Manuel Aragón (Benamejí, Córdoba, 1944) tuvo un papel destacado durante la deliberación sobre el Estatut a su paso por el Tribunal Constitucional entre 2006 y 2010, y ha vuelto a tenerlo ahora en el debate sobre la aplicación del estado de alarma para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por la covid-19. En ambos casos, sus tesis han sido controvertidas, pero leídas con respeto, en parte por venir de quien vienen. Nadie discute el prestigio de Manuel Aragón, ganado en una larga trayectoria como catedrático de Derecho constitucional. Y al mismo tiempo pocos quieren polemizar con él, no porque encaje mal las críticas, sino porque no renuncia a la réplica, y es rápido y tajante en sus respuestas. Manuel Aragón, en suma, ni se arredra ni se calla cuando le llevan la contraria.

La llegada de Aragón al Constitucional se produjo de la mano de su maestro, Francisco Rubio Llorente, quien fue vicepresidente del tribunal de garantías entre 1989 y 1992, una etapa intensa de la vida de la institución, presidida entonces por Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en 1996. Se dice que fue Rubio Llorente quien convenció a José Luis Rodríguez Zapatero para que designara a Aragón magistrado del Constitucional, en el turno de nombramientos que cada nueve años corresponde al Ejecutivo.

PUBLICIDAD
Renfe / Somos tu mejor Opción

Fue en 2004, el año de la vuelta del PSOE a la Moncloa, tras las elecciones del 14 de marzo, tres días después de los atentados de Atocha. Zapatero había adquirido con Pasqual Maragall, entonces presidente de la Generalitat catalana, el compromiso de facilitar la reforma del Estatut, cuya tramitación y posterior paso por las Cortes resultaron sumamente accidentados.

 

«Pobre pueblo»

Era más que previsible que el texto aprobado acabaría en el Constitucional. Así sucedió en 2006, cuando ya había sido refrendado en las urnas. El PP presentó su recurso el 31 de julio de ese año, argumentando que lo hacía «para impedir un daño irreparable», al suponer el Estatut «un gran problema de inseguridad, de división y de ruptura del modelo constitucional». El 19 de septiembre se presentó la impugnación del Defensor del Pueblo, institución entonces dirigida por Enrique Múgica (PSOE), nombrado para el cargo por el Gobierno de José María Aznar (PP) en el año 2000. «Pobre pueblo», fue la expresión que utilizó el expresidente Felipe González (PSOE) al tener noticia de la designación.

Para leer el artículo completo puedes hacer una prueba gratuita de 15 días o una suscripción de pago. Accede si ya eres suscriptor.