La penosa dilatación del debate sobre la amnistía ha reforzado la polarización en la política española y su asociación con la campaña de las elecciones gallegas ha acentuado sus efectos de paralización y congelación en el arranque de la legislatura. En este marco, la votación de Junts contra el proyecto de ley de amnistía ha introducido el esperpento, en este caso de raíz catalana, en el escenario de la política española.

En Cataluña, la persistencia de la confrontación entre Esquerra Republicana y Junts ha acabado de desdibujar el panorama de la gobernanza y ha hecho más visible la crisis de las instituciones autonómicas. El choque permanente entre las dos fuerzas nacionalistas que miran de reojo la lucecita de Waterloo hace todavía más difícil una respuesta sensata a la demanda de gestión que la sociedad expresa. Bien al contrario de lo que se esperaría de un partido con responsabilidades de gobierno se visualiza el espectáculo de un gabinete capaz de negociar el traspaso de Cercanías con el Ministerio y, al mismo tiempo, dejar plantado el ministro correspondiente en un acto público.

La obsesión por hacer visibles los signos de confrontación y la reticencia a gobernar con responsabilidad se han puesto particularmente de manifiesto con la eclosión de una serie de crisis que ya no se pueden esconder. Es, muy particularmente, el caso de la sequía que ha dejado muy claro a la opinión pública todo lo que no se ha hecho durante los años de la década perdida y en el tiempo que llevamos de gobierno ultra minoritario.

El hito de los veinte años del primer gobierno tripartito ha sido una buena ocasión para poner sobre la mesa el contraste entre qué se hizo o, como mínimo, se intentó hacer, y la pobrísima cuenta de resultados de unos gobiernos nacionalistas que renunciaron a gobernar y se concentraron en impulsar las reivindicaciones maximalistas de una parte de los ciudadanos. Es el contraste entre una simplista política de recortes y decisiones significativas como la construcción de desaladoras y prisiones, la promoción de políticas educativas, la ley de barrios, el desdoblamiento del Eje Transversal y una acción coherente de despliegue de la red de carreteras o, incluso, la construcción de un aeropuerto.

La supervivencia del actual gobierno de la Generalitat es, en realidad, una situación anómala. Formado exclusivamente por Esquerra Republicana, tiene únicamente el apoyo de 33 de los 135 diputados del Parlament. Es un equilibrio muy precario que se mantiene por la benevolencia de la oposición del PSC, comprometido con una política de responsabilidad orientada a garantizar un mínimo de estabilidad y a impulsar una selección de políticas públicas que prefiguren el que podría ser un futuro gobierno liderado por Salvador Illa. Pero es probable que la opinión pública vea también la estrategia socialista como una contrapartida inevitable del apoyo de ERC al gobierno de Pedro Sánchez. Es una interpretación que debilita la credibilidad de la alternativa socialista en Cataluña.

Las elecciones autonómicas en Cataluña no son inminentes, pero es una hipótesis a tener en cuenta que las últimas derivadas de la crisis de la amnistía puedan haber afectado seriamente a la posición del PSC y hacer mucho más difícil de lo que preveía el objetivo de la Presidencia de la Generalitat. Porque el problema fundamental que tiene el PSC es que, dada la situación política de desconcierto que se vive en Cataluña, no será suficiente con la victoria electoral para reconducir la gestión pública en el país.

La experiencia de los gobiernos tripartitos dejó muy claro que solo con una mayoría muy sólida podría el PSC aspirar a alterar sustancialmente el equilibrio político en la Generalitat. No está nada claro que la evolución de las cosas permita aspirar a unos resultados que lo hagan posible. El camino de Salvador Illa hacia la Presidencia de la Generalitat es, a estas alturas, un itinerario mucho más complicado, lleno de obstáculos.

Es cierto que en Cataluña hay una demanda difusa de orden, de buen gobierno, de sensatez en la gestión de los asuntos públicos y de retorno a unas prácticas institucionales de consenso y moderación. Este factor favorece a Illa y al PSC. Pero no se puede descartar que la incomodidad que ha generado en los votantes socialistas la narrativa del acuerdo con Junts provoque un efecto de desmovilización. Si en la política española la suerte de la alternativa de gobierno socialista depende sustancialmente del contraste con la coalición PP-Vox, se podría decir que, en la política catalana, la suerte de Illa y del PSC estarán condicionadas por el rechazo que las extravagancias, sobre todo de Junts, susciten entre los votantes.

Se está extendiendo la impresión que el debate sobre la amnistía se ha alargado excesivamente, uno de los objetivos de la oposición conservadora, y que las consecuencias negativas para el gobierno de Pedro Sánchez y para la posición del PSC pueden ser irreparables. Es una situación que plantea en círculos cada vez más amplios la reclamación de una respuesta contundente que afirme que la negociación ha acabado definitivamente y que será el mundo independentista el que tendrá que asumir la responsabilidad de las consecuencias.