Manuel Aragón (Benamejí, Córdoba, 1944) tuvo un papel destacado durante la deliberación sobre el Estatut a su paso por el Tribunal Constitucional entre 2006 y 2010, y ha vuelto a tenerlo ahora en el debate sobre la aplicación del estado de alarma para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por la covid-19. En ambos casos, sus tesis han sido controvertidas, pero leídas con respeto, en parte por venir de quien vienen. Nadie discute el prestigio de Manuel Aragón, ganado en una larga trayectoria como catedrático de Derecho constitucional. Y al mismo tiempo pocos quieren polemizar con él, no porque encaje mal las críticas, sino porque no renuncia a la réplica, y es rápido y tajante en sus respuestas. Manuel Aragón, en suma, ni se arredra ni se calla cuando le llevan la contraria.

La llegada de Aragón al Constitucional se produjo de la mano de su maestro, Francisco Rubio Llorente, quien fue vicepresidente del tribunal de garantías entre 1989 y 1992, una etapa intensa de la vida de la institución, presidida entonces por Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en 1996. Se dice que fue Rubio Llorente quien convenció a José Luis Rodríguez Zapatero para que designara a Aragón magistrado del Constitucional, en el turno de nombramientos que cada nueve años corresponde al Ejecutivo.

Fue en 2004, el año de la vuelta del PSOE a la Moncloa, tras las elecciones del 14 de marzo, tres días después de los atentados de Atocha. Zapatero había adquirido con Pasqual Maragall, entonces presidente de la Generalitat catalana, el compromiso de facilitar la reforma del Estatut, cuya tramitación y posterior paso por las Cortes resultaron sumamente accidentados.

 

«Pobre pueblo»

Era más que previsible que el texto aprobado acabaría en el Constitucional. Así sucedió en 2006, cuando ya había sido refrendado en las urnas. El PP presentó su recurso el 31 de julio de ese año, argumentando que lo hacía «para impedir un daño irreparable», al suponer el Estatut «un gran problema de inseguridad, de división y de ruptura del modelo constitucional». El 19 de septiembre se presentó la impugnación del Defensor del Pueblo, institución entonces dirigida por Enrique Múgica (PSOE), nombrado para el cargo por el Gobierno de José María Aznar (PP) en el año 2000. «Pobre pueblo», fue la expresión que utilizó el expresidente Felipe González (PSOE) al tener noticia de la designación.

El PP recurrió el preámbulo del Estatut, 114 de los 223 artículos de la ley y 12 disposiciones adicionales y finales. El recurso sostenía que «desde el punto de vista constitucional, no hay más nación que la nación española, titular de la soberanía y, por tanto, fundamento de la Constitución misma». Según el PP, a esta nación española «no pueden equipararse las nacionalidades y regiones que integran su indisoluble unidad». El Defensor del Pueblo, a su vez, sostuvo que el uso de la palabra «nación» en el texto estatutario suponía una «inconstitucionalidad manifiesta», que «invalida gran parte de la normativa estatutaria» y «como modelo a seguir por otras comunidades autónomas, preludia la desvertebración» del Estado autonómico diseñado en la Constitución.

Unos meses antes de presentarse los recursos, en abril de 2006, Rubio Llorente había dicho en un acto organizado por el Fórum Europa que el proyecto de Estatut que se estaba tramitando en el Senado «no pone en peligro la unidad de España», pero añadió que como ciudadano y como experto en derecho constitucional tenía sus «reservas» frente al texto «por razones técnicas y de otro género». El texto estatutario, en suma, llegó al Constitucional rodeado de recursos y advertencias.

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Mediáticamente adscrito al sector progresista

En teoría, la incorporación de Manuel Aragón –un magistrado que por el origen de su designación fue mediáticamente adscrito al sector progresista– obedecía al deseo de que, en la medida de lo posible, pacificara el debate. Aunque no le hiciera encargo concreto alguno, cuando el Gobierno de Zapatero le nombró tenía la esperanza de que pudiera lograr poco menos que el milagro de los panes y los peces, de modo que los hubiera para todos. Pero no los hubo.

¿Influyó en Aragón el pesimismo y la decepción que sobre Catalunya y sus políticos fue apoderándose de Azaña?

Por diversas razones de tiempo y contexto histórico resultaría improcedente establecer paralelismos entre el Manuel Azaña que defendió con pasión la elaboración y aprobación del Estatut de Núria, aprobado con rebajas en las Cortes en septiembre de 1932, y el José Luis Rodríguez Zapatero que en un acto de campaña electoral de los socialistas catalanes y en apoyo a la candidatura de Pasqual Maragall a la presidencia de la Generalitat, dijo en noviembre de 2003 aquello de que «apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña». Pero la ovación en el Palau Sant Jordi fue seguramente tan intensa como la que setenta y un años antes había seguido a las palabras de Azaña cuando defendió también en Barcelona, ante el Govern de la Generalitat, que «la libertad de Catalunya» era «la misma que la libertad de toda España», y que «la causa» era «única».

El Constitucional tardó cuatro años y medio en dictar una sentencia que para muchos estuvo en el inicio del proceso independentista. Para otros, entre ellos el propio Manuel Aragón, ese recorrido ya se había iniciado con el proyecto de reforma estatutaria y la definición de Catalunya como nación en el texto de su preámbulo. El papel que jugó Manuel Aragón en ese período ha resultado muy controvertido.

