Por primera vez en una década los presupuestos de la Generalitat de Cataluña han sido aprobados antes de terminar el año. Desde el inicio del procés, pese a la amplia mayoría parlamentaria independentista que daba apoyo al Govern, los presupuestos siempre se habían aprobado más tarde de lo previsto o se habían acabado prorrogando. Cuando no era porque no se contaba con los apoyos necesarios, era porque se tropezaba con una convocatoria electoral anticipada o sencillamente porque había otras prioridades. En definitiva, una dejadez alarmante a la hora de disponer de las cuentas públicas dentro del plazo y de la forma adecuada.

Que este año tengamos presupuestos de la Generalitat es una buena noticia porque ello pone de manifiesto que los tiempos de turbulencias políticas empiezan a quedar atrás y que se va recuperando una cierta normalidad institucional. Pero si esto ha sido posible no es por un repentino ataque de madurez del socio independentista especializado en dificultar la aprobación de las cuentas y la gobernabilidad. Al contrario, la CUP, una vez más, se ha negado a apoyar los presupuestos. La diferencia es que en esta ocasión el Govern, al menos la parte liderada por Pere Aragonès, ha decidido no someterse al chantaje de los anticapitalistas con su exigencia de un referéndum cuando aún no se han cerrado las heridas de los episodios de 2017. Conviene recordar que esta fue precisamente la condición exigida por la CUP después de tumbar los presupuestos de Carles Puigdemont y haberlo abocado a una moción de confianza.

En lugar de ello, se ha optado por explorar alianzas alternativas, pese a la ambivalencia de algunos sectores de Junts per Catalunya, paradójicamente el partido del conseller responsable de presentar el proyecto presupuestario. Descartando el ofrecimiento reiterado de los socialistas, el presidente Aragonès se decantó por los Comunes, al considerarlos un socio más digerible para sus electores, tal como hizo de modo puntual el presidente Joaquim Torra para aprobar los presupuestos de 2020. A diferencia de lo ocurrido en ese precedente, la cooperación entre partidos distintos no se ha interrumpido, permitiendo la aprobación encadenada de los presupuestos del Estado, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, con los fondos europeos Next Generation como telón de fondo.

Esquerra Republicana ha vuelto a dar su apoyo a los presupuestos del Gobierno de coalición del PSOE y Podemos, escenificado simbólicamente en torno al compromiso de la financiación de la producción audiovisual en catalán. El veto republicano a los presupuestos nunca resultó creíble, porque no servía de nada aprobar las cuentas de la Generalitat si no se aprobaban las del Estado, que incorporan la partida del fondo Next Generation, con una parte del cual ya contaba la propia Generalitat. Son los fondos que han de permitir aumentar el techo de gasto y destinarlo a las necesidades perentorias en los ámbitos de la sanidad, la educación y otras políticas sociales.

Junts per Catalunya, por su parte, ha podido permitirse el gesto de rechazar los presupuestos generales del Estado porque sabe que su decisión no tiene ninguna consecuencia, comportándose así como un polizón en toda regla.

Al mismo tiempo, en contraprestación al apoyo recibido de los Comunes, Esquerra Republicana ha facilitado la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona, rectificando su oposición inicial. Un mal trago para el líder de los republicanos en el consistorio, Ernest Maragall, que tuvo que desdecirse y subordinar su estrategia municipal a los intereses generales del partido.

Republicanos, socialistas y comunes han optado por el pragmatismo con unos intercambios en los que todos ganan. Cada uno lidera una institución con el apoyo o la connivencia de alguno de los otros, cosa que permite intuir, dada la imposibilidad de combinaciones alternativas, que la continuidad y la estabilidad de los distintos gobiernos está garantizada. El gobierno de la Generalitat puede parecer el más frágil por la presencia de Junts per Catalunya, aunque este partido, pese al galimatías interno, no se arriesga a perder cuotas de poder.

Más allá de los presupuestos, esta disposición pragmática ha facilitado los acuerdos para desencallar la renovación abusivamente demorada de los cargos con el mandato caducado de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Greuges y la Sindicatura de Comptes, entre otras. Se trata, en principio, de una buena noticia, en la medida en que se agrietan los bloques políticos establecidos por el procés y se recupera la normalidad institucional del autogobierno. Pero quizá no sea tan buena noticia si de lo que se trata es de reincidir en las dinámicas de ocupación partidista de unas instituciones que deberían regirse por una estricta competencia profesional. Porque, de momento, parece que se ha impuesto más bien la lógica del cartel party, además de la exclusión de más de la mitad de los partidos del Parlament. En este caso, renovación no equivale a regeneración.