El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), la institución encargada de velar por la legalidad estatutaria y constitucional de las leyes catalanas, adquirió un protagonismo inesperado durante el proceso independentista. Aun así, en los últimos años su presencia en el debate político y mediático ha menguado de forma notable a causa de la bajada de actividad que ha experimentado. En este sentido, entre 2014 y 2015 el organismo emitió un total de 52 dictámenes mientras que entre 2018 y 2023 ha publicado 28, poco más de la mitad.

Las fuentes consultadas afirman que esta institución autonómica tiende a ser un espejo de la actividad política catalana y de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno de España y, en consecuencia, atribuyen principalmente esta caída a dos factores: al descenso de la producción legislativa del gobierno catalán y del Parlamento y a la disminución de la conflictividad entre la administración catalana y española. Los datos avalan, en buena parte, esta teoría, puesto que cuando hay una mayor actividad del ejecutivo autonómico y de la cámara catalana y hay una mayor conflictividad política y competencial entre los dos gobiernos, el Consejo genera un número mayor de dictámenes.

Algunos ejemplos lo reflejan de forma clara: entre 2009 y 2010, poco tiempo después de la constitución del Consejo y en el periodo que comprende los últimos meses del tripartito de izquierdas, el CGE se pronunció sobre 25 cuestiones en 13 meses (más de la mitad de los dictámenes presentados eran sobre cuestiones que afectan a la cámara o al ejecutivo catalán). En este sentido, el alto nivel productivo del gobierno presidido por José Montilla (entre 2006 y el 2010 llevó a aprobación del Parlamento 89 proyectos de ley) y el hecho de que algunos grupos de la oposición llevaran algunas de sus normas al Consejo provocó que este tuviera un volumen notable de carpetas a resolver.

Por contraste, durante el mandato de Quim Torra (2018-2020), el ejecutivo consiguió sacar adelante únicamente 12 proyectos de ley (en total, en aquella legislatura, el Parlamento aprobó 32 normas). Pues bien, en aquel periodo el CGE solo se pronunció sobre 16 materias, más de la mitad de las cuales lo fueron sobre conflictos entre la Generalitat y el Estado.

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