Los primeros pasos de la nueva legislatura del Congreso invitan a constatar que no hay hoy por hoy una mayoría estable más allá de la incierta mayoría de la investidura. La legislatura no será una repetición de la anterior. No podrá ser igual ni en la manera de enfrentar los sucesivos retos, ni en la definición de los objetivos, ni en el ritmo de las actuaciones e iniciativas. Pedro Sánchez y el grupo socialista tendrán que adaptar su estrategia a la nueva situación.

En principio, el objetivo que debería tener Pedro Sánchez es que la legislatura se estabilice y le permita asegurar un gobierno operativo con vocación de durar. Y, en lo posible, tendrá que evitar una todavía mayor movilización de sus adversarios que pueda conducir a una derrota electoral significativa, como la que sufrió Rodríguez Zapatero en 2011 con la victoria de Mariano Rajoy por mayoría absoluta.

Después de un inicio accidentado parece sensato reclamar que el ejecutivo dote la legislatura de una argumentación, una rationale, para utilizar la expresión inglesa, es decir, un conjunto de intenciones y de razones que expliquen la lógica de las acciones que se emprendan. En definitiva, será imprescindible un esfuerzo de explicación, un planteamiento que ha sido un déficit significativo en la legislatura pasada.

Quizás se tendría que apuntar que en esta nueva situación sería aconsejable que la prudencia gane espacio a la audacia. Si Pedro Sánchez tiene ante sí una carrera de obstáculos, la actitud de prudencia que proponemos debería garantizar que la mayoría de la investidura evite caer en trampas y en confrontaciones innecesarias que en general deriven de un activismo mediático exagerado.

En esta línea, pensamos que una de las vías para conseguir un panorama parlamentario más sosegado y operativo será controlar la deriva hacia la bulimia legislativa. Y reducir el recurso al decreto ley.

Decíamos que es muy dudosa la existencia de una mayoría parlamentaria estable de legislatura. Como dijo el lehendakari Urkullu, dado el actual equilibrio parlamentario de fuerzas, serán necesarios «todos los votos todos los días». Poca geometría variable será posible. Es difícil imaginar mayorías alternativas o variables.

La actual mayoría de gobierno, la mayoría de la investidura, es una mayoría teóricamente suficiente pero heterogénea y contradictoria que muy difícilmente podrá aplicarse de una manera continuada y sistemática.

No es nada probable que el miedo a la derecha y la extrema derecha, que todavía fue un elemento decisivo en las últimas elecciones generales, sea ahora un cemento suficiente para mantener a la mayoría unida y, sobre todo, operativa. En cambio, parece que el rechazo de la Ley de Amnistía sí que puede constituir un cohesivo eficiente en el bloque conservador sin descartar que erosione el apoyo electoral al Partido Socialista.

En este marco, en contraste con el atolondramiento y la sobreactuación de los representantes del mundo independentista catalán, y particularmente de Junts, procede destacar la contención que mantienen las fuerzas nacionalistas vascas, tanto PNV como Bildu. «Las prisas son malas consejeras», aconsejaba Mertxe Aizpurúa, la portavoz de Bildu, al propio presidente de la Generalitat.

Son varios y muy importantes los retos que ya se están perfilando y que pondrán a prueba la precaria estabilidad de la mayoría en esta próxima legislatura.

Será necesario, por ejemplo, responder a las exigencias europeas de reajuste fiscal y a la posible agravación de crisis como la guerra de Israel contra Hamás o la invasión de Ucrania por Rusia. Los incidentes bélicos en el Mar Rojo son un buen ejemplo de situaciones que conducirán inevitablemente a contradicciones en la mayoría y condicionarán seriamente la respuesta de un gobierno de España que aspira a tener un rol relevante tanto en la UE como en la OTAN.

El calendario electoral de este año apenas empezado, recuerda Rodríguez Teruel en su artículo del dosier, es un contexto que supone un muy relevante riesgo de inestabilidad, en el cual «todos, sin ninguna excepción, bordearán el precipicio y algunos se despeñarán».

En cuanto a la inevitable vuelta a una disciplina fiscal que corrija las licencias en el gasto asumidas en respuesta a la pandemia y la guerra es razonable preguntarse si la vicepresidenta María Jesús Montero tendrá la autoridad política ante Bruselas para gestionar las previsibles exigencias comunitarias. El sustituto de Nadia Calviño en Economía, que tiene una reconocida experiencia en la UE, no tiene status de vicepresidente del gobierno.

Desde una perspectiva de fondo, la magnitud de los retos y de las dificultades que presenta la legislatura exigirían en una lógica, digamos europea, un acuerdo entre los dos principales partidos, entre el PSOE y el PP, para la formulación y preservación de algunas políticas de Estado básicas.

Entendemos que con la insistente deriva del PP hacia un acuerdo con la extrema derecha y sus posiciones maximalistas de confrontación radical es muy difícil que el PSOE acerque posiciones. Pero es necesario también decir que el PSOE, como partido que está en el gobierno, tiene un plus de responsabilidad para intentar una colaboración operativa con el PP y, eventualmente, para promover algún acuerdo concreto.

La polarización es una estrategia electoral válida. Porque, simplificando las alternativas que les presentan, facilita la opción de los electores a la hora de votar. Pero desde el Gobierno se asume una representación del conjunto de los ciudadanos que comporta una responsabilidad mayor y que desaconseja el mantenimiento de estrategias cortoplacistas.

La gestión de la próxima legislatura tiene también una derivada catalana, como apuntábamos en el editorial del pasado diciembre refiriéndonos a la investidura.

La sombra ominosa del acuerdo PSOE-Junts se proyecta inevitablemente sobre los equilibrios y la dinámica política que se había establecido en Cataluña a partir de los últimos resultados electorales resituando al PSC en una clara posición de centralidad. Más allá de la aceptación del rancio relato independentista propuesto por Junts, ha provocado una lógica incomodidad la renovada posición del PSOE consistente en otorgar la representación de Cataluña a un grupo que cuenta solo con siete diputados y que quedó en quinta posición en las últimas elecciones. Es una anomalía política que se acentúa por su efecto de menospreciar, en favor de Puigdemont, el rol del Gobierno de la Generalitat y reforzar, de este modo, el desdén independentista hacia las instituciones autonómicas.

El extremismo de Junts no solo perjudica la viabilidad de un gobierno español comprometido con la pluralidad del país sino también la gobernabilidad en Cataluña. Acompañar a Junts en un camino de rectificación de sus posiciones maximalistas es un ejercicio imprescindible que debería ser asumido por todas las fuerzas políticas que propiciaron la investidura de Sánchez.