Pocos debates encontramos fuera de la academia sobre el sector público, acepción más adecuada que administración pública, y que recoge todos aquellos servicios que desde la esfera gubernamental se prestan al conjunto de la ciudadanía, financiados, total o parcialmente, con recursos públicos. Los ciudadanos tienen a menudo una visión basada en la desconfianza en los servicios públicos: el transporte va siempre mal, los funcionarios no trabajan, las listas de espera de la sanidad son infinitas y otros ejemplos que podríamos incluir.

Aun así, la pandemia cambió en buena parte esta visión y se revaloraron actores del sistema público en general y, muy especialmente, los sanitarios. No es un caso aislado, como a veces se intenta explicar; hay otros casos como cuando los bomberos abandonan un pueblo después de permanecer horas y horas extinguiendo un incendio forestal, evitando que las llamas quemen las casas de los vecinos. Pero, en general, la lectura que se hace del sector público es negativa y, en función de quién gobierna, la tendencia a cerrar servicios a cambio de reducir la presión fiscal es una opción que siempre está presente en cualquiera de los tres niveles en que se organiza el Estado.

Es cierto que los servicios, en conjunto, son manifiestamente mejorables y que estas mejoras piden revisar su financiación a través de un incremento de los recursos, mayor presión fiscal, o una distribución de los recursos existentes en un mejor reparto territorial o social. Ahora bien, pocas veces abordamos cómo hacer que el gasto sea más eficiente, evaluando los servicios y poniendo de manifiesto las carencias organizativas que presentan.

Con estos apuntes querría contribuir al debate sobre cómo mejoramos nuestros servicios públicos, analizando extremos que pocas veces ponemos sobre la mesa y que, a mi criterio, son claves para la mejora y la sostenibilidad, a corto y largo plazo, de los servicios públicos.

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