En contra de uno de los tópicos más extendidos del repertorio antipolítico, en las campañas electorales los partidos no suelen dejar de lado los problemas más relevantes de la sociedad. Se objeta, a menudo con razón, que se trata de una actitud oportunista destinada a engañar al electorado con diagnósticos simplistas y propuestas demagógicas que caerán en el olvido el día después de las elecciones. Sin embargo, lo cierto es que en la conversación pública que mantienen los partidos políticos en el actual ciclo electoral están a la orden del día cuestiones como el coste de la vida y las medidas para mitigarlo, la sequía y la gestión de agua, la vivienda y los planes para hacerla asequible, las pensiones y su reforma, las deficiencias de la sanidad pública, entre otros.

Como dice Manel Pérez: «¿No es cierto que la vivienda, junto con la subida de los precios de los productos de primera necesidad, es el primero y principal problema para la mayoría de los españoles? ¿Qué mejor momento que unas elecciones, sobre todo si son municipales, para que los aspirantes a gestionar las ciudades y el gobierno expliquen qué recetas llevan en sus carpetas para hacerle frente?»  (La Vanguardia, 23-4-23).

Sin embargo, estas propuestas electorales deben ser apreciadas con cautela por una ciudadanía escaldada por los grandes anuncios que no se traducen más tarde en realizaciones tangibles. Ignacio Sánchez-Cuenca constata que «el desacople entre los anuncios de planes y sus ejecuciones últimas tiene un efecto desmoralizador en la opinión pública. Se ahonda la sensación de que la política son puros fuegos de artificio. Pero, a la vez, sin esos anuncios los gobiernos no consiguen sobrevivir». Y, por tanto, son propuestas que exigen ser sometidas a un control de calidad: «Para romper con este ciclo perverso es preciso, por una parte, que los medios fiscalicen mejor y hagan seguimiento de las políticas, sin dejarse arrastrar por la dinámica de anuncios constantes de nuevos planes; pero, por otra, también es necesario que los gobiernos inviertan más en la capacidad de gestión de sus respectivos Estados» (El País, 18-4-23). En el mismo sentido, se pronuncia Rocío Martínez-Sampere:  «La evaluación, la rendición de cuentas, la mejora de la deliberación, la disponibilidad de información y el rastreo de las promesas en hechos son fundamentales para que cuando nos vuelvan a decir “no nos representan” sepamos qué contestar» (La Vanguardia, 26-4-23).

Entre todos estos temas destaca por su carácter estructural el problema de la vivienda. Huelga decir que se trata de un problema de gran complejidad que no admite soluciones simplistas, como se deduce de su persistencia en el tiempo y de la poca eficacia de las políticas adoptadas por gobiernos de distinto signo. Ni la orientación neoliberal de dejar la solución en manos del mercado con la mínima regulación, ni la orientación estatista de intervenir fuertemente el mercado han demostrado tener éxito. Los casos de las dos grandes ciudades españolas, Madrid y Barcelona, son un ejemplo: sus visiones contrapuestas no han evitado tener tensiones similares en sus mercados inmobiliarios (José Luis Aranda y Clara Blanchar en El País, 23-4-23).

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En el ejercicio de prospectiva España 2050 presentado por el Gobierno en 2021 se identificaba como punto crítico la dificultad creciente de una parte importante de la población para acceder a una vivienda. Por un lado, el sostenido incremento de los tipos de interés combinado con una inflación de precios y unos salarios decrecientes dificulta el acceso a la propiedad inmobiliaria. Por otra parte, el trasvase de la demanda a la vivienda de alquiler contribuye a tensionar al alza un mercado con una oferta insuficiente de viviendas libres y, especialmente, de viviendas de alquiler social que no llegan ni al 2% del total del parque inmobiliario. Además, en las grandes ciudades y en las zonas turísticas la fuerte demanda ligada al turismo y sectores de la población con alto poder adquisitivo ha provocado que el sobreesfuerzo para poder pagar un alquiler haya aumentado significativamente, sobre todo entre la población más joven y con ingresos más bajos.

