Como ya viene siendo recurrente, el viejo y conocido olor de la corrupción ha vuelto a hacerse presente en la política española. Aún sin acabar de digerir del todo la larga serie de episodios de épocas recientes, ahora reaparece con irregularidades cometidas en el marco de los momentos  más críticos de la pandemia.

Es importante recordar aquel contexto, en el que funcionó un pacto social implícito por el cual, según José Precedo, «la sociedad cumplía con reglas nunca antes vistas mientras la política hacía lo posible por salvarnos. En ese contexto se añadió alguna letra pequeña a aquel pacto social: los gobiernos propusieron eliminar los controles en las adjudicaciones públicas para que la burocracia no retrasase más la llegada de guantes y mascarillas que podían salvar vidas» (el Diario.es, 29-2-24).

El esfuerzo agónico de todas las administraciones para afrontar la dramática situación se produjo en medio de un mercado sin reglas, como oportunamente ha recordado Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León en aquella época: «Todos fuimos estafados. En mayor o menor medida. No conozco ninguna administración que no sufriese ventas de mascarillas o material de protección a precios exorbitados, o entrega de material defectuoso que no cubría especificaciones. Esto fue así en TODAS las comunidades y en todas las administraciones. La escasez de material, la urgencia de la situación y la caída de los proveedores habituales propició un mercado muy similar al de aquellos mares de Malasia por los que se movía el Sandokan de nuestra infancia. Un mercado infestado de piratas en el que la urgencia y la multiplicidad de actores hacían muy difícil distinguir al estafador y al hombre honrado» (El Confidencial, 1-3-24).

En todo caso, la relevancia singular del caso Koldo radica en su estrecha vinculación con el entonces ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, lo que lo distingue de otros casos protagonizados por particulares… o no tan particulares. No está de más recordar el episodio del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tuvo consecuencias políticas de mayor magnitud al desencadenar ni más ni menos que la defenestración del líder del Partido Popular por haber puesto en tela de juicio la actuación de Isabel Díaz Ayuso, al afirmar que «la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Yo creo que no es ejemplar».

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El hecho es que el caso Koldo proporciona al Partido Popular la oportunidad de redoblar su ofensiva contra el presidente Pedro Sánchez en un momento especialmente delicado de una legislatura que corre el peligro de colapsar de forma prematura. El inexplicado cese de José Luis Ábalos de sus cargos ministerial y orgánico en 2021 es un punto ciego que debilita la posición del presidente, sobre todo si se tiene en cuenta el papel decisivo que jugó en la resurrección política de Sánchez.

 

Hacer caer al presidente

Por eso, el enfrentamiento político es cada vez más descarnado, con argumentos cada vez menos elaborados. Para la oposición política y mediática se trata de seguir inflando el estereotipo del sanchismo como encarnación de todos los males, reduciendo su objetivo político a hacer caer al presidente y a su gobierno cuanto antes mejor. La respuesta gubernamental también dispara del modo más grosero: además de utilizar el recurso de recordar los casos de corrupción del adversario, se recalienta una y otra vez el miedo al espectro de una alternativa formada por un Partido Popular prisionero de la extrema derecha de Vox. Lola García advierte que esta espiral de acusaciones mutuas no hace más que alimentar la desafección política de los ciudadanos: «Cuando se echa mano de esa defensa tan burda se acaba por abonar el terreno para que el elector, hastiado, se refugie en el clásico e injusto mantra del ‘son todos iguales’» (La Vanguardia, 29-2-24).

El inexplicado cese de José Luis Ábalos de sus cargos ministerial y orgánico en 2021 es un punto ciego que debilita la posición del presidente.

