«España considera la iniciativa marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución de la disputa sobre el Sahara.» La noticia saltó un viernes a media tarde y llegó de Rabat, no de Madrid. Era el Gabinete Real marroquí quien informaba del cambio de posición oficial de España respecto a su antigua colonia del Sahara Occidental, de la cual es todavía, sobre el papel, la potencia administradora.

El origen de la filtración no fue el único elemento que desconcertó a los observadores. La «más» seria, realista y creíble. Con este superlativo, España se convertía en el país que ha ido más lejos en el alineamiento con el reino alauita después de Donald Trump, quien en diciembre de 2020, pocas semanas antes de abandonar la Casa Blanca, reconoció la soberanía marroquí del Sahara. El Gobierno de Pedro Sánchez ha ido más allá que la Administración Biden, que mantiene un calculado silencio sobre el paso de su predecesor y se ha limitado a declarar que «continúa considerando el plan de autonomía como serio, creíble y realista». Más allá, también, que Alemania e incluso que Francia, que lo han definido como «una buena base» para alcanzar un acuerdo.

Había otra frase en la misiva de Sánchez, publicada unos días después por El País, que llamó la atención: la que defendía la colaboración para «garantizar la estabilidad y la integridad territorial» de los dos países, un enunciado que puede ser interpretado por Rabat como un reconocimiento implícito de la condición marroquí del Sahara.

Ese era el punto final a la política de neutralidad activa que España ha mantenido desde hace casi medio siglo. Muchos lo han interpretado con un brusco viraje, sobre todo teniendo en cuenta que menos de un año antes, en abril de 2021, el Gobierno socialista había tomado una decisión arriesgada en sentido contrario: salvar la vida en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario y máximo enemigo de Marruecos, Brahim Ghali, en una operación clandestina que los espías marroquíes descubrieron y que hizo saltar por los aires la relación bilateral. (Un hombre, Ghali, por cierto, que no ha perdonado nunca a España la traición de 1975 y que está convencido de que si los saharauis hubieran tenido a Francia como potencia colonizadora, hoy serían independientes).

¿Por qué se comporta España como si fuera la parte más débil del binomio, cuando dispone de muchas palancas para presionar a Rabat?

La ira marroquí por el auxilio a Ghali solo tardó unas semanas en manifestarse con contundencia: la llegada de 10.000 inmigrantes a Ceuta obligó a movilizar al ejército y suscitó una advertencia europea por el uso de la inmigración como arma política. La embajadora marroquí hizo las maletas y los encuentros bilaterales quedaron suspendidos. Sánchez sacrificó a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, pero la crisis, que ha durado diez meses, no se ha cerrado hasta que Madrid ha cedido en el asunto del Sahara, la ficha más valiosa para Marruecos.

 

La provincia número 53

Los detractores de este giro político denuncian la enésima traición española a sus responsabilidades históricas con la antigua provincia número 53 y hablan de una capitulación frente al chantaje marroquí. ¿Por qué se comporta España, se preguntan, como si fuera la parte más débil del binomio, cuando dispone de muchas palancas para presionar a Rabat (el comercio, la inversión, la ayuda a la cooperación e incluso la energética, ahora que Argelia ha cerrado el gaseoducto Magreb-Europa)? ¿Cómo puede ser la coacción una base para una buena relación entre vecinos?

Los defensores de la decisión, en cambio, la ven como un obligado ejercicio de pragmatismo político, tanto por lo que se refiere a la dinámica del propio conflicto como a la salvaguarda de los intereses de España.

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En todo caso, el viraje no ha sido tan brusco como muchos han querido entender, sino que constituye más bien el colofón de un largo proceso español de basculación hacia las posiciones de Rabat. Mientras que la opinión pública simpatiza abrumadoramente con el independentismo saharaui, en las esferas de poder hay mucha más tibieza y, sobre todo, una gran conciencia de la tenaza diplomática, territorial, migratoria y de seguridad que ejerce Marruecos en una eterna y compleja balanza entre los intereses puros y duros y los deberes morales pendientes.

