nueva directora, y culmina con la intervención del presidente del Gobierno en un debate parlamentario en el que anuncia cambios en la regulación del CNI y la modificación de la ley de Secretos Oficiales de 1968.

Algunas muestras de las diferentes voces críticas: «Para defenderse de la acusación de espionaje no se le ocurrió nada mejor, como si un clavo sacase otro clavo, que anunciar otro espionaje todavía más grave sufrido por el Gobierno a manos de una potencia exterior, cayendo así en la trampa del espía espiado. Sin darse cuenta de que, al asociar ambos espionajes por activa y por pasiva, convalidaba sin querer la regla de tres esgrimida por el secesionismo: el Estado español espía a Cataluña del mismo modo que un Estado extranjero espía a España. ¿Qué más podría desear el independentismo que verse tratado como un poder externo al que espiar?» (Enrique Gil Calvo, El País, 17-5-22).

Les formas revelan el fondo

«El segundo error fue sacrificar a la directora de estos servicios con la excusa de que no impidió el espionaje al presidente, pese a que el propio Sánchez relacionó a continuación el cese con la voluntad de reconstruir los puentes con ERC. Un error tremendo, no tanto por la presunta injusticia con la directora cesada (mucho más despótico fue el cese de la ministra González Laya), sino por la obscenidad de la jugada. En democracia, como en la vida, las formas revelan en fondo.» (Antoni Puigverd, La Vanguardia, 18-6-22).

«¿Por qué se comporta España de forma tan diferente al resto de países espiados? Las otras capitales europeas no confirman que hayan sido espiadas, ni lo denuncian ante la Justicia ni revelan cuánto tardaron sus equipos de ciberseguridad en encontrar el virus» (Ignacio Cembrero, El Confidencial, 4-5-22).

Hay quien menciona al elefante en la habitación: «Sin la conexión catalana, Pegasus habría sido abordado como lo ha sido y está siendo en los demás países en que se ha hecho uso de dicho programa. Como un problema grave que afecta a la seguridad del Estado, pero que, por eso mismo, tiene que ser abordado con discreción. Al nacionalismo catalán le interesa todo lo contrario» (Javier Pérez Royo, elDiario, 3-05-22).

Se produce un serio deterioro institucional, con un debilitamiento del CNI que tiene implicaciones negativas tanto internas como externas

Más allá de la gestión manifiestamente mejorable de esta crisis, el caso proyecta consecuencias poco tranquilizadoras. Tiene unos efectos desestabilizadores para la política de distensión en Cataluña al haber provocado una fuerte crisis de confianza entre los gobiernos de España y de Cataluña y, muy particularmente, entre los presidentes Sánchez y Aragonès. También supone un torpedo en la línea de flotación de la estrategia política de Esquerra en beneficio de las posiciones de Junts y del puigdemontismo. Al mismo tiempo, introduce más complicaciones en la gestión parlamentaria de la segunda parte de la legislatura: más turbulencias dentro de la coalición gubernamental y más malestar en los socios parlamentarios del Govern. Además, se añade un serio deterioro institucional, con un debilitamiento del CNI que tiene implicaciones negativas tanto internas como externas. En síntesis, el asunto Pegasus se ha convertido en un factor tóxico que contribuye a erosionar todavía más a un Gobierno que comienza a dar señales de fatiga.

Una pifia que dura un minuto

Queda el interrogante de si se trata de aquel error irreparable que acaban cometiendo todos los presidentes y que marca el punto inexorable de su decadencia: «Todos los presidentes de gobierno cometieron una pifia que duró un minuto, pero les hizo perder respeto social y arruinó su presidencia. Suárez, cuando hizo vacaciones con un financiero de dudosa fama y provocó un informe de Interviú: “Este es el amigo de Suárez”. González, cuando estalló el escándalo Filesa: “Me enteré por la prensa”. Aznar, cuando eligió El Escorial para casar a su hija. Zapatero, cuando se negó a aceptar la palabra “crisis”. Rajoy, cuando se conoció su mensaje a Bárcenas: “Sé fuerte, Luis”» (Fernando Ónega, La Vanguardia, 13-5-22).

Queda el interrogante de si se trata de aquel error irreparable que acaban cometiendo todos los presidentes y que marca el punto inexorable de su decadencia.