Los hechos son tozudos: el 12 de mayo pasado, en el marco de una contundente derrota de los partidos independentistas, Junts obtuvo menos votos que CiU en 1980, pese al incremento del censo electoral. En las elecciones europeas de unas semanas más tarde, la formación sucesora de Convergència registró su segundo peor resultado desde 1977. No obstante, contra lo que parecería razonable esperar ante un encogimiento electoral tan notorio, Junts ha optado por una política de radical confrontación con el ganador de las elecciones, el PSC, con el objetivo de boicotear la investidura de Salvador Illa y de forzar una repetición de los comicios.

A buen seguro la gran mayoría de la ciudadanía de Cataluña —la que votó y la que se abstuvo en las elecciones del 12 de mayo— espera tener un gobierno que se ponga a trabajar sin falta en la apretada agenda de temas pendientes para afrontar con garantías el progreso económico y social de Cataluña. La magnitud de la empresa es formidable y cada vez se hace más difícil gestionarla por la acumulación de retrasos provocados por el fracaso en la aprobación de los presupuestos y el adelanto electoral subsiguiente.

Estamos hablando, por ejemplo, de poder poner en marcha el plan de reindustrialización con instrumentos como el Pacto Nacional por la Industria ideado por el Govern Aragonès y acordado con la patronal y los sindicatos. O de abordar con decisión prioridades de infraestructuras estratégicas como la ampliación del aeropuerto de El Prat o la continuación del Cuarto Cinturón. También de negociar con el máximo apoyo político y social posible la actualización de la financiación del autogobierno de Cataluña en el marco de la redefinición del modelo de financiación autonómica.

Estamos hablando de avanzar, más allá de las soluciones de emergencia, en un plan para abordar una política integral para hacer frente a la sequía estructural asociada al cambio climático. Del mismo modo que se tiene que recuperar el retraso acumulado en el campo de las energías renovables y que compromete seriamente lograr tanto los objetivos vinculados a la transición ecológica como los relacionados con la productividad de las empresas y la atracción de inversiones.

Estamos hablando de actuar con determinación para responder a los retos que plantea la Cataluña de los ocho millones. Es decir de planificar e invertir para adaptar los servicios públicos educativos, sanitarios, asistenciales a la evolución demográfica, en el bien entendido de que se trata de la condición indispensable, pero no suficiente, para poder cohesionar a una población cada vez más diversa.

Estamos hablando de dar una respuesta efectiva al acceso a la vivienda, una de las grandes preocupaciones de la población más joven y fuente de un malestar social que va en aumento. De una respuesta valiente que aprenda de los errores acumulados tanto por un exceso de regulación como por la confianza ciega en el mercado y que, por lo tanto, se focalice en la construcción de vivienda social de alquiler.

Estamos hablando de dar un golpe de timón a la política educativa, con perspectiva larga, para superar el estado actual de pesimismo y desorientación sobre las posibilidades de nuestro sistema educativo. Como, también, de comprometer al Govern de Cataluña en el impulso y el apoyo a la creatividad cultural que brota en el país y que, muy a menudo se siente desamparada dado el desinterés y la ausencia de iniciativa institucional.

En definitiva, estos temas cruciales de la agenda de gobierno necesitan de un marco de estabilidad política e institucional que permita pensar y actuar en el medio y largo plazo y concitar los acuerdos políticos y sociales para contribuir al objetivo de trabajar por la prosperidad económica y la cohesión social de todos los catalanes y las catalanas.

Pero he aquí que las vicisitudes políticas posteriores a las elecciones del pasado 12 de mayo no parecen conducirnos a este escenario de estabilidad política conveniente y deseable. El mapa político resultante —confirmado en las elecciones europeas del 9 de junio— se caracteriza por la primacía del PSC, la pérdida de la mayoría absoluta de las fuerzas independentistas, la debilidad de la izquierda postcomunista, la recuperación del Partido Popular absorbiendo gran parte del voto de Ciutadans y la presencia consolidada de la extrema derecha, con la novedad de su variante ultranacionalista catalana.