La huella de Moratinos, muy próximo al actual titular de la cartera de Exteriores, José Manuel Albares, se trasluce en el giro ejecutado por el Gobierno Sánchez.

Estos equilibrios estuvieron detrás de los acuerdos de Madrid de 1975, firmados mientras Franco agonizaba y por los cuales España cedió la administración del Sahara a Marruecos y Mauritana. Después de resistirse durante años a la descolonización (la maniobra de declarar el Sahara provincia española pretendía ganar tiempo), el dictador había asumido la creación de un nuevo Estado saharaui, confiando en que se mantendría bajo la influencia de España. Pero cuando se hizo evidente que el nuevo país sería gobernado por el Frente Polisario y bajo la tutela de un régimen revolucionario como Argelia, el lobby promarroquí en el consejo de ministros consiguió imponer la tesis de que convenía más entregar el territorio a Marruecos, una monarquía conservadora y tradicional que históricamente mantenía buenas relaciones con España.

La apuesta española por la autonomía no puede considerarse una novedad. Está presente desde el origen mismo del plan. Otra cosa es que hasta ahora este apoyo se haya ejercido entre bastidores. Hace quince años, España, entonces también con un gobierno socialista (José Luis Rodríguez Zapatero), fue uno de los países que animaron a Rabat a redactar una oferta de autonomía. Los cables diplomáticos que WikiLeaks filtró en 2010 ofrecen un atisbo de la discreta pero sustancial implicación de España en aquel proceso, bajo la batuta del ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, un hombre que trabajó en la embajada de Rabat y que conoce bien las aristas de la relación. Muy próximo al actual titular de la cartera, José Manuel Albares, la huella de Moratinos se trasluce en el giro ejecutado por el Gobierno Sánchez.

 

Al rescate del vecino

En 2006, según recogen los cables escritos por los diplomáticos de Estados Unidos, el ministro elaboró un non-paper, un documento no oficial de ideas para la resolución del conflicto, en el que sugería abandonar el «vocabulario de la descolonización» para adoptar otro de «regionalización», así como enterrar los conceptos de soberanía e independencia y empezar a hablar de autonomía y autogobierno. Citaba Cataluña como modelo. En aquellos cables, que recogen reuniones a puerta cerrada y documentos como este que nunca se hicieron públicos, no solo queda claro el asesoramiento español a Marruecos, sino también la decepción con el plan que al fin se presentó en 2007, que Madrid consideró que se había quedado muy corto.

España ha salido al rescate de su vecino cuando este se ha visto en dificultades en la mesa de negociación, una constante que se ha repetido tanto con gobiernos socialistas como de derechas. Ocurrió en 2003 con el plan Baker II, la propuesta de paz que más consenso ha suscitado, pero inaceptable para Marruecos porque incluía un eventual referéndum de autodeterminación. El presidente español era entonces José María Aznar y hacía menos de un año del choque del Perejil, uno de los capítulos más oscuros de la relación bilateral.

Pese a todo, España, que en aquel momento se sentaba en el Consejo de Seguridad, fue clave para abrir una puerta de escapatoria a los marroquíes: junto con Francia, presionó para que el plan no fuese impuesto a las partes, cosa que permitió a Rabat enterrarlo. En este sentido, España ha sido un actor que ha favorecido el refuerzo del statu quo y la perpetuación del conflicto, que claramente han ido a favor de las tesis marroquíes.

También, cuando el Frente Polisario ha llevado al Tribunal de Estrasburgo los acuerdos de cooperación de la UE con Marruecos, España se ha alineado invariablemente con Rabat, como parte formal en su defensa y, cuando ha hecho falta, presentando recursos a las sentencias contrarias a los intereses marroquíes en el Sahara.

España ha sido un actor que ha favorecido el refuerzo del ‘statu quo’ y la perpetuación del conflicto.