La cuestión de la corrupción se convierte así en el combustible imprescindible de un juego político basado en la cacería del adversario, de manera que la bandera de la lucha contra la corrupción cambia de bando según la coyuntura electoral. Es como si el impulso regenerador que latía en el 15-M se hubiera agotado y reapareciera el denigrado bipartidismo, pero solo con su cara más oscura, como si fuera imposible desprenderse de la zona gris de la política, como señala Enric González: «La zona gris siempre existe. Asumo, por tanto, que se cometen delitos y se desvía dinero de forma casi cotidiana. A veces atrapan al pillo. Supongo que en la mayoría de las ocasiones el pillo se sale con la suya y ni siquiera nos enteramos. En la zona gris no impera una bandera política determinada. La hipertrofia partidista (un mal que, según parece, nunca curaremos) y las goteras del Estado favorecen a unos y otros por igual» (elDiario.es, 25-2-24).

El resultado de todo ello es un empobrecimiento alarmante del debate político, privado de cualquier iniciativa propositiva y sin ninguna esperanza de encontrar un mínimo común denominador compartido, ni siquiera para analizar con sentido institucional la gestión de la pandemia en condiciones extremas con el fin de sacar las lecciones pertinentes. Con desesperanza lo constata Francisco Igea: «Sería bueno que nos sentásemos para compartir las experiencias de aquellos días y tratar de mejorar nuestros controles, nuestro nivel de eficiencia y las medidas de transparencia necesarias para prevenir estos casos. Me temo que nada de esto va a suceder. Llevo los suficientes años en este oficio para saber que no es este el interés de ninguno de los dos grandes partidos» (El Confidencial, 1-3-24).

María Ramírez remacha el clavo al explicar cómo en un Reino Unido en estado calamitoso persiste al menos  una cultura de la rendición de cuentas desconocida entre nosotros: «Un proceso público, independiente, incontestado y obligatorio para todos es lo mínimo exigible a los políticos a los que les prestamos nuestro voto para que administren los asuntos públicos» (elDiario.es, 1-3-24).

El debate público razonable es sustituido por estridentes manifestaciones de una hipocresía moralista de circunstancias: la hipocresía del falso puritanismo (José Carlos Llop dixit). Nada que ver con la necesidad de afrontar el fenómeno como una cuestión institucional. Víctor Lapuente pone el dedo en la llaga cuando afirma que: «El caso Koldo no es culpa del PSOE. Ni la Gürtel del PP. La corrupción no es un problema de nuestros partidos, sino de nuestras instituciones. Y, mientras no entendamos eso, quedaremos atrapados en el círculo vicioso de la Italia de fines del XX o algunos países del Este hoy: echemos al partido A por corrupto y sustituyámoslo por el B, hasta que este se revele más corrupto. Y así ad infinitum» (El País, 27-2-24).

El debate público razonable es sustituido por estridentes manifestaciones de una hipocresía moralista de circunstancias: la hipocresía del puritanismo.

Para Carlos Sánchez se trata de un problema estructural del que ningún gobierno se ha salvado: «Lo que cambia, sin embargo, es la respuesta que da el propio sistema político a los fenómenos de corrupción, y, a la vista de los numerosos casos detectados en las tres últimas décadas, no parece que el resultado haya sido óptimo» (El Confidencial, 3-3-24). Por eso, Cristina Monge, refiriéndose al último informe de Transparencia Internacional, expone «la necesidad de poner en marcha no solo iniciativas legislativas, sino la implementación de mecanismos de control, integridad, transparencia y rendición de cuentas. Un imperativo para las instituciones y también para los partidos, esas extrañas criaturas de naturaleza jurídica privada pero indudable función pública que, guste o no, son clave en las democracias» (infoLibre, 25-2-24).

 

Desánimo cívico

Por eso, Fernando Vallespín, más allá del desánimo cívico que provoca la corrupción, apela a «definir cuál es el mal y extirparlo entre todos. Sin embargo, en esta política escindida en dos grandes batallones no hay peor mal que el que representa el propio enemigo. De lo que deberían ocuparse es de resolver nuestros problemas. Para eso existe la democracia. En una situación parecida, J. Pradera lo dejó meridianamente claro cuando animaba a ser implacable con la realidad de la política democrática sin abandonar la fe en sus ideales. A ellos es a quienes debemos nuestra lealtad, no a este u otro partido» (El País, 3-3-24).