Cuando en diciembre de 2018 Vox irrumpió en la política española, con su inesperado éxito en las elecciones al Parlamento andaluz, donde obtuvo 12 escaños, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, lanzó una «alerta antifascista». Cientos de jóvenes se lanzaron a las calles de las principales ciudades andaluzas para denunciar el retorno de un régimen que en su mayoría no habían conocido y señalar a sus votantes con un calificativo cuya versión coloquial, facha, había suavizado con el tiempo sus aristas.

Como antes hicieran negros u homosexuales, el líder del nuevo partido, Santiago Abascal, supo desactivar los epítetos que le lanzaban sus adversarios y apropiárselos: «Si quieres a España, ¡facha! Si defiendes sus fronteras, ¡xenófobo! Si te molesta pagar con tus impuestos 17 parlamentos, ¡centralista! Si rechazas la ley de Memoria Histórica, ¡franquista! Si no admites que se criminalice a la mitad de la población, ¡machista!… Sus insultos nos los ponemos como medallas.»

El vade retro de Podemos no frenó el avance de un fantasma que, tras haber recorrido media Europa, reaparecía en el país que hasta entonces se creía inmunizado por cuatro décadas de dictadura militar. En 2019 pasó de estar fuera del Congreso a conseguir 24 diputados en abril y 52 en noviembre, convirtiéndose en la tercera fuerza política.

La polarización y el peso de la aritmética llevaron a que, en los siguientes cuatro años, el PP lo acabara aceptando como socio de gobierno en autonomías y ayuntamientos. En las movilizaciones contra los indultos primero y la amnistía después para los encausados por el procés se le presentó ya como un miembro más de la familia de partidos autodenominados «constitucionalistas». Vox no ocultaba su propósito de demoler el Estado de las autonomías pero lo quería hacer, se decía, a través de los procedimientos previstos en la propia Constitución. A fin de cuentas, peleaba por ocupar sillones en los gobiernos autonómicos que aseguraba querer suprimir.

Vox peleaba por ocupar sillones en los gobiernos autonómicos que aseguraba querer suprimir.

Quienes lo calificaban de fascista olvidaban que este movimiento político surgió en un contexto histórico determinado, la Europa de entreguerras, y tuvo características muy diferentes en los países en los que alcanzó el poder. Aunque Vox ponía El novio de la muerte para calentar sus mítines y su dirigente Ortega Smith apareciera en un vídeo disparando un subfusil del Ejército, el partido no tenía escuadras paramilitares que recorrieran los barrios a la caza del inmigrante.

 

Deriva cesarista

Pero tacharlo de fascista –lo que resultaba, como mínimo, anacrónico— desviaba la atención sobre el asunto de fondo: si se ajustaba en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos, como mandata la Ley 6/2002 de Partidos Políticos. La democracia interna es manifiestamente mejorable en todas las fuerzas políticas, que en su mayoría han experimentado una deriva cesarista que deja la última palabra en manos del líder y de un pequeño cenáculo. Pero la formación de Abascal ha llevado al extremo esta tendencia autocrática.

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Igual que Podemos, Vox es un partido asambleario, según sus estatutos. En su   Asamblea General, máximo órgano decisorio, tienen derecho a participar, con voz y voto, todos sus afiliados con al menos nueve meses de antigüedad. De manera directa, sin representantes, intermediarios ni delegados.

Sin embargo, desde marzo de 2019, los afiliados no han podido asistir a ninguna de estas asambleas anuales. La dirección del partido alegó entonces que no disponía de un local para albergar a toda la militancia, mientras alquilaba el palacio madrileño de Vistalegre para mítines multitudinarios. Sus asambleas se han convertido en un cónclave de cargos orgánicos y públicos, muchos de ellos profesionales de la política, que los afiliados de base se limitan a contemplar telemáticamente.

En cada asamblea se ha dado una nueva vuelta de tuerca a los estatutos para estrechar o eliminar los cauces de participación.

En cada asamblea se ha dado una nueva vuelta de tuerca a los estatutos para estrechar o eliminar los cauces de participación. Los afiliados reciben los cambios propuestos pocos días antes de la reunión, sin posibilidad de debatirlos o enmendarlos y sin explicación muchas veces sobre su necesidad o conveniencia. Solo pueden votar sí o no a través de la web.

 

Las primarias, suprimidas

Así se eliminaron, en 2019, las elecciones primarias para designar a los candidatos a cargos públicos. La dirección dijo que no había tiempo debido al anticipo de las elecciones generales, pero nunca han vuelto a celebrarse; a pesar de que, cuando surgió, Vox se quiso diferenciar del PP con el lema «aquí sí hay primarias» y en 2015 un militante canario, Carmelo González, se prestó a disputar con Abascal para dar una apariencia democrática a su designación como aspirante a La Moncloa.

Suprimidas las primarias, la lista de candidatos a ayuntamientos o parlamentos autonómicos la aprueba el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), a propuesta de los comités ejecutivos provinciales (CEPs). Los CEPs son los nudos de la malla territorial de un partido que carece de organización regional. Aunque el aparato central creó un ejército de comisarios políticos, conocidos como hombres de negro, para controlarlos, estos seguían siendo el escalón más próximo a los afiliados, por lo que reflejaban sus inquietudes y conflictos.

