Cuando todavía estamos sufriendo las turbulencias de la salida traumática del Reino Unido de la Unión Europea, un nuevo foco de tensión en el seno del proyecto europeo se abre con fuerza en el extremo oriental y refuerza la crisis que la Hungría de Viktor Orbán ha estado suscitando en Europa central a lo largo de los años.

El 7 de octubre de 2021 el Tribunal Constitucional de Polonia adoptó una decisión (caso K 3/21) que, sin ninguna duda, constituye el desafío e incluso la ruptura más flagrante del orden jurídico europeo planteado jamás por un estado miembro.

El caso arranca con una petición singular por sí misma. El primer ministro, Mateusz Morawiecki, presenta una demanda en la que solicita que el Tribunal determine la adecuación respecto a la Constitución polaca de una serie de artículos contenidos en uno de los pilares «constitucionales» del sistema jurídico europeo, concretamente el Tratado de la Unión Europea. El origen de esta petición debe buscarse en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión que han declarado repetidamente la ilegalidad del sistema polaco de nombramiento de jueces sobre la base del incumplimiento del principio de independencia judicial establecido en el artículo 19 del Tratado.

Por tanto, tal como han destacado algunos de los expertos que han estudiado a fondo la sentencia (Jacub Jaraczewski, «Gazing into the Abyss. The K 3/21 decision of the Polish Constitutional Tribunal», Verfassugnsblog, 12 de octubre de 2021, disponible en línea en: https://verfassungsblog.de/gazing-into-the-abyss/), la intención del Gobierno polaco con este recurso era atacar e invalidar la jurisprudencia del tribunal de Luxemburgo (cosa que es imposible hacer directamente) cuestionando el artículo que sirve de base legal a los pronunciamientos relativos al sistema judicial polaco.

El alto tribunal polaco entra en el juego del Gobierno y dicta una sentencia en la que declara la incompatibilidad, respecto a la Constitución, de toda una serie de artículos del Tratado de la Unión Europea. Se trata de preceptos que establecen principios fundamentales y articuladores del edificio jurídico en el que se basa el sistema legal de la Unión Europea. En definitiva, la sentencia acaba declarando incompatible con la norma fundamental del país el principio mismo de la primacía del derecho europeo (especialmente del derecho originario) frente a los sistemas jurídicos de los Estados miembros, así como el respeto a una serie de principios comunes del funcionamiento de los respectivos sistemas judiciales (sobre todo en lo que se refiere a la independencia) como fundamento básico que debe permitir la cooperación y la aplicación del derecho en el conjunto del territorio de la Unión.

La sentencia es jurídicamente insostenible y se basa en una interpretación completamente infundada, e incluso chapucera, tanto del derecho europeo como del propio sistema legal polaco. Más de quince años después de la aceptación e incorporación de los principios jurídicos fundamentales de la Unión, si las autoridades polacas están realmente convencidas de la incompatibilidad de estos principios con el derecho nacional, tendrían tres caminos legítimos a seguir: cambiar la constitución, intentar cambiar los tratados de la Unión, o bien iniciar un proceso de salida, o Polexit.

Esta sentencia plantea conclusiones de enorme gravedad, pero al mismo tiempo no suscita un cambio sustancial en las condiciones actuales de integración de Polonia en la Unión. La decisión constituye, esencialmente, un papel que el Gobierno podrá mostrar para justificar su forma grosera de atacar el fundamento del sistema judicial del país y asediar la independencia de sus integrantes. Un papel sobre cuya base, asimismo, se podrá apuntalar de iure (algo que de facto ya se estaba produciendo) la desobediencia a las sentencias dictadas por la justicia europea.

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Una especie de venganza

Es importante, pues, insistir en el hecho de que, a pesar de que incluso en algún momento de la resolución que comentamos se hiciera alguna referencia indirecta a la aplicación de los mecanismos y procedimientos de salida de la Unión, esta sentencia no puede verse como la activación de ningún tipo de Polexit. Más bien hay que verla, por una parte, como una operación en clave interna para darle una pátina de corrección jurídica al incumplimiento del derecho comunitario ante una población que sigue siendo mayoritariamente proeuropea, y, por otra parte, como un desafío jurídico, casi diríamos que como una especie de venganza y asedio frente a las instituciones europeas.

Habría que añadir, además, que en esta tensión el Tribunal de Luxemburgo juega sobre todo un papel instrumental, dado que la presión polaca se dirige en realidad a aquellos que toman decisiones en el día a día de la política europea, especialmente a la Comisión. Un papel instrumental que también hay que atribuir al Tribunal Constitucional de Polonia, en la medida en que se trata de una institución totalmente politizada, cuyos miembros han sido nombrados sin respetar las salvaguardias, procedimientos y criterios necesarios, incluidos los establecidos por las normas que le son aplicables para garantizar un grado mínimo de legitimidad, capacidad técnica e independencia.

La presión polaca se dirige a aquellos que toman decisiones en el día a día de la política europea, especialmente a la Comisión.

Hablamos, pues, en definitiva, de una sentencia jurídicamente insostenible, dictada por un tribunal completamente desprovisto de legitimidad, que solo puede ser leída en clave política (en el peor sentido del término).