Aun así, la sesión constitutiva del nuevo Parlamento lejos de reflejar la complejidad y diversidad del nuevo mapa político nos ha devuelto por instantes a los tiempos confusos del procés. Con una Mesa de edad que, para empezar, decidió desobedecer al Tribunal Constitucional para facilitar el voto de Carles Puigdemont y Lluís Puig. Con unos discursos de Agustí Colomines y de Josep Rull reivindicativos de las gestas processistes, de su retórica y de su relato, y formulados desde la lógica del pasado al día siguiente de unas elecciones europeas en las que Junts y ERC habían perdido más de 923.000 votos.

Con la imposición de una Mesa de mayoría independentista, bautizada por cortesía de la CUP con el epíteto de antirepresiva. Con la exclusión de la Mesa de la cuarta fuerza política del Parlamento. No deja de ser una ironía de la historia que el mismo día en que entraba en vigor la ley de Amnistía, los beneficiados de la medida de gracia se conjuraran para elegir una Mesa antirepresiva. Una mayoría de la Mesa que no se corresponde con la voluntad popular y que, pese a su legitimidad, es más antirepresiva que representativa.

Es evidente que con este precedente el camino hacia una posible investidura del ganador de las elecciones parece cada vez más tortuoso. En este sentido, hay que advertir del peligro de un uso sectario de las prerrogativas del nuevo presidente del Parlament en favor de los intereses de Puigdemont y de Junts. La decisión de ERC de apoyar la elección de Josep Rull supone, de facto, una claudicación más de los republicanos, reconvertidos en una nueva versión de su antiguo papel de masoveros del pujolismo, y representa entregar a Junts el control de los tempos.

De momento, Carles Puigdemont ha tomado la iniciativa con el objetivo bien conocido de forzar como sea su restitución, a pesar de que es una máquina de perder elecciones, amenazando si no logra su propósito con desestabilizar la política catalana y la española, es decir, con montar un «pollo de cojones», según la afortunada síntesis de su política. Justo es decir, desde Cataluña, que los republicanos tienen en sus manos la clave parlamentaria para evitarlo, pero el problema, para seguir utilizando el mismo lenguaje de Puigdemont, es que a estas alturas Esquerra es un «pollo sin cabeza».

El propósito de Puigdemont cuenta con el apoyo gratuito e incondicional de la CUP, pero sobre todo con el complejo de inferioridad crónico de Esquerra Republicana ante el «gen convergente», en expresión de Enric Juliana, agraviado, como decíamos, por la situación de provisionalidad de su dirección. Puigdemont sabe lo que quiere y Esquerra no lo sabe y no parece estar en condiciones de saberlo, inmersa como está en una crisis de liderazgo y de estrategia.

Más preocupante aún es la dificultad del propósito de pasar página y de abrir un nuevo tiempo en la política catalana mientras se imponga el marco mental del processisme, ni que sea con una repetición reiterada y recalentada de su relato. Más allá de los problemas constitucionales y de aplicación de la amnistía, su punto débil desde el punto de vista político es haber aceptado el Gobierno español la versión de los hechos del independentismo. El actual episodio del Parlament no es otra cosa que su consecuencia.

En el momento de escribirse este editorial se ha hecho presente con fuerza el espectro de la repetición electoral en beneficio de la estrategia de Puigdemont de acabar de hundir a ERC, que puede pagar muy cara su «jugada maestra». Pero quienes de verdad acabaríamos pagando esta insensatez somos los ciudadanos de Cataluña, mientras la agenda de reformas se marchita en un cajón. Quousque tandem abutere patientia nostra? Sí, las palabras que Cicerón dirigió al conspirador Catilina resuenan ahora mismo en la Cámara Catalana. La paciencia de la ciudadanía tiene un límite; también lo tienen el menosprecio de la institucionalidad y la parálisis de la acción de gobierno.