«Narcís Serra ha sido un gran alcalde. Aquí mismo, el 30 de mayo de 1981, dio la vuelta a la historia de este país cuando, tres meses después del intento de golpe de estado, organizó un Día de las Fuerzas Armadas cargado de significación y, por la tarde, aquí mismo, pedía apoyo al Rey para lanzar la Candidatura Olímpica de Barcelona. El país, aquel día, dejó de mirar atrás y empezó a mirar adelante, hacia 1992 y hacia el futuro. Nunca se lo agradeceremos lo suficiente.»

Este agradecimiento de Pasqual Maragall, expresado en el Saló de Cent en junio de 1995, es quizá un buen resumen de la importancia de la alcaldía de Narcís Serra, un momento fundador de una nueva etapa que, como señaló el propio Serra en su primer discurso como alcalde, «es una tarea mucho menos sencilla que continuar el camino marcado por los predecesores».

Narcís Serra fue elegido alcalde de Barcelona el 24 de abril de 1979, poco antes de cumplir 36 años. Economista de profesión, venía de ser consejero de Política Territorial del Gobierno Tarradellas desde diciembre de 1977 y conocía bien los problemas estructurales de la ciudad y su metrópoli. Asumió la alcaldía, sin embargo, consciente de que la solución de estos problemas requería su tiempo y de que era necesario el esfuerzo de todos los grupos municipales y del conjunto de la sociedad. «Sabemos que la democracia no se concede, que la democracia se construye, y que esta tarea, si aspira a ser sólida, si aspira a ser definitiva, requiere su tiempo.»

En su discurso de toma de posesión desgranó un programa de actuación basado en cuatro grandes ejes.

En primer lugar, «humanizar la ciudad, porque hemos de convertirla en un centro de convivencia, porque hemos de hacer un Ayuntamiento más de servicios al ciudadano que de obras y cemento, porque hemos de pensar más en las personas que en las piedras.» Palabras que resuenan todavía, más de cuarenta años después, y nos impulsan a preguntarnos si durante estas décadas no hemos seguido pensando demasiado en las piedras, en las grandes obras y la periódica renovación del espacio público.

Después, la reforma de la Administración implicaba «un trabajo de reconversión del personal y de mejora del rendimiento» para conseguir que los servicios del Ayuntamiento no se valorasen «por el número de funcionarios que los integran, sino por su eficacia en la tarea encomendada». Para hacerlo posible, se dirigía a los funcionarios de una forma muy clara y directa: «La democratización del Ayuntamiento supondrá también una mayor capacidad de control de la actuación de todos nosotros, los que llegan a esta Casa por el camino de las elecciones y los que estáis aquí con motivo de vuestro trabajo diario.» «Queremos transparencia para acabar con las arbitrariedades […] Esforcémonos en esta nueva dirección que ha de hacer que nuestro trabajo sea personalmente más enriquecedor, más dotado de dimensión de utilidad pública, de servicio eficiente al ciudadano.»

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Finalmente, la visión metropolitana y la participación ciudadana. «La Corporación Metropolitana vigente es una institución de ámbito territorial demasiado estrecho para que pueda ser un instrumento válido. La Región I que instituyó la Generalitat sigue siendo, cuarenta años después, un ámbito mucho más realista y capaz de permitir que la ordenación de la región metropolitana colabore en el equilibrio territorial de Cataluña.» La descentralización y la participación se debían defender no solo por motivos políticos, sino «también por razones de eficacia».

Objetivos ambiciosos todos ellos, sin duda; pero su discurso también rezumaba prevención, voluntad de hacer el trabajo sin pausa pero sin prisas, y plena conciencia de que la tarea no era nada fácil. El Ayuntamiento, advertía, «no podrá resolverlo todo, ni siquiera afrontar todos los problemas», pero garantizaba la voluntad de estar «en todos los frentes de combate» y de que nunca habría «pasividad ante los problemas».

Uno de los condicionantes que hacía difícil cumplir con el programa era la insuficiencia estructural de recursos financieros, de manera que se propuso «acometer la ruptura de este desequilibrio insostenible en el reparto de los caudales públicos entre la Administración Central y la Local», y que Barcelona se convirtiera en «la ciudad pionera en este proceso». Objetivos que se lograron en buena parte gracias a la acción concertada de todas las grandes ciudades españolas, con un liderazgo compartido en el que destacaron Barcelona y su alcalde.

