La noción de patriotismo cívico o constitucional, esto es, la hipótesis de que resulta posible la formulación de una idea de “patria” que nada tenga que ver con la de “nación” y sus inevitables excesos “nacionalistas”, constituye un contumaz escollo intelectual y político para abordar los problemas que plantea la convivencia pactada en un Estado plurinacional como el Español, prescindiendo de los desvaríos teológico-políticos del mito de la “soberanía”. El problema, en su versión española, no radica solamente, aunque también, en que este concepto de “patriotismo” se elabora a partir de una burda tergiversación de la historia del pensamiento político (leyendo de modo selectivo a Renán, por ejemplo); en que se deturpa el original concepto habermasiano (silenciando la centralidad de la memoria histórica y la dimensión mítico-simbólica en el mismo); en que se sacraliza la Constitución dotándola de una taumatúrgica inmutabilidad, posponiendo durante generaciones su necesaria reforma; o en que apenas disimula un militante nacionalismo de Estado, obsesionado con la negación del pluralismo nacional. Su principal patología, sin embargo, reside en que cercena, desde el inicio, el necesario e irrestricto debate sobre los acuciantes desafíos culturales, nacionales y territoriales de la España del Siglo XXI. En lo que sigue, proponemos para la reflexión del lector o lectora algunas razones, que consideramos de peso y siempre a prueba de mejor argumento, para descartar, de una vez por todas, un concepto que no solo resulta inútil, sino en extremo nocivo para el inaplazable diálogo político en torno a una nueva, tan necesaria idea de “España” democrática e inclusiva. Apuntémoslas muy brevemente:

En primer lugar, porque postula una insostenible “huida de la nación”, fomentando el espejismo de que resulta factible construir una sociedad democrática atendiendo tan solo a la relación entre los ciudadanos singulares y el Estado, mediante los mecanismos, irrenunciables, del Estado Constitucional y de Derecho. De esta suerte, se pretende dar por resuelto a priori el problema sustantivo e irreductible de la Nación que subyace inevitablemente a todo Estado pues, como han mostrado hasta la saciedad las ciencias sociales de nuestro tiempo, todo proceso de State-building lo es también de Nation-building. Por el contrario, esta perspectiva individualista liberal, cuando no neoliberal, abandona la doble tarea del debate democrático en este ámbito; a saber: reformular la democracia para acomodar razonablemente el pluralismo cultural y nacional de nuestra sociedad; revisar a fondo la idea de nación heredada del siglo XIX, trufada de esencialismo organicista y excluyente. Parece como si se abrigara la huera esperanza de haberla exorcizado por el mero hecho de no mentarla: “Nación feliz, sin duda, la que no alberga pensamiento alguno sobre sí misma” (Laswell, toda una autoridad al respecto).

En segundo lugar, porque desconoce que la Nación, toda Nación, consiste en una articulación específica, inextricable de elementos culturales y cívicos, que resulta imposible escindir mediante la tan manida como candorosa dicotomía “patriotismo cívico”/ “nacionalismo étnico”. Pues ni por asomo los supuestos patriotismos cívicos, incluso republicanos y no digamos constitucionales lo son en completa ajenidad a componentes culturales, lingüísticos, históricos, institucionales, mítico-simbólicos, en rigor: nacionales. Ni todos los nacionalismos culturales emergen de un oscuro fondo natural orgánico que conduce irremediablemente al descensus ad inferos del racismo y la xenofobia, en completa ajenidad a las categorías de la ciudadanía, el derecho y la Constitución. El desafío pendiente, a estas alturas, no reside en ocultar la nación bajo el ala de la patria, potenciando una invisibilidad que impide examinarla en profundidad, sino en dar cuenta críticamente de sus asunciones indiscutidas, de su hipotecada herencia del pasado, de sus carencias presentes ante un mundo cambiante y complejo. Es preciso sacar a la luz sus postulados más recónditos, discutirlos, crear e imaginar alternativas, pues la democracia no consiste tan solo en representación y Constitución, sino en deliberación e inclusión, en codeterminación e interdependencia. Hay que analizar, en suma, qué específica síntesis de elementos cívico-culturales se postula, explícita o implícitamente, como constitutiva de lo nacional-popular; qué narrativa ha resultado hegemónica entre varias posibles; qué mayoría o grupo ha impuesto su relato de nación (desde el Estado o contra el Estado); en fin, qué resulta impresentable a día de hoy y debe ser cribado sin absolución alguna. Apelar a la Constitución no resuelve el problema, pues no solo obvia esa tarea democrática pendiente, sino que encubre que la Constitución misma rebosa de elementos particularistas, extra y pre constitucionales: nacionalidades y regiones, derechos históricos, Monarquía, religión católica… que poco o nada tienen que ver con una lectura jurídico-formalista de la ciudadanía si no es, precisamente, a través de la muy cuestionable idea de nación española que sustentan.

