En las últimas dos décadas, tras los acuerdos de Kioto, primero, y de París, después, la Unión Europea (UE) se ha marcado como objetivo liderar a nivel mundial el camino de la lucha contra el cambio climático y la neutralidad en carbono.

La transformación de nuestra economía y nuestra sociedad en un modelo neutro en emisiones para el año 2050 lleva asociado el desafío de aunar los objetivos climáticos con el suministro de energía asequible, seguro y competitivo, de modo que el logro de dichos objetivos no obstaculice el crecimiento.

En esta línea, la taxonomía fue concebida, en un primer momento, con el propósito de identificar y diferenciar ante los inversores a las empresas que aplicaran las mejores prácticas de sostenibilidad medioambiental. De este modo, se premiaría e incentivaría la asunción de dichas actividades ante los mercados. Sin embargo, este objetivo, en principio positivista y coherente, fue desarrollado de forma menos ecuánime, aplicando sesgos que no permitían fomentar las iniciativas asociadas con las mayores reducciones de emisiones de carbono, sino que se basaba en tecnologías preferentes, rompiendo con el principio de neutralidad tecnológica.

Y, posteriormente, la taxonomía adquirió un carácter aún más excluyente, con iniciativas como la «Taxonomía marrón», que contemplaba la potencialidad de elaborar una lista negra de actividades que, aun pudiendo ser descarbonizadas, quedarían fuera del rango aplicable. Este enfoque descartaría, por ejemplo, la capacidad que tiene la tecnología de captura y secuestro del carbono (CCS) como fuente de descarbonización.

Esta orientación peyorativa, además, está comenzando a trascender la esfera de la financiación, permeando a otros ámbitos legislativos (pudiéndose utilizar dicha lista para aplicar mayores limitaciones regulatorias) o sociales (apoyando desde la esfera oficial los relatos más beligerantes contra la industria). La obligación para las grandes empresas y entidades inversoras de reportar sus actividades a la luz de su sostenibilidad, también pueden ayudar a alimentar este enfoque, especialmente peligroso, si se hace desde un activismo utópico.

La taxonomía debería seguir teniendo un carácter fundamentalmente financiero, dado que sigue siendo la financiación tanto pública como privada la principal fuente de investigación, innovación y desarrollo. Se hace necesario seguir confiando en los mecanismos de mercado que han impulsado el crecimiento de nuestra sociedad hasta cotas de desarrollo sin precedentes y evitar que esta transformación tenga un carácter disruptivo inasumible y/o excesivamente dirigido. Se deben constituir sistemas que den señales al mercado de la dirección óptima a tomar, pero no es conveniente ser determinista en las vías que nos lleven a ello, dado que no existe una única solución y es posible que algunas de las tecnologías finales que nos conduzcan a un horizonte sin emisiones todavía no hayan sido concebidas.

 

Vías muertas tecnológicas

No podemos correr el riesgo de crear vías muertas tecnológicas de forma artificial, llevando a que las empresas se vean desincentivadas a investigar en tecnologías que contribuyen a la descarbonización, con base en criterios fundamentados más en la ideología que en la ciencia. Tomar medidas muy restrictivas podría, asimismo, afectar de forma muy gravosa a la competitividad de la industria —o expulsarla, directamente, generando «fugas de carbono»— y al poder adquisitivo de la sociedad, especialmente de los hogares más vulnerables.

Por contra, debemos plantear la transición como un recorrido hacia un mix energético más descarbonizado, a través de las tecnologías más eficientes. Por ello, es necesario plantearse el recorrido de forma pragmática, sin preconcepciones, ni exclusiones tecnológicas arbitrarias.

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Mientras que durante sus dos primeros años de vida, el desarrollo legislativo de la taxonomía fue un proceso sin gran repercusión, la cuestión alcanzó plena actualidad con el debate suscitado en enero de 2022, acerca de la propuesta de Acto delegado sobre la consideración de la nuclear y el gas como energías de transición. La controversia hundía sus raíces en el intento de emplear la taxonomía de forma excluyente y dogmática, frente a una corriente más pragmática, liderada por el eje francoalemán que quería volver a incluir la reducción de emisiones en el centro del paquete legislativo.

Es necesario plantearse el recorrido de forma pragmática, sin preconcepciones ni exclusiones tecnológicas arbitrarias.

A pesar de que la política oficial de Bruselas es la potenciación de las renovables, ideologías aparte, el debate sobre si la nuclear y el gas son energías aceptables, no tiene demasiado sentido, dado que el gas es y seguirá siendo necesario en el futuro mix energético, como respaldo frente a las intermitencias de las renovables, y la nuclear constituye una energía de base fundamental y, además libre de emisiones.

Asimismo, el gas sigue siendo indispensable para aplicaciones térmicas en las que la electricidad no es una opción —y esta no sea plenamente sustituible por el hidrógeno— aparte de que el gas, al igual que el petróleo, también se utiliza como materia prima para la petroquímica.

Por ello, la adopción del Acto Delegado de Taxonomía sobre la nuclear y el gas que muchas voces han interpretado como un contrasentido, en realidad implica elegir una transición pragmática y libre de dogmatismos.

No obstante, el hecho de que la votación haya sido tan ajustada es fiel reflejo del pulso interno que se está dando en las instituciones europeas entre dos enfoques distintos con un objetivo similar: mientras que una parte de los legisladores opta por tener en cuenta todas las facetas del problema, y trata de apostar por una transición justa, otros parlamentarios optan por descarbonizar nuestra economía cueste lo que cueste.

