El 21 de mayo se cumple un año de la investidura de Pere Aragonés como presidente de la Generalitat. Un año desde que Esquerra Republicana accedió nuevamente a la presidencia de la Generalitat y desde que Junts per Catalunya, como uno de los continuadores de Convergència Democràtica de Catalunya, se tuvo que contentar con ocupar por primera vez en la historia una posición subordinada en el Govern. El intercambio en la posición jerárquica, la apuesta de Esquerra por el pragmatismo y el propio estilo tranquilo de Aragonés han conllevado, en contraste con la convulsa e histriónica presidencia de Quim Torra, un relativo retorno a la normalidad institucional.

No obstante, el cambio en las formas no ha alterado las disensiones internas ni ha incrementado el rendimiento del Govern. Ni ha impedido que, de vez en cuando, al presidente Aragonès le salga una vena partidista, o que se vea dominado por el miedo escénico y actúe con miopía, como por ejemplo cuando poco antes de la investidura decidió no asistir a la visita del Rey a la fábrica SEAT, precisamente en un momento en que estaba en juego que la marca decidiera la localización de una fábrica de baterías. Y el caso es que la fábrica de baterías a la que aspiraba Cataluña finalmente se acabará instalando en Valencia. O como cuando no asiste a la Conferencia de presidentes. Como mínimo, se ha de celebrar el retorno a través del conseller Giró a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Pese al acuerdo de investidura y la aprobación del presupuesto para el año 2022, por primera vez en muchos años en el plazo previsto, las diferencias entre los socios de gobierno han sido mayúsculas tanto por lo que se refiere a la gestión del conflicto catalán como por lo que se refiere al día a día del Govern y a los grandes proyectos estratégicos.

La Mesa de Diálogo entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno de España, el instrumento concebido para tratar de acercar posiciones entre las dos administraciones —y que constituye una verdadera concesión al independentismo al asumir su perspectiva de que el conflicto es entre Cataluña y España— ha sido una fuente constante de desavenencias entre ERC y JxCat. Los primeros, a pesar de las suspicacias, se han implicado plenamente, en parte porque se juegan la credibilidad de su apuesta estratégica por la moderación, mientras que JxCat siempre ha considerado que este instrumento tenía poco recorrido. Básicamente, porque el ejecutivo central, de entrada, ya descartó cualquier posibilidad de asumir los dos objetivos que el independentismo presenta como irrenunciables: la celebración de un referéndum de autodeterminación y la amnistía.

Por esta razón se han negado a participar en la Mesa con la excusa de que el presidente Aragonès vetaba a sus miembros de la delegación negociadora por no serlo del Govern. De momento, sin embargo, a falta de otros resultados, la Mesa de Diálogo está sirviendo tanto a Aragonès como a Pedro Sánchez para ganar tiempo. La cuestión es hasta cuándo podrá aguantar sin exhibir concreciones que no puedan alcanzarse a través de los organismos intergubernamentales habituales.

La gestión cotidiana se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza. El Govern solo ha sido capaz de hacer aprobar dos leyes, la de presupuestos y la de acompañamiento, y todavía hay cerca de 40 iniciativas en curso, puesto que la falta de una mayoría estable desde la retirada del apoyo parlamentario de la CUP dificulta su proceso de tramitación.

Pero lo que es más preocupante son las discrepancias en lo que se refiere a los grandes proyectos como la ampliación del aeropuerto de El Prat o el proyecto de los Juegos Olímpicos de invierno en los Pirineos. En ambos casos, las posiciones de ERC y de JxCat han sido absolutamente contrapuestas. En el caso del aeropuerto, Junts apoyando la ampliación y ERC oponiéndose hasta el punto de acabar provocando la retirada del proyecto por la falta de unidad gubernamental.

En el caso de los Juegos Olímpicos se han salvado las profundas diferencias en cuanto al modelo de desarrollo del territorio, con una estrategia consistente en no tomar ninguna decisión y en hacerla depender de una consulta ciudadana, eso sí, tras haber pactado con Aragón el reparto de pruebas sin conocer los resultados de la consulta.

El último episodio, y uno de los más sonados, ha sido la repentina retirada de Junts, horas después del acuerdo alcanzado con ERC, PSC y Comunes en torno a la lengua, a raíz de la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia que impone el 25 % de castellano en la escuela.

En el ámbito institucional también ha habido choques sonados por los límites de la desobediencia institucional, como el que comportó la retirada del escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà y que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, después de muchos aspavientos, acabó acatando.

Pero lo más trascendente es lo que vendrá con la posible retirada del acta de diputada a la propia Borràs, como lo indica el reglamento, en cuanto se le abra juicio oral por el presunto fraccionamiento de contratos cuando dirigía la Institució de las Lletres Catalanes. ERC se muestra en principio favorable a ello y, de mantener esta posición, podría abrirse una crisis que provocara la ruptura del Govern. Las diferencias son demasiado profundas y demasiado constantes. Los dos años de margen se agotan y Junts está cada vez más dividido y más debilitado. Quizá ERC prefiere, antes de las municipales del año próximo, empezar a gobernar en solitario y buscar nuevos aliados.