En tercer lugar, porque nos impide entender la nación y el Estado, toda nación y todo Estado, no como un hecho dado de antemano, una identidad cristalizada en la noche de los tiempos, sino como el resultado, contingente, abierto y contestado, de un abigarrado proceso histórico. Un proceso de construcción nacional que prosigue en nuestros días, que se desenvuelve en los órdenes más diversos, en la Constitución, el derecho, las instituciones, pero también en la cultura, la historia, la lengua, las artes, la literatura el cine, la música, los mitos y los símbolos. Ser conscientes de este complejo proceso, muchas veces desapercibido, siempre inacabado, a menudo disputado, resulta vital para someter a permanente escrutinio crítico y normativo los rasgos con los que se configura el “nosotros” que se esgrime frente al “ellos”, quienes y por qué razones son “los otros”, qué es lo “diferente”, qué se considera “propio” y qué “ajeno” o “étnico” (¿“música étnica”?). Viene a ser el caso que, tras los valores universales de la Constitución se agazapan a menudo unos muy particulares “valores de los españoles”, que tras el lenguaje de los derechos se atisba la rancia filosofía del “aquí hacemos las cosas así”, o el “somos más y estábamos aquí antes”. Por eso resulta preciso alzar el velo universalista que encubre la identidad nacional, evitar la agradecida noche del patriotismo constitucional en la que todos los gatos son pardos, para aguzar nuestra mirada sobre el proceso constitutivo de nuestras identidades colectivas, siempre plurales, solapadas, jerarquizadas y, las más de las veces, conflictivas.

En cuarto lugar, porque nos veta atender la pluralidad irreductible que palpita bajo los patriotismos cívicos de la “República indivisible, laica, democrática y social” (Francia, art. 1 de la Constitución); del “pueblo unido, que desciende de los mimos antepasados, habla el mismo idioma, profesa la misma religión y está ligado a los mismos principios de gobierno” (USA, El Federalista nº 2); en fin, de la “indisoluble unidad de la Nación española” (art 2. CE). Pluralismo que afecta, en primer lugar, a la autonomía territorial y personal: nos referimos aquí no solo a la existencia incuestionable de Estados plurinacionales, sino a la inverosímil transparencia del postulado monista: un territorio, una lengua, una Nación, una historia… se formule ora desde el Estado nacional, ora en su contra, desde el Principio de las Nacionalidades. Debemos asumir la evidencia, negada una y otra vez, de que toda Nación – con Estado o sin Estado -constituye un conjunto heterogéneo de mayorías y minorías identitarias, culturales o lingüísticas. En segundo lugar, no debe olvidarse el pluralismo político interno de proyectos nacionales que compiten en el seno de la misma nación, las diferentes lecturas de su historia, su cultura y su lengua, la presencia de interpretaciones antagónicas (nacionalistas o no nacionalistas) de la identidad colectiva, a partir de los mismos hechos diferenciales, la lucha siempre abierta por la hegemonía de lo nacional-popular.

