El enésimo y parece que definitivo fracaso de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial certifica que la lógica partidista y electoralista se ha impuesto a la responsabilidad institucional y al sentido de Estado.

No hace falta insistir demasiado en la especial responsabilidad del Partido Popular que, de forma contumaz, ha impedido con sucesivos y renovados pretextos este acuerdo, en un auténtico acto de abuso de poder para mantener el control del Poder Judicial. Podría parecer exagerado, pero las voces que han tildado este obstruccionismo de golpe de Estado no violento no van tan descaminadas si entendemos esta conducta como una vulneración de la legalidad institucional perpetrada por quien está obligado a cumplirla. El resultado es una grave alteración del funcionamiento del sistema institucional con consecuencias prácticas perniciosas para la buena marcha de la Administración de Justicia. Aparte, este bloqueo institucional alimenta el creciente desprestigio de la política entre la ciudadanía y proyecta una mala imagen de la democracia española en un contexto europeo amenazado por las derivas iliberales en algunos de los países de la Unión.

Tampoco se debe hacer un gran esfuerzo para entender que este episodio ha puesto al descubierto las limitaciones políticas del nuevo líder de los populares, debilitado por los mismos poderes fácticos internos y externos que provocaron la defenestración de su antecesor. Se confirma la sensación de la escasa autonomía política del Partido Popular, condicionado en exceso por la derecha judicial y mediática, así como por la competencia de la extrema derecha de Vox.

Sin embargo, pese a la gravedad intrínseca del bloqueo institucional y de la conducta desnortada del líder del principal partido de la oposición, lo más inquietante es cómo está arraigándose el virus político más peligroso: el de la negación del adversario, que conlleva su desconsideración absoluta y el rechazo a su reconocimiento. El Partido Popular ha hecho suyo el mantra del «gobierno ilegítimo» con el que la extrema derecha recibió al gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Más aún, también se ha otorgado el derecho a pontificar sobre la «pureza de sangre» del actual Partido Socialista Obrero Español. Así lo pone de manifiesto la afirmación de Alberto Núñez Feijóo de que «los pactos de Estado llegarán con este PP y con otro PSOE», un razonamiento que, llevado al absurdo, equivale a decir que solo cumplirá el mandato constitucional cuando gane las elecciones.

De modo que, desgraciadamente, nos adentramos en un año electoral en el que los principales argumentos serán probablemente las descalificaciones absolutas de los adversarios, y no el debate sobre sus políticas y propuestas. Con un alto riesgo de caer en una espiral diabólica de crispación política —que por suerte todavía no ha contaminado al conjunto de la sociedad, como en Estados Unidos o en Brasil— y que alimenta la polarización entre bloques irreconciliables.

Como se está comprobando en todas las sociedades en las que está produciéndose este fenómeno, a más polarización política, mayor debilidad de las instituciones democráticas, con una profundización del abismo que separa la esfera política de la esfera ciudadana. Una ciudadanía abocada o bien a no participar, o bien a limitar su participación al juego binario emocional de estar a favor o en contra del gobierno de turno.

Llegados a este punto, tiene sentido preguntarse si nos podemos permitir este proceso de degradación de las instituciones y de la democracia misma en el actual contexto lleno de dificultades e incertidumbres, cuando más necesitamos establecer un gran diálogo ciudadano para analizar nuestras dificultades y establecer las prioridades consiguientes.

En un reciente estudio, los sociólogos Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez han evaluado el rendimiento de la sociedad civil española en los últimos cuarenta años, con un resultado satisfactorio en líneas generales si se tiene en cuenta que se ha consolidado una democracia liberal, pese a la existencia de tensiones importantes, pero con el déficit de una participación cívica limitada. Lo mismo se puede considerar de una economía de mercado equiparable a la de nuestros socios europeos, pero con dificultades crónicas para llevar a cabo las reformas que la hagan más competitiva. Al tiempo que se han producido transformaciones sociales de gran alcance, como la secularización de la sociedad española o la revolución femenina, pero con importantes desequilibrios y desigualdades sociales, territoriales y generacionales. Finalmente, es innegable el crecimiento del nivel educativo y del capital cultural, pero con dudas inquietantes sobre su calidad. En definitiva, un balance positivo, pero con demasiados interrogantes de cara al porvenir.

En este punto, pueden contemplarse básicamente tres escenarios de futuro: una regresión si se rompen los precarios equilibrios actuales; un salto hacia delante si la sociedad y las instituciones cooperan en movilizar el potencial económico, social y cultural; y, en tercer lugar, el conformismo de mantenerse en la actual mediocridad. Huelga decir que el estado de ánimo político y social no invita a ser optimistas sobre las posibilidades del mejor escenario. Resulta demasiado patente el déficit de capacidad estratégica de las élites políticas y económicas, sin las cuales es imposible el impulso necesario para movilizar todas las energías de la sociedad. Pero lo mínimo que podemos desear en las actuales circunstancias es que el bloqueo institucional y la polarización política extrema no nos aboquen al peor escenario de la regresión económica y social.