Las consecuencias de la invasión de Ucrania por Rusia y la devastación de Gaza por Israel –una guerra en Europa y la otra en los aledaños–, tanto en los territorios directamente afectados como en el orden geopolítico mundial, marcarán la década de 2020, si hasta 2030 no ocurre algo peor.

Estas guerras, no declaradas, han sido justificadas por los agresores invocando Rusia la defensa preventiva, que no existe como figura jurídica, e Israel, que reconoce estar en guerra, la legítima defensa contra el terrorismo de Hamás; los agredidos, ucranianos y palestinos, han calificado los ataques de actos criminales.

Al margen de los contendientes, ha habido una amplia gama de opiniones públicas y privadas sobre los dos conflictos, dependiendo el sentido de la opinión de la alineación estratégica del país, el nivel de libertad informativa, el posicionamiento ideológico, la tradición cultural e incluso el peso de la religión, principalmente en relación con el enfrentamiento entre Israel y los palestinos.

En todos los casos, las opiniones emitidas por los agresores, los agredidos, los simpatizantes de los unos o los otros y los neutrales –en la medida que se pueda ser ideológicamente neutral ante tales acontecimientos– incorporan con más o menos claridad referencias al derecho para justificar o condenar los hechos. En general, son referencias genéricas, más próximas al juicio moral que al rigor jurídico, pero no deja de ser sorprendente, y paradójico, que el derecho violado, escarnecido, menospreciado o desconocido, figure en los argumentos de todos, aunque la alusión al derecho sea confusa, apenas reconocible como derecho.

Estas referencias a lo jurídico invitan a examinar la función del derecho, en particular del derecho internacional, dado que las dos guerras tienen carácter internacional: la de Ucrania entre dos Estados soberanos, la de la Franja de Gaza una más entre Israel, un Estado constituido en 1948, y los palestinos que tienen su Estado en constitución desde la Resolución 181 de 1947 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de partición de Palestina en dos Estados, uno judío y el otro árabe-palestino.

 

La insoslayable función del Derecho internacional

El Derecho internacional, este derecho de los Estados y para los Estados, tiene mala imagen en la calle, mala prensa en los medios y mala interpretación en los foros. Ello se explicaría por la dificultad de comprensión de su naturaleza, con frecuencia también del contenido de las normas, y por la aparente falta de eficacia frente a determinados conflictos armados.

No es raro que tertulianos radiofónicos y televisivos o columnistas y comentaristas políticos carguen gratuitamente contra el derecho internacional, negándole toda credibilidad y utilidad. La exclamación «¿para qué sirve este derecho?», no es una pregunta retórica que pudiera denotar interés en lo que sea el derecho internacional, sino un aserto implícitamente condenatorio del derecho.

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No es raro que tertulianos o columnistas y comentaristas políticos carguen gratuitamente contra el derecho internacional, negándole toda credibilidad y utilidad.

Se olvida o se desconoce que muchos de los actos de la vida cotidiana: la comunicación postal y telefónica, el transporte terrestre, aéreo y naval de personas y mercancías, el comercio de artículos y productos  del mundo entero, entre otros muchos actos, cuando son  transfronterizos son posibles por  la existencia de una tupida red de tratados y acuerdos internacionales que  se cumplen religiosamente y que regulan las complejas relaciones de los Estados, las Organizaciones internacionales y, en alguna medida,  el individuo y las empresas, sobre todo las multinacionales.

Cuando, por ejemplo, la Unión negocia por cuenta de los Estados miembros la pesca de excedentes en caladeros de una zona económica exclusiva de un Estado tercero, lo que se convenga en relación con las especies, el volumen de las capturas y la estacionalidad se plasma en un protocolo o acuerdo internacional regulado por unas reglas precisas, que son derecho internacional

Durante la pandemia del covid-19, el mundo entero estuvo pendiente de los informes y declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sigla popularizada de un organismo especializado en actuar como autoridad directiva y coordinadora de asuntos de sanidad internacional, que forma parte del sistema de cooperación internacional auspiciado y, en cierto modo, tutelado por las Naciones Unidas. La OMS debe su existencia a un tratado multilateral y tiene una personalidad jurídica distinta de la de los Estados Parte y actúa en el mundo entero amparada por el derecho internacional.

La práctica totalidad de las actividades humanas se encuentra facilitada a nivel internacional por más de 300 organizaciones con fines especializados y con variantes organizativas, algunas con siglas conocidas, la UNESCO, la FAO, la OIT, el GATT, etc., otras desconocidas para el gran público, todas sometidas al derecho internacional y funcionando con las reglas de este.

