El presidente de la Generalitat ha configurado un nuevo Govern tras la decisión de JxCat de abandonar el ejecutivo. Cabe decir, de entrada, que los nombramientos de nuevos consejeros y consejeras son una de sus prerrogativas y, por tanto, son del todo legítimos. Es necesario reconocer también que el presidente Aragonés, con la rápida proposición de un ejecutivo para sustituir al que se deshizo la semana pasada, ha logrado un cierto golpe de efecto.

Es pertinente remarcar que la crisis de Junts y su desenlace han sido enmarcados en un reconocimiento del final del procés que han explicitado de una u otra manera todos sus principales actores: ERC desde hace tiempo con su línea política pragmática; los derrotados en la consulta interna de Junts, con Jordi Sànchez a la cabeza y buena parte de los instigadores mediáticos.

En cualquier caso, el nuevo Govern no tiene de momento ningún tipo de viabilidad parlamentaria, al disponer sólo del apoyo de 33 escaños de los 135 que constituyen la Cámara catalana. En realidad, la inevitable dimensión de la pérdida de apoyos parlamentarios desde la investidura lleva a constatar que el Govern ha pasado de tener el aval inicial de 74 escaños a quedarse sólo con los 33 de ERC.

Dada esta situación de precariedad extrema, es obvio que el presidente de la Generalitat no puede actuar como si dispusiera de una mayoría de apoyo suficiente. Así, para dejar atrás definitivamente la inclinación a la gestualidad que durante tanto tiempo ha carcomido la política catalana, Pere Aragonès debe proceder sin pérdida de tiempo a activar una mayoría. Debe pasar la reválida parlamentaria, bien sea explícitamente, presentando una cuestión de confianza, bien implícitamente obteniendo la confianza con la votación de los Presupuestos. Una prórroga presupuestaria, como ha sugerido Oriol Junqueras, sería una actitud políticamente cobarde y tampoco estaría a la altura de los retos socioeconómicos del momento.

Por otra parte, sería totalmente contradictorio con el espíritu de apertura que requieren los tiempos que por parte del presidente de la Generalitat o de su partido se insistiera en proposiciones divisivas y poco rigurosas: la invocación de cifras imaginarias o demoscópicamente sesgadas, como es el caso de la referencia al 80% de apoyo a la reclamación de un referéndum. Hay que acabar con el mantra simbólico del bloque independentista ahora en descomposición: ni hay ahora una mayoría del 80% ni antes había una mayoría del 52% (el apoyo electoral de ERC, JxCat y la CUP fue del 48,05% y sólo del 25,66% en relación al censo electoral).

Desde esa perspectiva, en una posición de debilidad extrema, no es razonable plantear propuestas de máximos. Ni persistir en la indiferencia ante la insistente petición de Salvador Illa, el jefe de la oposición y del primer partido del Parlament en términos de voto, de poner en marcha de inmediato un mecanismo operativo para la aproximación entre las diversas sensibilidades políticas catalanas. Es, por tanto, un despropósito absoluto la execración dirigida al PSC que, en clave más psicológica que política, ha pronunciado Oriol Junqueras, aunque deba admitirse que es un movimiento legítimo destinado a recordar al partido y a la militancia que los socialistas son el principal adversario de cara a las próximas elecciones.

Podrían ser leídos también como augurios negativos algunos movimientos internos que se han producido en ERC, en clave precongresual, y que apuntan a la confirmación del peso político que tiene en la formación el sector nacionalista más irreductible de la Cataluña interior en franca contradicción con una aparente voluntad de proyectar una imagen abierta y más urbana.

Nuevamente se ha apreciado en este episodio la voluntad de desbordamiento del complejo Junts-Puigdemont, expresión en nuestro país del nacionalpopulismo de estilo trumpista, que insiste en la lógica del «cuanto peor, mejor» a la espera del regreso de la derecha española al poder.

Por todo ello, la conclusión es clara y toma un determinado sentido de urgencia: o el presidente Aragonés es capaz de ampliar sus apoyos parlamentarios dejando de lado la lógica procesista y situando la acción de gobierno en el centro del debate, por medio del voto explícito de confianza o del voto implícito que representaría la aprobación de los Presupuestos, o la práctica parlamentaria comparada llevaría a la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas. No es ésta la salida que reclama el actual contexto de crisis a escala europea, pero para evitarla es necesario el coraje político de concretar nuevas alianzas parlamentarias y no esconder la cabeza bajo el ala esgrimiendo cifras imaginarias.