Si te piden un artículo centrado en la gestión, aunque sea sobre el medio televisivo, sabes que te ha tocado bailar con el más feo. Lo que gusta a la gente, también a los políticos, es que se hable de los contenidos, de la polémica del día o de la importancia de la lengua, en este caso la catalana. Últimamente, cuando se cita a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) también se resalta su falta de independencia y pluralismo. De las pérdidas económicas, de la insostenibilidad de “la Corpo”, pocos se preocupan.

Fui directora general de la CCMA. Solo dos años (2008-2010), suficientes para aprender que los directores de los medios públicos acaban siendo puros gestores de un déficit crónico. A sus consejos de Administración y a los partidos que los eligen – con raras excepciones- les suele interesar más los minutos de pantalla de sus líderes que los millones de euros que se pierden año tras año. No es consuelo que ocurra lo mismo en la mayoría de las cadenas públicas.

El grupo liderado por TV3 y Catalunya Radio fue fundado por Jordi Pujol en 1983. Era la joya de la corona del expresident, un medio audiovisual íntegramente en catalán esencial entonces para proteger, difundir y enseñar la lengua, a la vez que un
instrumento para alcanzar mayorías absolutas. Los políticos nacionalistas de antes y de ahora han tenido sobre la CCMA un sentido patrimonial. Al inicio, contó con el apoyo de todos los grupos del Parlament. Era “la nostra” y tenía patente de corso para gastar.

La Corporación llegó a acumular una deuda de 1.046 millones de euros hasta 2007, año en que el Govern del Tripartito la asumió como propia de la Generalitat, sacándola del grupo. En el Contrato Programa 2005-2009, el director general Joan Majó pactó un importante aumento de ingresos públicos e inversión. Todo con el objetivo de conseguir “el saneamiento económico para afrontar con garantías de éxito un futuro marcado por el reto de la TDT y de la digitalización”. Casi al mismo tiempo, se tramitó en el Parlament una nueva Ley Audiovisual para Catalunya que aseguraba la independencia del gobierno de turno.

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El proceso de elección del primer puesto ejecutivo, la dirección general, iba a ser por concurso como, según decían, en la BBC. A los pocos días de presentar mi candidatura, presumiblemente secreta, me telefoneó un político convergente cercano a Artur Mas. Tras las cortesías de costumbre, me advirtió: “ese puesto no es para tí, es muy político. Y las direcciones de los medios, de la televisión y de la radio, hay que pactarlos”. Le contesté que no se preocupara, que nunca aceptaría el cargo sin el voto unánime del Consell de Govern de la Corporació. Añadí que, en caso de ser elegida, no admitiría imposiciones. Cuando comenté en casa la curiosa conversación, mi marido, periodista, me aconsejó que me quedara en la dirección del Liceu: “Hazle caso. Por más rabia que te dé, déjale que gane”.

En la recta final del proceso de elección me entrevisté con algunos de los 12 consejeros fijos, con sueldo, despacho y poderes mancomunados. Ahí empecé a confirmar mis dudas sobre el modelo de gestión. El entonces presidente de la Corporación, el periodista Albert Sàenz, al que respetaba y llegué a considerar un buen amigo, intentó diluir mis recelos, animarme a intentarlo. Era, decía, una oportunidad única para cambiar el modelo de la CCMA.

Salí elegida por unanimidad del consejo corporativo, donde se sentaban representantes del PP, IC, CiU, ERC y PSC. Pocos días después del nombramiento, al ir a despedirme de los colegas del Liceu, me caí por una escalera y me fracturé varios huesos del pie. Con muletas, y a la pata coja, entré en mi nuevo despacho. ¿Un presagio?

En una de mis primeras comparecencias en el Parlament expliqué que, si queríamos medios de comunicación públicos sostenibles se debía elaborar urgentemente un nuevo contrato programa que permitiera encarar la reforma profunda de los medios y de sus objetivos. En el siglo XXI, era difícil asumir que la Generalitat, con los impuestos de la ciudadanía y en épocas de control de la deuda pública dictados desde Europa, tuviera capacidad de seguir asumiendo déficits elevados.

Con la crisis económica ya encima, las ventas netas de 2008 alcanzaron los 135 millones de euros. El pasado ejercicio de 2019 se cerró con 54 millones, 14 menos de los previstos en el presupuesto. El famoso “equilibrio presupuestario”, al que suelen referirse directivos y consejeros cuando cierran el balance anual, se consiguió una vez más por una aportación extra autorizada por el Departamento de Presidencia. Los 231 millones de euros en subvenciones del presupuesto se incrementaron en 20 para compensar la caída publicitaria que no cesa, para cerrar con resultado positivo. Y eso que, en audiencias, el grupo de televisión sigue siendo líder en Catalunya. Su público, el independentista, sigue atento al “procés”.

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En 2008, “la Corpo” tenía alrededor de 2.700 trabajadores. El coste laboral se elevaba a 173 millones de euros anuales. La plantilla actual, tras el ERE realizado en 2013, es de 2.300 personas, pero los costes de personal se mantienen inalterables (172,6 millones). Por comparar, el grupo Mediaset (Tele 5 y Cuatro) tiene 1.559 trabajadores y Atresmedia (Antena 3 y La Sexta) 1725. El grupo público vasco emplea a 1.182 y el andaluz a 1.400. El puzzle económico de más gastos y menos ingresos sigue siendo imposible.

Cada vez que comparecía ante el Parlament, junto con el presidente del Consejo y los directores de los medios de la CCMA, salía un poco más preocupada. CiU exigía nuevos canales, más producción externa y más deportes de alto nivel. Mientras, Iniciativa per Catalunya-Verds dirigía su discurso a proteger la plantilla y mejorar los salarios; PP y Ciudadanos, por su lado, reclamaban minutos de pantalla. Socialistas y ERC intentaban mantener a flote la nueva Ley a costa de aguantar zancadillas.

Una tarde, mientras paseábamos, el periodista Josep Cuní resumió bien la situación que vivíamos: “la nueva ley ha desgobernalizado la Corporación, pero la ha partidizado”. A pesar de ello, la diversidad ideológica entre consejeros, directivos de los medios y comentaristas de aquellos años contribuyó a mantener la pluralidad. TV3 no era de nadie.

Tras cerrar 2008 con un déficit de 3,1 millones de euros, nos propusimos conseguir resultados positivos en 2009. Acabamos con un cierre de un millón de pérdidas, lo que nos dejó un sabor agridulce. Para cumplir el objetivo hubiera sido imprescindible rebajar más los costes, no abrir nuevos canales y que se aprobara el informe para la desinversión urgente en inmuebles. Era absurdo mantener sedes diferentes para la televisión (Sant Joan Despí), la radio (en la calle Diagonal de Barcelona) y la administración (calle Ganduxer), además de otros locales. No se aprobó. Años después, con la situa