En quinto lugar, porque la apelación unilateral a los principios de la Constitución y el derecho, resulta deudora de una tosca asunción híper-racionalista, muy desactualizada científicamente, que deturpa de raíz la visión de la política que la subyace. Pues desatiende el capital papel que desempeñan las emociones en todo proceso político, especialmente en la identificación y la movilización democrática de la ciudadanía. Según esta pre-concepción, la patria cívica constituiría una suerte de sereno topos uranos de las ideas, un Olimpo de la Razón, mientras la Nación devendría, de modo ineluctable, una suerte de tolladar encenagado por las más funestas pasiones. Hoy sabemos, de la mano de las neurociencias y la psicología social, que la razón resulta inseparable de la emoción, que la política consiste en una compleja interacción de principios, intereses y emociones. No hay menos peso emocional en unas elecciones que en un referéndum, en un debate parlamentario que en una manifestación callejera. La atención debe situarse, más allá de la quimérica pretensión de desterrar la dimensión afectiva de lo político mediante una imaginería mecanicista de división de poderes y contrapesos, en la evaluación crítica de qué emociones resultan compatibles con una sociedad democrática basada en el igual respeto de ciudadanos y comunidades iguales y solidarios (empatía, solidaridad, fraternidad), y cuales la vuelven imposible (resentimiento, aversión, odio, desprecio, venganza).

En sexto lugar, porque la idea de patriotismo cívico o constitucional permanece elocuentemente muda ante un hecho singular: que el procedimiento de adquisición de la ciudadanía se base en la nacionalidad y no en la residencia. Esto es, en el criterio étnico del ius sanguinis, no en el cívico ius solis que sería de esperar. Porque solo los connacionales son ciudadanos, en nuestros países guiados, nos dicen, por el patriotismo cívico y constitucional, para ser ciudadano hay que nacionalizarse. Y para “naturalizarse” hay que superar una serie de pruebas de asimilación que se endurecen sin cesar. Por doquier, a los requisitos tradicionales de nacionalización, residencia y transcurso del tiempo, se añaden nuevas exigencias nacionalizadoras, ocultas bajo el ropaje de la “integración cívica”: culturales (pruebas de lengua, test de valores nacionales, nivel educativo), económicas (contrato de trabajo, cualificación), simbólicas (declaraciones de adhesión nacional), e incluso penales (ausencia de condenas por delitos o faltas).

En séptimo lugar, en fin, porque el apriorismo de que la nación resulta esencialmente ajena a la democracia, mero asunto de nacionalistas de vario pelaje, nos deja inermes, carentes de argumentos políticamente idóneos y específicos ante los nacionalismos de Estado y contra el Estado. Si el lenguaje de la democracia habla solamente, como se reitera una y otra vez, de derechos y libertades individuales, de Constitución, de división de podres, la dimensión nacional deviene, en sí misma, ayuna de toda reflexión sustantiva. Pero tras la sombra de la patria se yergue ominosa la sombra de la nación esencial y, al no nombrarla, al excluirla de la claridad feliz de la Constitución, al no habérnoslas críticamente con ella, entre fervorosas protestas de patriotismo, se practica nacionalismo de Estado, al estilo de aquel Jourdan, el burgués gentilhombre de Molière, que llevaba cuarenta años hablando en prosa sin saberlo.

Y cuando ese nacionalismo español, que soñábamos haber reducido a mera anécdota a partir de 1978, se radicaliza, extrae todas las conclusiones de las premisas que durante años hemos dejado pasar indiscutidas, absortos como estábamos con el nacionalismo de “los nacionalistas”, se presenta ante nosotros como nacional-populismo autoritario, de la mano de millones de votos, es más, con un insospechado poder de contaminación y chantaje a otras fuerzas del espectro político. Y nos encuentra, muy patriotas, muy cívicos, muy constitucionalistas, pero huérfanos de una idea alternativa y democráticamente movilizadora tanto de España como de Estado español. De España, porque desde estas premisas resulta imposible atisbar la nada fácil construcción inclusiva de una “nación de naciones”. De Estado español, porque la ablación de lo nacional se prolonga en una interpretación “cooperativa”, re-centralizadora del Estado de las Autonomías, que veta imaginar siquiera un federalismo plurinacional a la altura de aquella España plural de identidades traslapadas. Singular paradoja: huyendo despavoridos de la construcción de una nueva idea de Nación pluralista de España, facilitamos aún más espacio político para los nacionalismos de Estado y contra el Estado, y dilatamos sine die la necesaria reforma federal, no solo de nuestra Constitución sino de nuestra, en no menor medida obsoleta, cultura política. Y abandonamos, además, reconfortados en nuestra ceguera patriótica, el terreno mismo en el que se ventila la lucha política por la hegemonía.