Tenemos derecho. Esta frase tiene varias acepciones que es interesante analizar. Por un lado, tiene un significado reivindicativo y, por el otro, también tiene la acepción posesiva de que existe un derecho a nuestra disposición. Los dos significados pueden —y de hecho lo hacen— convivir tranquilamente, e incluso son complementarias, y son, o deberían ser, vasos comunicantes. Es decir, tenemos derecho a la libertad, y la libertad es y está en nuestro derecho. Reivindicamos y poseemos al mismo tiempo. Cuando la sociedad observa que hay un vacío de contenido en el derecho proclamado, exige ese contenido y lo reivindica. Es un binomio absolutamente necesario para el progreso de la sociedad y para el progreso de la persona.

En la Unión Europea hay una cartera de derechos, inspirados y derivados en gran medida de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una cartera con muchas hojas en las que se ha ido escribiendo cada uno de los derechos fundamentales de orden personal, cívico, político, económico y social. Hojas dinámicas que se van llenando de ampliaciones, matizaciones y precisiones, que no hacen más que consolidar cada uno de estos derechos.

Así mismo, en esta cartera hay unos separadores destinados a poner orden en un sistema complejo de derechos que están en continuo movimiento. Estos separadores, al efecto de ordenar las hojas y su contenido, no dejan de tener un poder preeminente en esta cartera, ya que los gradúan, ordenan y priorizan para que estén completos. Estos separadores constituyen los poderes destinados a asegurar que los derechos existan, se cumplan y se difundan cuando convenga. Son estos poderes que llamamos legislativo, ejecutivo y judicial.

Esta cartera no es el fruto de una improvisación, ni mucho menos; ha sido el producto de muchos años de historia en los que la sociedad se ha ido constituyendo, creando un producto llamado Constitución, es decir, una armadura, un marco de convivencia y de ejecución de los derechos y libertades políticas, económicas y sociales. La Carta Magna se debe proteger, preservar, adaptar, mejorar, ordenar por dentro, pero en ningún caso podemos dejárnosla robar por los que pretenden agujerearla, desgarrarla, destrozarla o eliminarla: incluso utilizando las ventajas que les otorga el sistema para, desde dentro, neutralizarla, maquillarla y vaciarla de contenido.

Quizá no es necesario constatar esta sencilla obviedad, pero resulta que esta sencilla obviedad está seriamente amenazada si no somos conscientes del propósito de las ideologías autoritarias y populistas, de determinadas religiones teocráticas y fundamentalistas y, también, de determinados poderes económicos supranacionales y globalizados, de eliminar la cartera de libertades y derechos individuales y públicos, así como los derechos sociales y económicos. Parece lógico decir sin ambages que la lucha por el derecho conquistado, evitando su anulación, constituye la verdadera línea roja más allá de la cual no se puede transigir. Lo contrario es la indignidad, la desigualdad y la erradicación de la libertad.

España y Cataluña no son una excepción en este sentido y no debemos dejarnos llevar a ninguna parte sin ir acompañados de esta cartera de derechos. En el llamado procés se desconectaron las alarmas, se ocultaron ciertas hojas de esta cartera, algunas se graparon, otras se cambiaron de sitio. Se confundieron los separadores y aparecieron ciertos agentes ajenos a esta construcción constitucional con la intención de que la cartera cambiara de manos o se fuera por el arroyo hacia el mar del autoritarismo desintegrador. Quizá también podríamos obviar esta referencia, pero para poder contextualizar el momento actual es imprescindible que la línea roja se repinte con energía si queremos conservar la cartera de derechos.

Una desconexión por parte del Govern y del Parlament de Cataluña, una inoperancia del Ejecutivo central, un 155 en diferido. Sin duda, todo eso fue muy relevante y ha acarreado consecuencias que han afectado a todos los poderes del Estado, tanto en el ámbito central como autonómico. Se han desgastado los partidos políticos y sus líderes, los gobiernos, los legislativos, el poder judicial, el Tribunal Supremo, la Corona y, en definitiva, la Constitución.

Pues bien, si no hacemos nada para preservar las instituciones, para valorar el cometido para el que se constituyeron, nos quedaremos sin estructuras para aguantar el andamio que, con fragilidad, se ha ido construyendo con las únicas herramientas de las que dispone una sociedad democrática y que están amenazadas por parte del autoritarismo y el populismo.

Como hemos dicho al principio, esas herramientas existen. Tenemos derecho y tenemos derecho, en la doble acepción. Pues reivindiquémoslo y utilicémoslo, y exijamos que se utilice adecuadamente. Sin dejación de funciones ni de responsabilidades cuando se han de renovar los órganos institucionales como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. O cuando se abusa del partidismo en las instituciones. O cuando se torpedea la legalidad con prácticas de filibusterismo. O cuando se aprueban leyes a golpe de coyuntura o con escaso rigor. En definitiva, si no se respetan las instituciones y las finalidades para las que fueron creadas hay una abdicación culpable de responsabilidades. Las finalidades y las funciones de las instituciones están claramente definidas; se trata de hacer un buen uso de ellas, porque tenemos derecho a tener derecho y a utilizarlo conforme a derecho.