El 23 de febrero de 2022 se hizo público que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona había aprobado inicialmente varios proyectos ejecutivos de reurbanización vinculados a los «nuevos ejes verdes» que afectan a la calle Consell de Cent, entre Vilamarí y Passeig de Sant Joan, y otras calles transversales, integrados todos ellos en el Programa Superilla Barcelona, en el distrito del Eixample.

Estos proyectos constituyen la columna vertebral (el eje) de la propuesta del actual gobierno municipal para modificar de forma radical la fisonomía y las características esenciales del Eixample de Barcelona tal como lo hemos conocido durante décadas.

Como es lógico, una intervención de estas características genera todo tipo de valoraciones y opiniones, fundamentalmente de carácter urbanístico, las vinculadas a la movilidad y el impacto comercial y, en general, las que cuestionan las consecuencias irreversibles que estos proyectos tendrán para el conjunto de la ciudad y del área metropolitana.

Una de las cuestiones que se ha planteado, y no la de menor relevancia, es si realmente la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento puede legalmente aprobar y ejecutar una iniciativa de esta trascendencia, sin más trámite que la simple aprobación de los proyectos, después de que hayan estado expuestos al público durante quince días.

Como intentaremos explicar a continuación, la iniciativa municipal, tal como se está llevando a cabo, plantea algunos problemas legales de gran importancia que deberán ser dilucidados por los tribunales de justicia en los procedimientos judiciales impulsados por diferentes asociaciones y entidades.

 

La planificación urbanística y las obras ordinarias

Lo primero que sorprende es que el Ayuntamiento haya considerado que, pese a la intensidad de las modificaciones que se pretenden introducir en el sistema viario y en la estructura arquitectónica y funcional del conjunto del Eixample, no sea necesario modificar previamente la planificación urbanística, y que baste con la aprobación de un proyecto de obra ordinaria, como si se tratara de modificar un tramo del alcantarillado o de remodelar un centro cívico.

Hay razones para considerar una grave irregularidad urbanística la modificación de la función básica de un sistema urbanístico como el viario, que es garantizar la movilidad, sin modificar previamente la planificación urbanística por los procedimientos establecidos en la Ley de Urbanismo. Tanto del contenido de los proyectos como de las declaraciones de los responsables políticos que los han impulsado, se desprende claramente que su objetivo es que estos espacios dejen de cumplir la función básica de posibilitar la movilidad en la ciudad y pasen a integrarse en el sistema de parques y espacios verdes, con la retirada de los pavimentos que permiten la circulación de vehículos y la presencia de elementos vegetales propios de los espacios ajardinados. Desde esta óptica, no es aceptable que sobre una calificación urbanística de sistema viario (clave 5) se construya un espacio que hace imposible la movilidad urbana y la circulación de vehículos, aunque sea con restricciones, como sucede en otras calles del Eixample.

Modificar la planificación para sustituir el sistema viario por un sistema de jardines urbanos es, ni más ni menos, lo que el mismo Ayuntamiento ha hecho en la reciente y discutible Modificación del Plan General Metropolitano del 22@, en la cual se han calificado de sistema mixto vial/zona verde 140.000 m2 de calles del Poblenou.

Con la aprobación de los proyectos de los Ejes Verdes como simples obras ordinarias se ha querido evitar la modificación de la planificación urbanística.

Parece evidente que con la aprobación de los proyectos de los Ejes Verdes como simples obras ordinarias municipales se ha querido evitar la modificación de la planificación urbanística y el consiguiente debate en el Consejo Plenario, aunque ello conlleve una vulneración de la legalidad urbanística.

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La movilidad

En 2003, el gobierno de la Generalitat, consciente de la importancia de evaluar adecuadamente los efectos sobre la movilidad sostenible de cualquier plan o proyecto, impulsó la Ley 9/2003 que, entre otros muchos aspectos, regula los «estudios de evaluación de la movilidad generada». Es un instrumento para valorar el incremento potencial de desplazamientos provocado por una nueva planificación o una nueva implantación de actividades y la capacidad de absorción de los servicios viarios y de los sistemas de transporte.

La norma obliga a la redacción de un estudio de movilidad cuando se trate de «proyectos de implantaciones singulares» que puedan generar de forma recurrente un número de viajes al día superior a 5.000.

En el caso de los proyectos incluidos en los Ejes Verdes del Eixample, parece evidente que provocarán importantes modificaciones en la red viaria y un fuerte impacto en el sistema de movilidad del distrito del Eixample y, de rebote, de toda la ciudad, generando en su entorno directo y de forma recurrente más de 5.000 viajes al día.

Aunque los responsables municipales defienden abiertamente la «congestión» del sistema viario como elemento regulador disuasorio, es evidente que no tienen en consideración el conjunto de circunstancias que determinan la capacidad efectiva de las vías, ni valoran la duración de los desplazamientos ni la contaminación generada por la congestión provocada de este modo. Esto es especialmente grave, a mi juicio, si tenemos en cuenta que, según datos del propio Ayuntamiento, dos terceras partes de los vehículos que pasan por el centro vienen de fuera de la ciudad y no tienen alternativas aceptables en el transporte público.

Más allá de no evaluar los efectos provocados por expulsar a quien utiliza estas calles como trayectos habituales en sus desplazamientos, sorprende e inquieta que no se haya analizado la situación de los aparcamientos de residentes, públicos y privados, que hay en el ámbito de los proyectos, algo que comportará que cada día entren y salgan miles de vehículos que deberán atravesar unos espacios sin pavimentos adecuados y equipados con obstáculos destinados precisamente a dificultar la movilidad.

