El 19 de julio de 1936, Consuelo Pastor era directora de la Biblioteca Popular de Valls y directora de la biblioteca de la Escuela de Bibliotecarias de la Diputación de Barcelona. A las puertas del final de la Guerra Civil, en febrero de 1939, una gestora presidida por Josep M. Milà i Camps, conde de Montseny, se hizo cargo de la corporación. A continuación declaró cesados a todos los funcionarios de la Generalitat —que había sido absorbida por la Diputación— y dejó en suspenso al personal que había formado parte de la misma antes del año 1931.

Los funcionarios que querían ser readmitidos tuvieron que presentar una solicitud detallando su actuación política antes y después del inicio del alzamiento rebelde. Por medio de un cuestionario de unas veinte preguntas, las autoridades querían saber la ideología, la militancia política y sindical, los ascensos durante la contienda y, además, los aspirantes tenían que aportar dos avalistas y pruebas documentales. Es lo que hizo la bibliotecaria. Pastor, que entonces tenía 52 años, explicó a las nuevas autoridades franquistas que el 5 de agosto de 1938 había huido a Perpiñán con la intención de pasar a la llamada «España Nacional», pero que su salud y asuntos familiares se lo habían impedido. Y que tampoco había podido volver a Cataluña hasta el 6 de mayo de 1939.

Añadió que en otoño de 1936 había estado afiliada a la UGT «por creerlo forzoso» y que había recibido durante una temporada un plus de guerra, de 100 pesetas. Durante la contienda la Generalitat había requisado la Biblioteca del Instituto de Cultura y la había convertido en la Biblioteca Popular Profesional Femenina. Pastor ejerció de bibliotecaria y confesó que, a pesar de que allí era empleada única, el resto de trabajadoras «todas de ideas derechistas» habían continuado trabajando en la institución sin problema.

La Falange informó a la comisión gestora de la Diputación que Pastor era «persona de ideas catalanistas». El jefe superior de policía de Barcelona, en cambio, detalló que era «persona de arraigados sentimientos católicos y que durante el Movimiento prestó ayuda moral y material a personas perseguidas». Y que era afecta el régimen. Era, además, soltera, y había vivido en una pensión de religiosas. Esto la benefició. Después de analizar su caso, en diciembre de 1939 el juzgado militar especial de funcionarios de la Diputación provincial de Barcelona propuso que fuera readmitida a la corporación sin imponerle ninguna sanción.

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