Por todas las vías posibles

Un diagnóstico del que lógicamente se deduce la prioridad de reducir progresivamente la proporción de población que sufre un sobreesfuerzo por pagar la vivienda. Por tanto, de ampliar extraordinariamente la oferta de vivienda asequible, sea con un plan para incrementar la oferta de vivienda de alquiler público y social por todas las vías posibles: construcción nueva, rehabilitación, reconversión. Sea con el fomento del alquiler de las viviendas vacías ofreciendo garantías suficientes a los propietarios. Sea incentivando fiscalmente el incremento de la oferta de vivienda de alquiler a precios asequibles.

Como no podía ser de otra forma, la nueva ley por el Derecho a la Vivienda asume el objetivo de «facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, prestando especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables y favoreciendo la existencia de una oferta a precios asequibles y adaptada a las realidades de los ámbitos urbanos y rurales». Y pone el foco en el alquiler planteando la posibilidad del control de precios, la delimitación de la categoría de grandes propietarios o la declaración de zonas tensionadas.

Un planteamiento que José García Montalvo ve desenfocado por el error de diagnóstico de considerar que los grandes tenedores controlan el mercado y que puede llevar a que la limitación de precios produzca efectos colaterales muy negativos como la reducción de la oferta de alquiler y la aparición de un mercado negro (La Vanguardia, 23-4-23).

La ley, «más que una política de vivienda es una promesa de política de vivienda», señala Julio Rodríguez.

Es cierto que la ambición y el alcance de la ley es mucho más amplio, en tanto que trata de ofrecer un marco global a la política de la vivienda para dar cumplimiento al mandato constitucional de hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada. Una ambición que el Gobierno presenta como el quinto pilar del Estado de bienestar, pero como señala Julio Rodríguez, la ley, «más que una política de vivienda, es una promesa de política de vivienda. La cuestión radica en saber cómo se va a cumplir tal promesa» (El País, 15-4-23).

Carme Trilla remacha el clavo al advertir que «para que la política de vivienda sea el quinto pilar del Estado de bienestar, hará falta que toda la nueva normativa venga acompañada de una dotación presupuestaria que nos asemeje a la media europea del 0,6% del PIB (en lugar del 0,1% actual, descontando los fondos europeos Next Generation). Solo así se romperá el escepticismo y pesimismo que se ha ido instalando en la sociedad respecto de la voluntad política de dar solución al tremendo problema de vivienda y desigualdad» (El País, 19-4-23)

Complejidad competencial

Además de la financiación, otra gran cuestión condiciona la aplicación de la ley: la complejidad competencial de la política de vivienda, con un protagonismo central de las comunidades autónomas y un papel subsidiario de los municipios. En el marco de una reflexión más amplia sobre el poder local, Carles Ramió apunta la conveniencia de abrir el debate sobre cómo «empoderar las áreas metropolitanas, las ciudades y los pueblos», para dar «más autonomía y capacidad competencial al Gobierno local para que pueda competir sin las manos atadas a nivel global, nacional o regional» (espublico, 21-04-23).

En definitiva, sin los recursos necesarios y sin un pacto que comprometa a todas las administraciones públicas la cuestión clave de la oferta suficiente de viviendas de alquiler social seguirá siendo el principal problema que resolver. Según Josep Oliver: «en el medio y largo plazo, el origen de estas dificultades continuará siendo el mismo: insuficiencia de recursos públicos, que es por donde sangra la herida de la accesibilidad. Recursos necesarios para atender una promoción de vivienda de alquiler social público durante un largo período y a gran escala; y para promover políticas fiscales más favorables, y más agresivas, de fomento privado de la vivienda en alquiler, como sucede en Francia. Mucho trabajo pendiente. ¿Quizás demasiado?».  (La Vanguardia, 28-4-23). Más claro no puede decirse.