El discurso concluía poniéndose deberes, definiendo un criterio de evaluación de su gobierno: «El grado de participación en las próximas elecciones municipales será, para nosotros, una valoración de la gestión de estos cuatro años. Abrimos un proceso que estará lleno de dificultades. Debemos conseguir que todos nos sintamos implicados en ese proceso, porque hemos de hacer la Barcelona de todos.» Cuatro años más tarde, la participación en las elecciones municipales aumentó en 13 puntos (del 54 al 67 %) y el PSC obtuvo 21 concejales, 5 más que en 1979.

Narcís Serra ha sido con frecuencia el alcalde olvidado, el más breve de todos los que ha tenido Barcelona en el período democrático, un alcalde que quedó a la sombra de la gran obra realizada por su sucesor, Pasqual Maragall, y por la larga trayectoria política que él mismo desarrolló en el gobierno de España durante más de doce años. Pero Serra no solo fue quien puso la primera piedra del nuevo Ayuntamiento democrático, sino quien estableció sus cimientos. Cuando dejó la alcaldía en diciembre de 1982, dejaba la obra encarrilada: se habían superado las dificultades financieras iniciales, se había reducido el personal municipal, y se acababa de presentar la candidatura para ser la sede de los Juegos Olímpicos de 1992.

Y lo hizo posible en un momento delicado. Basta con recordar que el Ayuntamiento propone la candidatura de los Juegos Olímpicos poco después del 23-F. Y para superar las dificultades que se le presentaron, aprovechó la celebración del Día de las Fuerzas Armadas de 1981 en Barcelona para invitar al Rey al Saló de Cent el día antes y, coincidiendo con la votación del pleno municipal favorable a presentar la candidatura, pedir públicamente su apoyo a la misma.

Aquel fue un momento fundador y que explica, en parte, la buena relación que se estableció posteriormente entre la Casa Real y los alcaldes Maragall y Clos: «Yo os ruego Señor, autorización para iniciar la competición que supone ofrecer esta candidatura y os ruego vuestro alto patrocinio y apoyo a la empresa.» Una empresa que tenía un objetivo bien claro y muy alejado del interés deportivo: «Los grandes acontecimientos, sean del carácter que sean, pueden actuar como estímulo para dotar de calendario a las acciones que serían necesarias en cualquier caso. Por esta razón hemos pensado en la candidatura de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992. Aunque esta fecha parezca alejada en el tiempo, ha de ser un factor que favorezca de forma decisiva nuestra voluntad de vertebrar la ordenación de un espacio, incluso más amplio y realista que el de la actual Corporación Metropolitana, y de dotarlo de las infraestructuras que necesita para ser una plataforma potente de actividad al servicio de Cataluña y España».

No podía decirlo más claro, el 30 de mayo de 1981, con el Rey delante y las fuerzas armadas listas para hacer una parada militar en Barcelona, con lo que se evitaba que desfilasen por Madrid poco después del intento de golpe de estado. La fiesta militar fue un éxito y constituyó el inicio involuntario de una nueva etapa para la vida política de Serra. Pero aquel sábado de mayo sus objetivos eran otros: obtener el máximo apoyo político a la candidatura entre los grupos municipales y recibir el nihil obstat real. Los alcanzó con creces.

En noviembre del 82, cuando ya sabía que sería el ministro de Defensa del nuevo Gobierno socialista, Serra fue a Lausana, acompañado por Romà Cuyàs, para presentar el dossier de la candidatura al Comité Olímpico Internacional. Con la conciencia de haber cumplido su tarea y de dejar un buen legado a sus sucesores, ambos se incorporaron al nuevo gobierno de España. Habían hecho lo más difícil: convencer al gobierno de la UCD y al COE para que apoyaran la candidatura. Para lograrlo, contaron con dos aliados imprescindibles: Juan Antonio Samaranch y el rey Juan Carlos.

Narcís Serra tuvo un mandato breve, pero dejó un buen legado, siguiendo el consejo que le había dado el presidente Tarradellas durante una cena celebrada unos días antes de su toma de posesión: «Serra, los buenos políticos son los que trabajan para sus sucesores.»