La aprobación inicial de la proposición de ley de amnistía parecía garantizar la continuidad de la legislatura, a pesar de los previsibles obstáculos en el camino. Pero, solo unos días más tarde del paso de la ley por el Congreso, la decisión de los Comunes de bloquear los presupuestos de la Generalitat ponía en marcha una cadena de acontecimientos que derivaron en la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña y, de rebote, en la suspensión de la tramitación de las cuentas generales por el gobierno de España. Son unas consecuencias de gran magnitud que han puesto de relieve el tacticismo de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE y la precariedad de su liderazgo.

Nos encontramos ante unas elecciones en Cataluña que serán extraordinariamente determinantes. Hasta hace muy poco era generalmente admitido que la auténtica prueba de fuego para la estabilidad del gobierno de España serían las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de junio que, por la presión de la oposición, acabarían adquiriendo un carácter plebiscitario. La situación ha cambiado radicalmente porque las elecciones en Cataluña anticiparán el veredicto. En principio, clarificarán si se produce un cambio sustancial en el equilibrio político o bien se confirma la persistencia de la que hemos calificado de década perdida. En definitiva, el retorno de la retórica processista. Y aclararán también las perspectivas de supervivencia del gobierno de Pedro Sánchez

Las esperanzas de cambio y también los temores en el nacionalismo continuista tienen una traducción numérica crucial: los 68 escaños que en el particular sistema electoral de Cataluña configuran la mayoría absoluta del Parlament. Si la representación independentista de ERC y Junts queda por debajo de las 68 actas, la previsible victoria electoral del PSC pasará a ser operativa y se podrán ensayar fórmulas de gobierno que abran el panorama a nuevas políticas de reencuentro, de vuelta a la normalidad institucional, de recuperación económica y de impulso federalista.

En el supuesto de que el bloque heterogéneo de las fuerzas independentistas consiga la mayoría parlamentaria, será muy probable que, a pesar de las pésimas relaciones entre ERC y Junts, se constituya un frente de bloqueo dirigido a evitar a toda costa la propuesta de cambio de Salvador Illa. Los primeros compases de la campaña electoral han desvelado tanto la confrontación total y un poco grotesca entre Esquerra y Junts como su coincidencia en la animadversión hacia el candidato socialista, ahora tildado de «delegado de La Moncloa».

La confirmación del retorno a la lógica processista es una perspectiva inquietante porque, más allá de las consecuencias negativas para Cataluña, puede precipitar un final abrupto de la legislatura española, la caída del gobierno de Pedro Sánchez y su sustitución por un gobierno del Partido Popular que, en la actual correlación de fuerzas del mapa electoral, tendría que contar con el apoyo –por activa o por pasiva– de la extrema derecha de Vox. Pese a la demostrada capacidad de resistencia de Sánchez, un hipotético fracaso del cambio en Cataluña será interpretado como una quiebra de la apuesta por la amnistía, que no habría servido para promover un cambio político sustancial ni para culminar el apaciguamiento propiciado por los indultos.

En Cataluña, mientras tanto, la recuperación de la lógica processista haría inevitable la combinación de la parálisis de la gestión de gobierno y del persistente declive en los parámetros económicos medibles y en las ambiciones colectivas de una mayoría de los ciudadanos. Los más destacados de los fracasos de esta década perdida se han identificado en el campo de la educación, la carencia de una acción convincente contra la sequía, la fuga de empresas, el retraso en las renovables y el bloqueo en la definición y construcción de infraestructuras, un terreno que se ha intentado integrar también en la carpeta de las reivindicaciones identitarias, como es el caso de la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Tampoco se puede dejar de lado la más estrepitosa y dolorosa de las decepciones que es la del retroceso en el uso del catalán precisamente bajo unos gobiernos nacionalistas.

Los primeros movimientos de la campaña han mostrado un intento un poco patético de recuperación del control sobre el debate público electoral. El Govern Aragonés ha lanzado una propuesta de «financiación singular» cuando ya es muy difícil asociar los fracasos en la acción pública con una pretendida insuficiencia de los recursos disponibles. La iniciativa se sitúa en la lógica de la bilateralidad y de intento de bloqueo de toda perspectiva federal. Es, quizás, ilustrativo del grado de confusión de la política catalana que la crítica más brutal al proyecto haya venido de Junts, el partido que se presenta como el más radical en las reivindicaciones nacionalistas.

Decíamos en nuestro editorial del mes de noviembre que «es absolutamente prioritario el esfuerzo para recuperar la institucionalidad en Cataluña, para creerse, respetar y mejorar nuestras instituciones de autogobierno. Necesitamos una política útil, capaz de gobernar y de impulsar políticas públicas eficientes y equitativas. Hace demasiado tiempo que estamos sin gobierno efectivo». Es un diagnóstico que reiteramos.

«Hemos llegado a un punto –continuábamos– en que es necesario recordar obviedades sobre qué significa gobernar: gobernar tiene que ver con la asignación de recursos de acuerdo con unas estrategias y unos programas. Gobernar quiere decir formular y aplicar políticas siguiendo las reglas del juego propias de un estado democrático. Gobernar no es agitar, hacer propaganda, exhibir banderas y pancartas.» Necesitamos un gobierno que gobierne. Porque, al final, es en la manera de gestionar las políticas públicas donde se evidencia la distinción entre la competencia y la incompetencia. He aquí los riesgos y los retos de las elecciones catalanas del 12 de mayo.