 

Tesis doctoral sobre Azaña

Su tesis doctoral, en 1970, versó sobre Manuel Azaña. Conoce por tanto muy bien la obra del expresidente de la República, incluidos sus discursos y su obra literaria. ¿Influyó en Aragón el pesimismo y la decepción que sobre Catalunya y sus políticos fue apoderándose de Azaña antes y durante su presidencia de la República, sobre todo durante la Guerra Civil? ¿Hasta qué punto pudo condicionarle todo ello durante la tensa evolución de las deliberaciones en el Constitucional?

Manuel Aragón siempre ha negado esa influencia. En parte, por no compartir plenamente las características que aprecia en la idea de Estado que sostenía Azaña, a las que atribuye cierta ingenuidad y radicalismo. Por ejemplo, al creer que la II República podría conseguir una gran modernización de España en muy poco tiempo. Aragón tiene publicado un prólogo detallado a la obra teatral La velada en Benicarló, que Azaña escribió en 1937, en plena Guerra Civil. El panorama que describe uno de los personajes, Garcés –en quien Aragón ve al propio Azaña— no puede ser más desolador.

Fue uno de los seis magistrados que votaron a favor de quitar eficacia jurídica al reconocimiento de Catalunya como nación.

«Clase contra clase, partido contra partido, región contra región, regiones contra el Estado», dice Garcés. «El canibalismo racial de los hispanos –añade– ha estallado con más fuerza que la rebelión misma. (…) Un instinto de rapacidad egoísta se ha sublevado, agarrando lo que tenía más a mano. (…) Cada cual ha querido llevarse la mayor parte del queso». Y en otro pasaje se lamenta en estos términos: «La Generalidad funciona insurreccionada contra el Gobierno. Mientras dicen privadamente que las cuestiones catalanistas han pasado a segundo término, que ahora nadie piensa en extremar el catalanismo, la Generalidad asalta servicios y secuestra funciones del Estado, encaminándose a una separación de hecho», en la que «legisla en lo que no le compete, administra lo que no le pertenece».

Para Manuel Aragón, La velada en Benicarló es «una de las obras más importantes del pensamiento político español de los últimos tiempos, el mejor documento quizá sobre la República y también un inapreciable testimonio sobre nuestra guerra civil». Y en el citado prólogo añade que «La Velada cumple así dos importantes objetivos: por un lado su valor es inmenso para que las generaciones actuales comprendan mejor la guerra y la República», y refleja «la real dimensión de Azaña», como «el hombre de razón, el liberal insobornable que ni en los momentos más duros de su vida perdió su amor a España y a la libertad» (Estudio preliminar a La velada en Benicarló. Castalia, Madrid, 1974).

Aragón fue uno de los seis magistrados que votaron a favor de quitar eficacia jurídica al reconocimiento de Catalunya como nación o realidad nacional en el prólogo del Estatut de 2005. Entre los cinco magistrados de la minoría –otro, Pablo Pérez Tremps, había sido recusado y apartado de la deliberación– quedó de manifiesto el temor, o el convencimiento, de la mayoría en el sentido de que la reforma estatutaria fuera sólo la avanzadilla de lo que luego sería el procés.

Para el grupo mayoritario, la sentencia no promovió el independentismo, sino que fue al revés, es decir, que la reforma del Estatut constituyó un paso decisivo para su crecimiento. En una entrevista en El País (3-7-2014), Aragón afirmaba sobre todo ello en 2014 que la sentencia fue «la menos mala posible» y recordaba que hubo votos particulares «que decían que podía haber sido mucho más dura». A su juicio, el Constitucional se limitó a afirmar «algo sencillo: que hay cosas que no se pueden hacer sin reformar la Constitución».

Ha defendido con rotundidad la inconstitucionalidad del confinamiento ordenado bajo el paraguas legal del estado de alarma.

Una situación similar ha vuelto a ocurrir ahora con respecto al Estado de alarma. Ha aparecido de nuevo Manuel Aragón en su aspecto o versión quizá más genuina, la del jurista estricto. Ha defendido con rotundidad la inconstitucionalidad, a su parecer, del confinamiento ordenado bajo el paraguas legal del estado de alarma, y no previa declaración del estado de excepción, ya que a su juicio para hacer frente a la pandemia se suspendieron, y no sólo se limitaron, derechos fundamentales de los ciudadanos.

 

Decepcionado

Ésa fue la opinión del Constitucional, nuevamente por 6 votos a 5, en una sentencia dictada también esta vez por un tribunal con mandato caducado –como ya ocurrió con la del Estatut–, por falta de renovación de cuatro de sus magistrados, entre ellos su presidente, Juan José González Rivas, y su vicepresidenta, Encarnación Roca, que votaron en sentido opuesto, el primero en apoyo de las tesis del Gobierno, y la segunda a favor de las de Vox y el PP.

Como telón de fondo de este tipo de debates cabe volver a escuchar la voz del Manuel Aragón decepcionado, el que más recuerda al Azaña pesimista de los días finales de su presidencia. En un trabajo publicado con ocasión del cuadragésimo aniversario del Constitucional, Aragón se refería a «la penosa situación en que ahora nos encontramos». Y la describía como «caracterizada por el declive de las funciones del Parlamento, la desbordante actuación de los gobiernos, alérgica al control y, sin embargo, más empeñada en comunicar que en gobernar, acompañada de la transformación cesarista de los partidos y la excesiva polarización política que impide los pactos transversales en cuestiones fundamentales para el Estado y la convivencia ciudadana». Para añadir finalmente que «no creo que estos problemas pueda, por sí solo, solucionarlos el Tribunal Constitucional».