El mundo actual necesita absolutamente la cooperación por su enorme complejidad, su fragmentación dentro de la globalización, sus escisiones a causa del muy diferente desarrollo, poder y riqueza de los Estados, por los colosales desafíos a la humanidad entera del cambio climático y de los riesgos nucleares, tanto los civiles procedentes de las centrales que producen toneladas de residuos radioactivos durante siglos, como los militares con la locura de arsenales de miles de ojivas atómicas.

Y esta cooperación se institucionaliza mediante la técnica de un instrumento, el derecho, que formaliza la voluntad de las partes en tratados y acuerdos internacionales y la regula durante el desarrollo de la cooperación ya sea global, regional, multilateral, bilateral, civil en sus múltiples manifestaciones o militar, cuyo modelo más notorio es la OTAN.

En nuestro espacio continental, la Unión Europea es una construcción de los Estados europeos en continua evolución, que actualmente es el más atrevido y exitoso experimento de integración económica y política supraestatal del mundo, y que se basa en tratados internacionales que, aun con ciertas especificidades, son derecho internacional.

Lo cierto es que el mundo funciona gracias al derecho en su vertiente internacional, aunque atribuir tal virtud al derecho pueda parecer una licencia retórica exagerada.

Solo una parte del derecho internacional, la que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales o que regula los conflictos armados para humanizarlos en lo posible concentra el mayor número de vulneraciones y las más graves, vulneraciones que focalizan la atención  de la opinión pública porque provocan numerosas víctimas y destrucciones, pero el derecho internacional considerado en su conjunto se respeta, sus disposiciones se cumplen y las resoluciones adoptadas bajo su amparo se acatan.

Hay tratados que han resistido incólumes el paso del tiempo y grandes avatares internacionales, respetados por Estados enfrentados u hostiles en otros campos, como la Convención de Montreux de 1936 sobre el tránsito por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos de buques de guerra, cuyo paso Turquía barró a las armadas de Rusia y Ucrania el 27 de febrero de 2022, en aplicación de la Convención, y estas aceptaron el cierre.

Otros tratados por razón de la materia han alcanzado la universalidad en poco tiempo como el Convenio de Viena de 1985 para la protección de la capa de ozono suscrito por 197 Partes:  todos los Estados miembros de la ONU así como por las Islas de Niue y Cook y la Unión Europea, Convenio completado por el Protocolo de Montreal de 1987 que concreta la reducción de la producción y el consumo de clorofluorocarbonos. Un éxito de la cooperación internacional, puesto que el cumplimiento del tratado ha permitido que la capa de ozono se recuperara, y una muestra de la eficacia del derecho internacional en la cooperación.

Es, precisamente, cuando se hacen sonar frívolamente tambores de guerra, como ahora, cuando más hay que recordar que la solución es el derecho y no la guerra.

Aunque el derecho no pueda evitar el comienzo de una guerra, siempre se halla presente en su fin. En la historia contemporánea se ha salido de todas las guerras mediante un acuerdo internacional que formaliza el fin de las hostilidades, ya sea en una forma mínima, el Armisticio de Corea de 1953, temporal, el Armisticio de 1918 entre los Aliados y el Reich alemán, o definitiva, mediante los tratados de paz, por ejemplo, el de los Aliados con Bulgaria, Hungría, Finlandia, Italia y Rumanía en 1947, que permitió a estos Estados la recuperación de la plena soberanía.

 

El factor humano del dirigente

De las guerras de Ucrania y de Gaza también se saldrá por un acuerdo jurídico. La cuestión que merece plantearse es por qué se sale del derecho –Rusia e Israel salieron de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional, en definitiva– y se entra en la guerra, si después hay que salir de la guerra y volver al derecho, que es eficaz para resolver las controversias y regular la cooperación internacional. Un viaje inútil a un coste en vidas y recursos atroz. Y es, precisamente, cuando se hacen sonar frívolamente tambores de guerra, como ahora, cuando más hay que recordar que la solución es el derecho y no la guerra.

Una primera respuesta al interrogante habría que buscarla en el factor humano del dirigente, en Rusia en Vladímir Putin, en Israel en Benjamín Netanyahu, pero el factor humano ha sido ignorado o despreciado por doctrinas que han tenido una gran influencia cultural y han dejado un poso ideológico, como el marxismo, mientras que la historia muestra que la personalidad del dirigente ha resultado determinante en la mayor parte de los desastres. Por eso tantos temen un hipotético regreso de Donald Trump, ahora que han conocido su personalidad embustera, turbulenta y peligrosa.