El contundente apoyo de Sánchez al plan de autonomía ha resuelto la crisis con Marruecos, pero a costa de incendiar la relación con el otro gran vecino del sur, Argelia, el principal valedor del Frente Polisario y eterno rival del reino alauita, con quien rompió relaciones el verano pasado. Cuál será el alcance de su respuesta es todavía un interrogante. El anquilosado régimen argelino suele tardar en reaccionar. En todo caso, parece que en Madrid se ha hecho el cálculo de que también en Argel se acabará imponiendo el pragmatismo y de que su gobierno no caerá en la tentación de esgrimir el gas como arma política contra España.

 

Argelia, suministrador fiable

El contexto geopolítico favorece a Argelia, con la guerra de Ucrania y una Europa desesperada por reducir la dependencia energética de Rusia. Pero los expertos señalan que, a corto plazo, el país norteafricano tiene las manos atadas. Por un lado, tiene una limitada capacidad de exportación, con una fuerte demanda interna que va en aumento. Incrementar la producción con la explotación de nuevos yacimientos implica costosas inversiones que requerirían años y están rodeadas de incertidumbre, porque se encuentran en la inestable zona sur del país.

Cortarle el grifo a España para vender a otros clientes europeos también implica la construcción de nuevos gaseoductos y plantas de gas licuado. Argelia puede cambiar de socios preferenciales, como ha dicho que hará, pero consolidar ese giro requerirá años. A corto plazo puede castigar a España subiendo el precio (no sería la primera vez), aunque se cuidará de no incumplir ningún contrato y de no dañar su imagen de suministrador fiable.

La reciente admisión de que, en el momento álgido de la crisis con Marruecos, los teléfonos del presidente Sánchez y de varios ministros fueron espiados con el software israelí Pegasus deja al gobierno español en una posición incómoda. Todos los afectados estaban implicados en el dosier marroquí. Incluso Luis Planas, que ocupa la cartera de Agricultura, pero que es sobre todo uno de los miembros del Ejecutivo que mejor conoce el país, ya que fue embajador en Rabat siete años. Planas es un protagonista recurrente en los cables de WikiLeaks. Entre los espiados, aunque el Gobierno no ha dejado claro si con Pegasus o con otros métodos, está también la ministra González Laya, bestia negra de Marruecos.

Desde la Moncloa se ha evitado apuntar hacia Rabat. Tampoco el Gobierno francés confirmó nunca que los teléfonos del presidente Emmanuel Macron y de 14 ministros hubieran sido espiados por los servicios de inteligencia marroquí, como denunció el verano pasado el consorcio periodístico Forbidden Stories. Pero nuevas revelaciones pueden acabar obligando al Gobierno Sánchez a dar explicaciones. Forbidden Stories tiene una lista de 200 teléfonos españoles que un cliente de Pegasus había puesto en su punto de mira. Los expertos de Amnesty Tech, la división tecnológica de Amnistía Internacional, están convencidos de que este cliente es Marruecos, porque es el mismo que espió a periodistas y activistas de aquel país.

 

Problemas de credibilidad

El Frente Polisario sigue aferrado al referéndum de autodeterminación que la ONU le prometió en 1991, cuando firmó el alto el fuego, mientras que Marruecos se limita a poner sobre la mesa una simple consulta para ratificar la autonomía. La oferta marroquí tiene problemas de credibilidad: un sistema autonómico requiere por definición que la autoridad central ceda parte de su poder, cosa difícil en una monarquía absoluta. Tampoco es que los saharauis tengan que imaginar demasiado. El trato de Rabat a la región del Rif no resulta esperanzador.

Pese a todo, el equilibrio de fuerzas —militares, económicas, demográficas y también diplomáticas— es claramente favorable a Marruecos. Las idas y venidas entre España y el norte de África de Antony Blinken y otros altos cargos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que han coincidido con el giro español, hacen pensar que ha habido una cierta concertación. Y es el apoyo de las grandes potencias, más que las razones morales, lo que acaba decidiendo la suerte de los conflictos internacionales. La realpolitik pesa tanto como toda la arena del desierto.