Algunos han intentado comparar esta sentencia con la decisión del Tribunal Constitucional Federal alemán del 5 de mayo de 2020, que declaró inconstitucional un programa de compra de bonos del Banco Central Europeo. Es cierto que desde el punto de vista jurídico esta decisión resulta sorprendente y podría considerarse un cuestionamiento, al menos puntual, del principio de la primacía del derecho comunitario. Ahora bien, es importante destacar que en este caso el objeto de la declaración de inconstitucionalidad es un programa concreto y definido, no el derecho originario o «constitucional» de la Unión consagrado en sus Tratados. La decisión alemana, aunque cuestionable, es una objeción muy concreta en relación con una decisión específica en materia de política monetaria, mientras que la sentencia polaca no es más que una «enmienda a la totalidad» al sistema de principios y valores europeos.

 

Bloque iliberal

Cuestión más compleja que el análisis jurídico de la sentencia es cómo gestionar este nuevo y contundente movimiento que confirma la emergencia de un bloque iliberal de países en el marco de la Unión Europea. Estados que, pese a aceptar formalmente los principios de la democracia y del Estado de derecho, en la práctica han ido adoptando e incorporando toda una serie de medidas y reformas que habrían despojado progresivamente al conjunto del sistema político e institucional de las salvaguardias y contrapesos propios de un sistema liberal.

Hay que mencionar también un detalle de no poca importancia. Estados como Polonia y Hungría no solo forman parte del mercado y el club de las democracias europeas avanzadas que integran la Unión Europea. También forman parte del sistema europeo de protección de la democracia y los derechos humanos que articula el Consejo de Europa, así como de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, construida sobre la base del compromiso político de cada uno de los Estados participantes en lo relativo a los principios y valores fundamentales paralelos a los ya mencionados.

La sentencia polaca no es más que una «enmienda a la totalidad» al sistema de principios y valores europeos

En consecuencia, nos hallamos ante una crisis que no solo amenaza el ámbito de la Europa de los 27, sino la idea de Europa en un sentido mucho más amplio, la Europa surgida de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra fría. Una Europa en la cual, pese a la existencia de diferencias en el grado de desarrollo e implementación, parecía existir durante décadas un compromiso de mínimos en materia de progreso democrático, reforzamiento institucional y protección de los derechos fundamentales.

 

Castigos y sanciones

Es evidente que un desafío con las características de la sentencia comentada aquí plantea la cuestión de los instrumentos al alcance de la Unión para contrarrestarlo. En lo que se refiere a posibles castigos y sanciones, hay que tener presente que aquellos que precisen una determinada mayoría, e incluso la unanimidad, contarán presumiblemente con la oposición de otros Estados «escépticos», empezando por Hungría.

Igualmente, es evidente que esta sentencia causará un daño irreparable en el actual mecanismo de cooperación judicial entre Estados de la Unión. Ya hemos visto en el caso catalán que este es un mecanismo muy sensible, susceptible de plantear importantes dudas interpretativas e incluso tensiones entre los diversos Estados. En el caso polaco, sin embargo, lo que la sentencia puede generar, como consecuencia jurídica más inmediata, es la cancelación de los mencionados mecanismos en lo relativo a este país.

Esta sentencia causará un daño irreparable en el actual mecanismo de cooperación judicial entre Estados de la Unión.

Por otra parte, es desde el punto de vista político desde donde seguramente podemos apreciar un mayor impacto: un impacto que probablemente requerirá décadas para ser adecuadamente reparado. El problema no es solo la existencia de un grupo de Estados miembros dedicados a la erosión sistemática de los principios fundamentales de la Unión sobre la base de una interpretación nacionalista de la soberanía nacional, sino la situación que esto genera no solo en relación con las instituciones europeas, sino también con el resto de los Estados miembros.

¿La Unión Europea resulta un actor creíble en el ámbito internacional cuando se muestra incapaz de gestionar internamente violaciones flagrantes de sus propios principios fundacionales? ¿Están dispuestos los Estados buenos a compartir, a medio y largo plazo, espacios de decisión en materias de importancia central para los ciudadanos con unos socios tan poco fiables? ¿Corremos el riesgo de una salida de la Unión no ya de los Estados rebeldes, sino de aquellos que pueden llegar a la conclusión de que, con su configuración actual, el modelo de cohesión e integración europeo ha quedado excesivamente desnaturalizado?

En definitiva, la sentencia polaca que motiva este artículo constituye un hito particularmente preocupante en el marco del proceso de erosión de la unidad europea, que puede acabar minando las convicciones y el compromiso de los Estados y sectores más europeístas.

 

Identidad europea abierta

Es imprescindible, no obstante, terminar este artículo con nota positiva. En un artículo anterior afirmé que la Unión Europea constituye hoy en día un entorno de gran calidad y muy avanzado en la promoción y preservación de los valores y principios asociados a la democracia y el Estado de derecho. Afirmaba también que el futuro del proyecto europeo depende no solo del derecho y de los mecanismos y procedimientos de fiscalización correspondientes, sino también del despliegue de una cultura política basada en una identidad europea abierta, plural y deliberativa.

En consecuencia, hay que tomar conciencia del hecho de que el futuro del proyecto europeo, en su sentido más amplio, depende de todos y cada uno de nosotros, del tipo de sociedades que construyamos y de nuestra capacidad para preservar un entorno político abierto y alejado de pulsiones esencialistas o nacionalistas contrarias a los principios liberales más fundamentales.