Las elecciones locales y autonómicas del pasado 28 de mayo en las Illes Balears condujeron a un resultado que se esperaba en el Parlamento de la Comunidad autónoma y a otro que nos sorprendió en el Consell Insular de Menorca (un organismo equivalente a la Diputación, en este caso de ámbito insular). En cuanto al Parlamento, el PP obtuvo 25 diputados, el PSOE 18, Vox 8, Més por Mallorca 4, Més por Menorca 2, Podemos 1 y Gent por Formentera 1. Y en cuanto al Consell Insular de Menorca (desde donde escribo este artículo), de los 13 consejeros elegibles, 6 fueron para el PP, 4 para el PSOE, 2 para Més y 1 para Vox. Y digo que nos sorprendió el resultado del Consell porque pocos —tampoco el PP— lo esperaban, como lo demuestra el hecho de que, el día siguiente mismo (y sin dar ninguna explicación), dos de los consejeros elegidos por este partido presentaron la dimisión. Una cosa es estar en las listas y otra gobernar. Y les ha tocado gobernar.

La victoria del PP en el Parlamento fue, pues, muy clara, puesto que este partido sumaba más diputados que toda la izquierda junta, pero necesitaba los votos o la abstención de Vox para que Marga Prohens, la número uno del PP, fuera elegida presidenta de la comunidad. En cambio, en el Consell Insular de Menorca, aunque el PP y la suma de los dos partidos socialistas de izquierda (PSOE y Més) se traducía en un empate a 6 consejeros, el hecho de ser una administración de carácter local comportaba que, si ningún candidato obtenía la mayoría absoluta de los votos, resultaba elegido presidente el número uno de la lista más votada, y esta era la del PP, al que no le hacía falta el voto de Vox para asumir la presidencia.

A pesar de esto, el pacto de 110 puntos subscrito por PP y Vox para que Marga Prohens pudiera constituir un gobierno en solitario, ha implicado dar la presidencia del Parlamento a Vox y la entrada forzosa en el Consejo ejecutivo de los Consells Insulars de los consejeros elegidos por este partido. Por primera vez, pues, en la historia del Consell Insular de Menorca, la libre decisión de su presidente a la hora de nombrar los miembros de su gobierno se ha visto claramente coartada por un pacto entre partidos a nivel balear.

No hay duda, por tanto, de que los 110 puntos pactados por la señora Prohens con los dirigentes de Vox condicionarán, nos guste o no, la política cultural en las Balears, puesto que el partido de Abascal ha prometido ejercer el control de una manera dura y exhaustiva. Y no olvidemos que en el ideario del partido a nivel español se establece la necesidad de “Suprimir el requisito del conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a la función pública de forma que se evite cualquier tipo de discriminación”. No es, pues, extraño, que en el pacto encontremos la voluntad de garantizar la elección libre de centro escolar, así como de la primera lengua de escolarización (54), el acuerdo para que el desconocimiento del catalán no penalice el acceso a la función pública (55), así como la obligación dirigida a cualquier administración de la Comunidad autónoma de responder en castellano si en esta lengua se ha dirigido una petición ciudadana (56).

Todos estos cambios, instados por Vox, van claramente en la línea de conseguir que el castellano se convierta en la herramienta comunicativa cotidiana en las instituciones, y el PP no ha tenido más remedio que aceptarlos si quería formar un gobierno en solitario presidido por Marga Prohens. Es, pues, Vox el partido que, a nivel de gobierno de la Comunidad autónoma, marca el paso de la nueva política lingüística, y lo hará, después de eliminar la Dirección General de Política Lingüística, con la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística (que sustituye a la anterior Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos) “para defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las diferentes islas”.

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Como cuestiones tangibles, vemos de entrada que el “Premio Mallorca de Narrativa”, que concede el Consell de Mallorca, será bilingüe a partir del año próximo y que el Ayuntamiento de Palma ha modificado la normativa lingüística que regía desde hace más de 30 años para garantizar que la institución responda en castellano todas las peticiones ciudadanas que se presenten en este idioma. A la vez, a los “Premios Ciudad de Palma” que concede esta corporación, también se podrán presentar obras en castellano a partir de este año.

Justo es decir, con todo, que la designación de Antoni Vera Alemany como consejero de Educación ha sorprendido para bien al sector de la enseñanza, puesto que este, docente y licenciado en Filología Catalana, fue director del Instituto de Estudios Baleáricos y vicepresidente del Instituto Ramon Llull. También asumió la conselleria de enseñanza en la última etapa de José Ramon Bauzà, para intentar enderezar la desastrosa política lingüística de este. Es necesario, pues, reconocer que Vera ha sido recibido con cierta confianza por el sector educativo, que lo tilda de hombre dialogante, a pesar de que desconocemos cómo actuará Vox desde la barrera con su obsesión enfermiza contra el catalán.