Y precisamente el coste de la transición es un factor que es necesario considerar, a la luz de la crisis actual. Hasta el momento, los derechos de emisión y la fiscalidad de la energía han contribuido a la subida de la factura energética de consumidores y empresas. Esto, por sí solo, ha tenido un impacto en la competitividad de la UE respecto al resto del mundo, de modo que la UE ya se está enfrentando a mayores costes de producción y de bienes. Y los impuestos al carbono o comercio de derechos solo son capaces de paliar una parte de este desequilibrio.

 

La dependencia externa de la UE

Las empresas netamente exportadoras, especialmente aquellas que lo hacen a mercados fuera de la UE, sufren de una desventaja inicial sustancial. Mayor cuanto menos especializado sea su producto. Si algo nos han enseñado las recientes tensiones en las cadenas logísticas de material sanitario, bienes de base o alimentos es que no se debe renunciar a ningún tipo de industria.

Las sanciones a Rusia han hecho cristalizar un riesgo que pendía sobre la UE durante las últimas décadas.

La invasión de Ucrania y la respuesta de Rusia a las sanciones, reduciendo el suministro de gas a la UE, ha agravado esta situación, añadiendo a dichos sobrecostes, los derivados de disponer de menores fuentes de suministro de energía. De hecho, las sanciones en respuesta a la invasión de Ucrania han hecho cristalizar un riesgo que pendía sobre la UE, cual espada de Damocles, durante las últimas décadas.

 

La respuesta del Kremlin ha revelado precisamente el grave problema de la dependencia externa de la UE en términos de seguridad energética. Y, hoy en día, y todavía por bastante tiempo, no podemos pretender cubrir enteramente nuestras necesidades energéticas con renovables, dada la intermitencia de estas y la poca madurez que tienen las tecnologías de almacenamiento eléctrico o del hidrógeno.

 

Las primeras grietas

Es precisamente frente al espejo de esta crisis, donde la estrategia monolítica europea basada en la electrificación y el «todo a las renovables» está mostrando las primeras grietas. Y tratando de solventar este problema, hemos comenzado a caer en contrasentidos que nos hacen ver que no podemos fiar todo nuestro futuro a una sola tecnología.

En lo que respecta al gas, dado su carácter indispensable que señalábamos anteriormente, la falta del suministro ruso exigirá su sustitución por otras fuentes, lo que incrementará su importación de Qatar, Estados Unidos u otros orígenes con potencialidad de producción excedentaria inmediata. A este respecto, el gas de fracking de origen estadounidense será fundamental dada su gran opcionalidad y capacidad de incremento puntual de producción.

En este sentido, es llamativo que algunos Estados miembros de la UE, teniendo reservas significativas de gas de esquisto, no tengan la voluntad de explotarlas, con base en criterios más ideológicos que técnicos o medioambientales. Con el desarrollo de dicha tecnología en las últimas décadas y la gran experiencia acumulada en un país con altas exigencias de seguridad, como es el caso de Estados Unidos, podemos decir que la utilización de este recurso es sostenible y de muy bajo impacto medioambiental. Por ello, medidas como la ley de Cambio Climático, que prohibió la exploración de gas en España, o las discrepancias sobre la necesidad de una infraestructura como el Midcat, evidencian un rechazo al aprovechamiento de recursos existentes, en aras de un medioambientalismo mal entendido.

El empleo del carbón sí que nos aleja indudablemente de nuestros objetivos medioambientales.

Por otro lado, algunos Estados Miembro han optado por incrementar su producción eléctrica mediante otras fuentes. Tal es el caso del carbón en Centroeuropa. En el escenario de precios del gas actual, la diferencia entre el coste del kW producido con carbón y con gas es tan elevada, que permite salvar de forma holgada la diferencia en derechos de emisión de carbono, que en el caso del carbón son muy elevados. No obstante, el empleo del carbón sí que nos aleja indudablemente de nuestros objetivos medioambientales.

Francia, ya antes de la guerra de Ucrania, había optado por reforzar su programa nuclear, con el anuncio de la apertura de 6 nuevos reactores y otros 8 en estudio. Dado que muchos de los planes de descarbonización pasan por electrificar la economía, Francia plantea que, de cara a 2050, la necesidad de una fuerte producción eléctrica de base continua está más justificada que nunca.

Francia dispone de cuatro terminales de regasificación que solo puede rentabilizar manteniendo a España como una isla energética.

Sin embargo, esta apuesta por la energía nuclear también responde a una estrategia que, sin menoscabo del mercado interno de energía en la UE, sí lo condiciona de forma sustancial. Un ejemplo significativo se habría producido con la negativa de emprender el gasoducto Midcat, que comunicaría la península Ibérica con Europa central, lo que en la actual coyuntura aliviaría la escasez de gas ruso. Francia está interesada en tener unas buenas interconexiones eléctricas, debido a que su estructura productiva, presente y futura, tiene importantes excedentes de producción en periodo valle, y necesita suministrarlos a otros mercados. Además, Francia dispone de cuatro terminales de regasificación que, dado el escaso peso del gas en su matriz energética, solo puede rentabilizar manteniendo a España como una isla energética.

 

Un futuro libre de emisiones

En definitiva, debemos dejar de utilizar la taxonomía de forma interesada, como combustible para nuestros discursos políticos, o como excusa para nuestros intereses particulares, en bien de un desarrollo legislativo coherente. La taxonomía es una herramienta poderosa para fomentar la transición energética y, si esta se emplea bien, puede canalizar los flujos inversores hacia soluciones creíbles y sensatas que nos lleven a un futuro libre de emisiones, inclusivo y justo para todos. Y como herramienta poderosa que es, también puede convertirse en un problema si se comienza a utilizar como arma arrojadiza en la arena política y social.