En política&prosa, desde el comienzo mismo, hicimos bandera de la pluralidad lingüística como uno de unos pilares consustanciales de la pluralidad española. Por eso, en enero de 2019, dedicamos a este tema el dosier del número 3 de la revista, con un editorial que todavía hoy sigue vigente: Les llengües de Sepharad. Desde entonces, la polémica lingüística no solo se ha envenenado, sino que las disputas políticas han traspasado la puerta de la escuela catalana. Hay que decir, de entrada, que debemos dejar a la escuela en paz para poder rehacer el consentimiento social y político sobre la lengua.

Para ello, debemos recordar el marco de referencia: la Constitución y el Estatut. El preámbulo de la Carta Magna proclama la voluntad de «proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones» y el artículo tercero establece que «el castellano es la lengua española oficial» y que «las otras lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas». Este mandato, cuarenta años después, choca con cualquier intento de recortar el estatus del catalán; todas las propuestas que quieran alterarlo atentan contra el espíritu y la letra del pacto constitucional.

En  Cataluña, el mandato de referencia es el Estatut. «La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es la lengua normalmente empleada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza» (artículo 6.1). «El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen el derecho de utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho y el deber de conocerlas» (artículo 6.2). El Estatut nos recuerda así una doble obviedad: del hecho de que el catalán sea la lengua propia de Cataluña no se desprende que el castellano sea una lengua impropia o extraña.

El Tribunal Constitucional aceptó que el catalán fuera  el «centro de gravedad» del sistema educativo para corregir el desequilibrio histórico, pero pidió que el castellano fuese también lengua docente, en un grado u otro. ¿En cuál? En el que estableciera la autoridad académica, es decir, el Departament de Ensenyament. Por eso, más allá de los recursos judiciales cruzados, habría que asumir lo que ya es normal con frecuencia: un marco de geometrías variables según el contexto sociolingüístico de cada centro. El castellano debe ser vehicular, en un grado u otro, como lo habría de ser también una lengua extranjera si se quiere garantizar su conocimiento y alcanzar el objetivo del trilingüismo.

Desde esta óptica, ha sido la inacción de la Generalitat para reconocer una realidad que, en la práctica, ya se aplicaba en la mayoría de las escuelas del país lo que ha acabado llevando a la fijación del porcentaje del 25 % de castellano por una providencia del Tribunal Supremo que confirmaba una resolución del TSJC. Hay que decir que esta cuota apriorística no se aviene con la geometría variable del mapa escolar, que debe determinarse, como decíamos, por el contexto sociolingüístico. Por eso, para salir del embrollo, se impone rehacer el consenso lingüístico sobre la escuela catalana y liberar a la comunidad escolar de esta carga añadida.

Para hacerlo, hay un intangible que no se debe olvidar: la complejidad catalana —también el bilingüismo— no es un déficit sino un superávit. Los ciudadanos de Cataluña aprenden desde pequeños que el nombre de las cosas no se confunde con las cosas —una taula es también una mesa— y, a la vez que aprenden a leer y escribir, aprenden a tener una visión plural de la realidad. Desde política&prosa reivindicamos este marco de referencia, que no niega el conflicto, sino que lo integra, frente a una doble tentación: dar un paso atrás o emprender una fuga hacia delante. Hay que hablar o entender las diversas lenguas de Sepharad por respeto mutuo, por consentimiento recíproco, por aceptación cultural de la alteridad.

Como se puso de relieve en las Jornades per renovar el consens lingüístic a Catalunya, organizadas el 28 y 29 de enero por la Fundación Campalans, hay que empezar por rehacer el consentimiento social y político que se ha resquebrajado durante la década prodigiosa del procés independentista con el paso del catalanismo político hacia el soberanismo. La cuestión de fondo, como lo ponen de manifiesto los datos, no reside en la escuela: si ha bajado el uso social del catalán en una generación que ha aprendido esta lengua, el problema no es de conocimiento sino de identificación. No podemos seguir cayendo en la tentación de ligar el futuro del catalán con una determinada apuesta política ni acotar su destino a los límites de un techo institucional. Eso sería deservir a la lengua.

El objetivo, en el ámbito de la enseñanza, es preservar la escuela común. Este es el modelo, no la inmersión lingüística, que es sólo uno de sus instrumentos. Es el modelo de referencia que en la Transición defendió Marta Mata —voz preclara del movimiento de renovación pedagógica del país— frente a la tención de dividir a los alumnos en dos redes escolares según su lengua. El derecho de elección de los padres, como explicaba, ya se ha ejercido en casa; el papel de la escuela es garantizar la igualdad de oportunidades de los alumnos —también por lo que se refiere al uso de las lenguas— para asegurar su inserción futura tanto social como laboralmente.