En Menorca, una de las primeras consecuencias del cambio de gobierno en materia lingüística ha sido la decisión del Consell insular y de algún ayuntamiento de usar en los textos que edita un modelo de lengua muy significativo, detrás del cual se esconden una serie de políticas lingüísticas y culturales preocupantes. De entrada, estas se centran en la presencia (sin excepciones) del artículo salado en ámbitos formales (“es”, “sa” en lugar de “el”, “la”), como mascarón de proa de las famosas “modalidades insulares”, que se han convertido en un eje básico de su política, y en cuanto al léxico, la introducción de castellanismos como fetxa (por data) o formas del lenguaje hablado como juriol (por juliol), detrás de los que se esconde el que los expertos en el lenguaje han denominado diferencialismo lingüístico, que no debemos confundir con el secesionismo, que implicaría afirmar que la lengua que se habla en Menorca no es la catalana. Algo es algo.

En palabras de Ivan Solivellas, detrás del diferencialismo lingüístico hay “una actitud que pretende fragmentar la comunidad lingüística y, a la vez, frenar el proceso de normalización”. Y para conseguirlo, se ataca el modelo de lengua estándar, que se considera una imposición barcelonesa. En Menorca, el adalid de esta actitud es el licenciado en Historia Joan Pons Torres, que el PP ha puesto al frente de la Conselleria de Cultura, Educación y Deportes (Deports, en la versión particular del consejero). Procedente de “Sa Fundació” mallorquina, la entidad que mejor representa el diferencialismo lingüístico en nuestra comunidad autónoma, Pons Torres ha elaborado un discurso acientífico que ha tenido como tribuna principal el diario Menorca y El Periódico de Ibiza, donde ha afirmado que “s’amenaça per as menorquí no és es castellà, és es català estàndar” (La amenaza para el menorquín no es el castellano, es el catalán estándar). También es autor de un libro, autopublicado en Círculo Rojo, en el que desarrolla su ideario. No hace falta decir que la poca solidez de su argumentario lo demuestra la nula repercusión de esta obra en los círculos académicos. De hecho, este es un ámbito en el que no le interesa incidir. Sabe perfectamente cuál es el terreno de juego que le conviene, dónde tiene capacidad de incidencia y de transformación social. Y este no es el científico. Tampoco lo es, por tanto, el Instituto Menorquín de Estudios, máxima institución cultural pública de Menorca, que, por razón del cargo, tiene que presidir.

El Partido Popular isleño parece, pues, que haya hecho suyo este discurso que, en palabras del filólogo Ismael Pelegrí, es sutil y más fácil de hacer llegar a la población que no el destraler (chapucero) que usa Vox, abiertamente secesionista. Es, en definitiva, un anticatalanismo camuflado que sus promotores esconden bajo la piel de cordero de los defensores de lo nostro. Pero en la práctica, ambas formaciones —derecha y ultraderecha— tienen el mismo objetivo en este ámbito; por eso ha sido fácil que se pusieran de acuerdo a la hora de pactar el programa de gobierno, con cláusulas lingüísticas muy específicas.

Lo más preocupante de esta política es que, con la teórica defensa de lo nostro, se esconde la voluntad de reducir la lengua catalana a un argot de poca monta, que es en lo que se acabaría convirtiendo si no dispusiera de una gramática que vinculara todas las variantes y no dispusiera de una variedad estándar que permita estudiarla, enseñarla y practicarla de manera genérica, como hacen todas las lenguas cultas del mundo… empezando por el castellano.

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Pons Torres y todos los diferencialistas lingüísticos como él, parecen (o quieren) ignorar que, sin la variedad genérica, una lengua se desfibra, se fragmenta en mil formas particulares de hablarse y se pierde en usos domésticos, caseros. Como muy bien escribía hace unas semanas Antoni Puigverd en La Vanguardia, si se quiere tirar una lengua a la basura, nada mejor que fragmentarla y desfibrarla. Por eso no nos puede extrañar que las defensas más fervorosas del aislamiento lingüístico (valenciano, mallorquín, menorquín etc.) se hagan en lengua castellana.

En resumidas cuentas, no hay duda de que el futuro inmediato presenta bastantes sombras con la entrada de Vox en las instituciones y con la asunción del diferencialismo lingüístico por parte del Partido Popular. Aun así, no soy pesimista. Sufriremos —de esto estoy seguro— algunos embates, quizás muchos, pero la dinámica cultural en Menorca es tan pujante y el papel de las instituciones (privadas y públicas) está tan consolidado, que no creo que los pactos aludidos y las políticas que llevarán a cabo los gobernantes de turno nos hagan retroceder.

Algunos intentarán destruir este tejido que tanto esfuerzo ha costado crear, pero dudo que la señora Prohens y el señor Vilafranca acaben teniendo éxito en la práctica de la política lingüística que les ha marcado Vox y que ellos han seguido dócilmente y de manera acrítica. Además, creo firmemente en los ciudadanos de las Islas Baleares comprometidos con la lengua y la cultura catalanas, y estoy seguro de que, en esta tierra nuestra, la fuerza de la razón ha de tener mucha más consistencia que los argumentos de la fuerza.