Los responsables municipales defienden abiertamente la «congestión» del sistema viario como elemento regulador disuasorio.

Hay que subrayar que tanto el incremento del tránsito, con la consiguiente generación recurrente de viajes en el entorno de las calles que se quieren transformar, como la obstaculización de la movilidad de los residentes, no son solo una «consecuencia» de los proyectos aprobados, sino que, como se hace constar expresamente, constituyen «uno de sus objetivos».

Como es obvio, la nueva configuración de las calles afectadas, diseñada para dificultar la movilidad, tiene consecuencias también en dos aspectos cruciales de la vida de la ciudad: las emergencias y la distribución de mercancías.

En definitiva, no consta que el Ayuntamiento haya redactado y tramitado ningún estudio de evaluación de la movilidad generada, como era obligado, y mucho menos que, en caso de que exista, haya sido aprobado por la Generalitat, que es la competente para hacerlo.

 

Los Ejes Verdes y el patrimonio arquitectónico

El Eixample es, en palabras de Manuel de Solà-Morales, uno de los monumentos urbanísticos más importantes de la España del siglo XIX. Este reconocimiento del Eixample como un conjunto de extraordinario valor patrimonial y arquitectónico ha implicado que se hayan aprobado Planes Especiales y Ordenanzas destinadas a su protección, rehabilitación y mejora. Unas normativas que regulan esencialmente la edificación en el ámbito privado que conforman las islas, pero que prevén mecanismos y sistemas de intervención destinados a garantizar que el Eixample no pierda los rasgos característicos que lo hacen extraordinario.

Uno de esos rasgos característicos y extraordinarios que hacen reconocible el Eixample y que lo diferencian del resto de estructuras urbanas coetáneas, es la fantástica estructura de la red viaria consistente en aceras de cinco metros a uno y otro lado de una calzada de diez metros. Estructura que el gobierno municipal parece haber puesto en su punto de mira. Así, uno de los criterios aplicados de forma generalizada en este proyecto es eliminar este rasgo esencial del Eixample (el sistema acera-calzada-acera) para implantar una solución de «plataforma única» similar a la que estamos acostumbrados a ver en los centros históricos de Barcelona y de muchas otras ciudades. Plataforma única que, para evitar que nunca más pueda cumplir funciones vinculadas a la movilidad, se llena de mobiliario urbano y nuevo arbolado.

Una transformación radical de la estructura del sistema reticular del Eixample como la que se está perpetrando, constituye por sí misma una clara agresión al patrimonio arquitectónico del conjunto que debería haber sido analizada por la Comisión Técnica para el Mantenimiento y Mejora del Eixample, de la que forman parte representantes del Colegio de Arquitectos y que tiene entre sus funciones la de informar sobre el interés artístico de espacios, jardines, edificios y otros elementos, en función de sus valores compositivos tradicionales o históricos, para garantizar su conservación.

 

La licitación de las obras de los Ejes Verdes

Como hemos dicho al principio de este texto, el 23 de febrero se hizo pública la aprobación inicial de los proyectos del Eje Verde y se abrió el plazo de información pública de quince días para que cualquier ciudadano pudiera hacer alegaciones.

No obstante, mientras el proyecto estaba en exposición pública y entidades y ciudadanos preparaban sus alegaciones, se supo que, simultáneamente a la tramitación del proyecto, el Ayuntamiento estaba procediendo ya a la licitación de las obras para su adjudicación a una empresa constructora, según el anuncio enviado al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el 22 de febrero (un día antes de la publicación del edicto de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, BOPB), de tal manera que las empresas constructoras interesadas debían presentar sus ofertas incluso antes de que acabara el plazo para presentar alegaciones al proyecto. Se daba así la paradoja de que, en el momento de presentar las alegaciones, ya hacía una semana que las empresas constructoras habrían presentado sus ofertas económicas para la ejecución del proyecto.

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Esta incomprensible actuación municipal, únicamente explicable por la pretensión de tener las obras acabadas antes del inicio de la próxima campaña electoral, plantea una cuestión de indudable relevancia legal: la validez de un trámite esencial, como es la exposición al público, cuando materialmente ya no tiene ningún contenido.

Las sentencias llegarán cuando las obras ya estén terminadas, cuando será prácticamente imposible la retrocesión a la situación anterior.

Con la licitación de las obras de un proyecto de estas características y trascendencia en trámite, el Ayuntamiento vacía de contenido y hace inútil en la práctica la información pública, lo cual constituye una burla para el ciudadano que sabe que, alegue lo que alegue, será desestimado si supone modificar un proyecto que ya está licitado.

Parece claro que se ha querido confundir de modo interesado el trámite legalmente exigible de información pública, en el cual los ciudadanos pueden acceder a la documentación que se pretende aprobar, con los llamados «procesos de participación» que el Ayuntamiento organiza, dirige y controla.

En cualquier caso, la omisión del trámite de información pública o su existencia meramente aparente o formal, pero sin contenido efectivo posible, podría suponer la nulidad del procedimiento de aprobación de los proyectos y, por tanto, también del procedimiento de licitación de unas obras de ejecución de un proyecto inexistente.

 

Los Ejes Verdes y los tribunales

El conjunto de los proyectos que conforman la Superilla del Eixample está impugnado ante los tribunales por varias entidades y organizaciones. Lamentablemente, las sentencias llegarán cuando las obras ya estén terminadas, cuando será prácticamente imposible la retrocesión a la situación anterior. Es una lástima que la resistencia de los tribunales a dictar las medidas cautelares destinadas a garantizar la efectividad de las sentencias en casos como este obligue a considerar la justicia cautelar como una quimera.