En septiembre de 2020 se convocaron elecciones internas para renovar los CEP,s en las 19 provincias con más de 500 afiliados. Las gestoras designadas desde Madrid para sustituir a los comités democráticos disueltos en meses anteriores, voluntariamente o por la fuerza, vieron la oportunidad de revalidar su poder con el aval de los afiliados y, para lograrlo, cometieron múltiples irregularidades, provocando un escándalo mayúsculo. De las siete provincias donde se celebraron elecciones internas (por superar más de una candidatura el 10% de los avales) se anuló todo el proceso electoral en tres por sus groseras manipulaciones. Solo en Málaga ganó el aspirante crítico y acabó dimitiendo a los pocos días ante el boicoteo de la dirección nacional. Algunos disidentes recurrieron a los tribunales, que ordenaron repetir las primarias en Granada y Murcia, pero ya no era posible, porque habían desaparecido de los estatutos.

En declaraciones a una emisora de radio, Abascal mostró su «preocupación» por la «zozobra y enfrentamiento» que había provocado el proceso electoral y sugirió sustituir la elección de los comités provinciales en primarias por su designación a dedo desde Madrid. Se trataba de callar el ruido que genera la democracia acabando con la democracia misma. Dicho y hecho. En la asamblea de abril de 2022, por sorpresa, se suprimieron las elecciones a cargos internos. Abascal adujo que Vox seguía siendo democrático porque su máximo órgano, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), era elegido por sus afiliados. Pero no está tan claro.

 

Abascal, candidato único

En 2019, cuando el partido entró en las instituciones, Abascal decidió ampliar el mandato del CEN, y el suyo propio, de dos a cuatro años. En marzo siguiente tocaba renovar la dirección. Como en los comités provinciales, los candidatos debían presentar el aval del 10% de los afiliados. Carmelo González, el canario que en 2015 aceptó servir de figurante en la designación de Abascal, se presentó de nuevo. Pero esta vez no fue bienvenido. El Comité Electoral sentenció que no había reunido los avales necesarios. Ni siquiera le informó de cuántos avales había obtenido. El Comité Electoral es el único que tenía acceso al registro telemático de los avales y uno de los miembros de dicho comité, la vicesecretaria jurídica Marta Castro, era juez y parte, pues figuraba en la lista de Abascal.

Este último fue proclamado candidato único, al ser el único que reunía suficientes avales. Aun así, los estatutos le permitían someterse a la ratificación de los afiliados, pero no quiso hacerlo. Fue designado presidente por cuatro años sin que nadie lo votara y sin que a día de hoy se sepa cuántos avales recibió. Lo mismo ha sucedido con los sucesivos cambios estatutarios que ahogaron la democracia interna: se informa del resultado porcentual de las votaciones (siempre por encima del 90%), pero nunca de cuántos afiliados han votado. Si el funcionamiento interno de Vox fuera un espejo del país que aspira a construir, ese país sería una dictadura.

Se informa del resultado porcentual de las votaciones (siempre por encima del 90%), pero nunca de cuántos afiliados han votado.

En 2023 se cambiaron los estatutos del partido para legalizar lo que se venía haciendo y se incluyó la siguiente frase: «La Asamblea General podrá celebrarse presencialmente o por medios telemáticos. El voto será preferentemente telemático para garantizar el respeto al principio de funcionamiento democrático». Nadie explicó por qué un voto telemático sin ningún tipo de control es más democrático que el presencial. Carmelo González, el rival de Abascal, acudió a la asamblea de Vox en la que este último fue proclamado. Pese a lo que dicen los estatutos, no se le dejó entrar.

La falta de democracia interna contrasta con la promesa de Vox de celebrar referendos al amparo del artículo 92 de la Constitución. No se trata de que la sociedad civil pueda promover consultas populares tras un debate público, sino de que el Gobierno las convoque sobre los asuntos y en los términos que él mismo decida. Y con carácter no vinculante. Es lo que ha hecho el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para reforzarse en su batalla contra la política de inmigración de la UE.

 

Partido no democrático

Su estructura y funcionamiento no son los únicos factores que acreditan que Vox no es un partido democrático. Lo confirma el hecho de que no respete el artículo 20 de la Constitución (libertad de información) y vete a los medios de comunicación no afines en sus ruedas de prensa. O que se proponga ilegalizar a los partidos nacionalistas periféricos (PNV, ERC, Junts o BNG) y a la izquierda del PSOE. O que quiera imponer a toda la sociedad sus convicciones morales y religiosas, prohibiendo el aborto incluso en caso de violación. O que sus dos principales líderes (Abascal y el vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé) crean que la soberanía no reside en el pueblo español sino en la Nación española, un concepto abstracto que incluye a los españoles muertos y por nacer y en cuyo nombre se puede invalidar lo que decida la mayoría de los españoles realmente existentes.

No respeta el artículo 20 de la Constitución (libertad de información) y veta a los medios de comunicación no afines en sus ruedas de prensa.

Aunque lo más preocupante quizá sea que no condenara a sus dos principales aliados, el estadounidense Donald Trump y el brasileño Jair Bolsonaro, cuando recurrieron a la violencia para intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones. Porque un partido no es democrático por llegar al gobierno a través de las urnas, sino por aceptar su veredicto cuando le dan la espalda. El problema es que para entonces puede ser demasiado tarde.