Aunque sea proverbial el limitado respeto de Israel a Naciones Unidas y a la legalidad internacional, el año 2024 ha comenzado con su gobierno, presidido por Benjamín Netanyahu, muy pendiente de los tribunales internacionales. La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya ha celebrado ya dos largas vistas públicas sobre Palestina en su sede, el Palacio de la Paz de la capital neerlandesa, coincidiendo ambas con el momento álgido de la guerra de Gaza. La primera, los días 11 y 12 de enero, trató sobre la demanda de medidas cautelares para evitar que se produzca un genocidio en la Franja y fue presentada por Sudáfrica. La segunda, durante seis días entre el 19 y el 26 de febrero, ha sido para determinar las consecuencias legales de 57 años de ocupación de los territorios palestinos –no tan solo Gaza, sino también Cisjordania y Jerusalén Este— a petición la Asamblea General de Naciones Unidas.

Ambas son meramente consultivas, sin efectos ejecutivos, y tardará en llegar la resolución del fondo de los litigios que se plantean. El caso de genocidio requerirá un procedimiento específico que todavía tardará, años quizás, después de haberse resuelto la demanda de medidas cautelares, al parecer escasamente atendidas por Israel. El tribunal tardará medio año en emitir el dictamen sobre la ocupación, de forma que puede incidir directamente en el conflicto de Gaza, visto el valor político y reputacional de este tipo de acciones judiciales. Coincidiendo con las noticias y las imágenes terribles de la guerra, las vistas de ambos casos subrayan el aislamiento internacional de Israel y de su íntimo aliado y protector que es Estados Unidos. También contribuyen a dibujar el marco de una salida negociada de la guerra con la fórmula de los dos Estados establecida a partir de los Acuerdos de Oslo. Y, sobre todo, refuerzan la necesidad de un alto el fuego inmediato y de una tregua permanente, posición defendida por parte de la gran mayoría de los estados que han comparecido en la causa.

 

Consenso abrumador

Han pleiteado ante la Corte 53 estados y tres organizaciones internacionales (Liga Árabe, Unión Africana y Organización de los Estados Islámicos), en buena medida el pleno del denominado Sur Global, enteramente al lado de Palestina, con la flor y nata de los grandes abogados internacionales en representación de unos y otros. No ha querido comparecer Israel, tal como hizo en el contencioso con Sudáfrica sobre el genocidio de Gaza. Es abrumador el consenso sobre la necesidad de reconocer el Estado palestino, incluso por parte de Reino Unido y Estados Unidos, que son los que han apoyado a Israel y quieren evitar una resolución rigurosa del tribunal, que signifique un éxito político para los palestinos.

Sudáfrica está jugando un papel protagonista en ambos casos, que le sitúan como líder en la denuncia del doble rasero utilizado por Estados Unidos y los países occidentales a la hora de tratar las vulneraciones del derecho internacional. En el primer caso, exige un arbitraje en su pleito con Israel sobre la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio, que Pretoria considera vulnerada por la acción del ejército israelí en Gaza. En el segundo caso, como miembro de la Asamblea General de Naciones Unidas, Sudáfrica ha aportado la experiencia del apartheid bajo el régimen de la minoría blanca para acusar a Israel de construir un sistema de segregación y discriminación legales que se puede asimilar e incluso supera al mantenido por los supremacistas sudafricanos hasta 1991.

La Corte Internacional de Justicia se ha reunido ya dos veces este 2024 para tratar el conflicto entre Israel y Palestina, con el trasfondo de la guerra de Gaza.

Nadie ha expresado con tanta claridad y fuerza el creciente consenso en torno a la propuesta palestina como Philippe Sands, uno de los cuatro letrados que conforman el equipo de la Autoridad Palestina y quizás el abogado especializado en derecho internacional más popular, gracias a su actividad como escritor. Es una nueva e incómoda ironía para el gobierno israelí que sus dos libros más leídos en todo el mundo, Calle Este-Oeste y Ruta de Escape, versen sobre los criminales nazis que liquidaron en los campos de exterminio a los judíos de Ucrania y Polonia, el corazón geográfico mismo donde se produjo el Holocausto, y sobre las complicidades que encontraron los jerarcas nazis para escapar de la acción de la justicia.

 

«Nada de nada. Punto. »

Si hay alguien que ha explicado al gran público los conceptos de genocidio, de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra, a partir sobre todo del exterminio de los judíos europeos bajo el nazismo es este prestigioso narrador anglo-francés, que ahora anuncia su próximo libro sobre el salto adelante del derecho penal internacional que significó el «caso Pinochet».

Han quedado como uno de los grandes momentos de la vista judicial de La Haya estas palabras suyas de apelación a un boicot generalizado contra Israel, coincidiendo con la invasión de Gaza: «La ocupación es ilegal y debe acabarse de forma «inmediata, incondicional y total». El derecho de autodeterminación exige que los Estados miembros de la ONU lleven la ocupación de Israel a un inmediato final. Ninguna ayuda. Ninguna asistencia. Ninguna complicidad. Ninguna contribución a acciones de fuerza. Nada de dinero, nada de armas, nada de comercio, nada de nada. Todos los miembros de la ONU están obligados por ley a poner fin a la presencia de Israel en el territorio de Palestina. Punto».

Las sesiones de La Haia han demostrado el creciente consenso internacional sobre la fórmula de los dos Estados soberanos, uno israelí y otro palestino, mutuamente reconocidos.

El derecho a la autodeterminación, tal como explica Sands, comprende el derecho a la integridad territorial, a la no manipulación demográfica, al ejercicio de la plena soberanía sobre los recursos naturales y a escoger el propio modelo económico, social y cultural de desarrollo, y es ante todo un instrumento para la descolonización, y no se puede confundir con fórmulas que buscan resolver cuestiones internas o secesionismos de los Estados constituidos donde ya se ha ejercido internamente. Todos estos elementos de la libre determinación del pueblo palestino han sido vulnerados por Israel con la prolongada ocupación, colonización y anexión de territorios, con el asentamiento de 700.000 colonos ilegales y la construcción del muro de separación, según el alegado de Sands.

Cabe notar que en su último libro, La última colonia, sobre el caso de los habitantes desposeídos del archipiélago de Chagos, que Sands defendió y ganó en La Haya, quedan en muy mal lugar tanto Reino Unido como Estados Unidos, las mismas potencias que ahora han torpedeado el caso palestino y que están en el origen del conflicto y de su persistencia. A la hora de dar la independencia a la isla de Mauricio, Londres segregó ilegalmente el archipiélago para ceder la isla de Diego García a Estados Unidos, donde instaló la mayor base aeronaval del Índico destinada a cubrir las intervenciones militares en todo el Gran Oriente Medio y ser utilizada incluso como lugar de detención e interrogatorio en la guerra global contra el terrorismo.

 

Colonialismo de Londres y Washington

La deportación forzosa de la escasa población de Chagos en 1973 –1.500 nativos de Diego García y quizás un millar más del resto del archipiélago— para convertir las islas en espacio de uso exclusivo militar es descalificada por el escritor y abogado con muy buenos argumentos jurídicos y asimilada a un crimen contra la humanidad. Hay bastantes paralelismos entre el caso de las islas del Índico y el de Palestina, incluso en los argumentos jurídicos en defensa de los intereses derivados del colonialismo de Londres y Washington. Lo más destacado es precisamente la defensa del derecho a la libre determinación vulnerada en ambos casos. No es difícil prever que Philippe Sands, como ha ido haciendo con los casos que ha traído como abogado, algún día nos aportará una potente narración sobre el caso palestino a partir de su actual experiencia.