El desenlace adverso de las elecciones del 28-M para los partidos del Gobierno de coalición ha llevado a un final avanzado de la legislatura con la decisión inesperada del presidente Pedro Sánchez de convocar elecciones generales para el 23 de julio.

La derrota socialista el 28-M ha sido inapelable, no tanto por el descenso relativamente pequeño del número de votos como por su traducción en una pérdida muy relevante de poder institucional. El hundimiento del espacio político a su izquierda ha sido decisivo, con casos especialmente sangrientos como el de la Comunidad Valenciana, donde, a pesar del buen resultado del presidente Ximo Puig, la división fratricida de la izquierda de la izquierda ha resultado suicida.

Al mismo tiempo, el Partido Popular ha sido capaz de absorber prácticamente todo el voto de Ciudadanos, continuando el proceso de clarificación y simplificación del espacio de las derechas que queda definitivamente conformado por los populares y por la extrema derecha de Vox. Por el contrario, la fragmentación del espacio de la izquierda ha supuesto un plus electoral para las derechas.

Se han apuntado tres factores a la hora de analizar el voto de censura recibido por Pedro Sánchez el 28-M: la apuesta catalana, la erosión de los pactos parlamentarios con Bildu y el ruido de los aliados de gobierno de la llamada «izquierda de la izquierda». He aquí la evaluación del alcance del impacto electoral de cada uno de ellos. Primero: el resultado en Cataluña –el PSC como primera fuerza, el sorpasso de JxCat en el espacio procesista y la fuerte bajada de ERC– refuerza la vía del apaciguamiento abierta por Sánchez y no se considera el factor determinante del derrumbe socialista en el resto de España. Segundo: la utilización impropia del terrorismo de ETA durante la campaña municipal ha tenido un efecto perverso y ha alimentado a los extremos: ha dañado al PSOE en beneficio de las dos derechas –PP y Vox– y ha dado alas a Bildu en el País Vasco y Navarra.

El tercer factor –los aliados de gobierno– ha sido probablemente clave. Para comprender sus efectos, habría que responder a la pregunta siguiente: ¿cómo es posible que con los buenos datos macroeconómicos –crecimiento del PIB, contención de la inflación, la reforma laboral y el impacto en el empleo…– y con las políticas sociales –salario mínimo, aumento de las pensiones según el IPC…– Sánchez no haya rentabilizado este clima de recuperación con «paz social»? Una respuesta plausible: un sector del electorado socialista no ha entendido las políticas de «ingeniería social» de Unidas Podemos, sobre todo su oposición frontal a enmendar el efecto perverso de la ley del solo sí es sí o las cesiones del PSOE en la llamada ley trans. Si el feminismo clásico ya mostró su descontento, el impacto de estas políticas puede haber sido todavía más demoledor en las llamadas «clases medias». La enmienda estratégica consecuente: uno de los objetivos de Pedro Sánchez durante la campaña del 23-J será alejarse de la sombra de Podemos. Del mismo modo que el Partido Popular intentará disimular la presencia de Vox.

La convocatoria anticipada de las elecciones generales ha sido interpretada como un intento audaz y/o temerario del presidente Sánchez de acelerar el tiempo político y darse una oportunidad para detener y cambiar la oleada favorable al Partido Popular. Los medios más afines a las derechas se afanan en amplificar el efecto ganador y crear un estado de opinión que considere inevitable e imparable la victoria de Núñez Feijóo. Es, en realidad, una continuación de la estrategia mantenida por las fuerzas de derecha durante toda la legislatura: consolidar en la opinión pública la idea de la ineluctabilidad de la derrota de un gobierno tildado de ilegítimo desde el primer momento.

 

Convencer al electorado progresista

Para tener posibilidades de éxito la apuesta de Sánchez necesita levantar el ánimo del electorado progresista y darle razones convincentes para movilizarlo a participar el 23-J. Simultáneamente, necesita que en el espacio a su izquierda funcione adecuadamente la compleja unidad electoral en torno a Sumar, sin que el accidentado camino seguido para lograrla tenga efectos desmoralizantes para sus potenciales electores.

Así, la clave de la elección estará en la capacidad de Pedro Sánchez de convencer al electorado progresista de la importancia de lo que está en juego. La tentación de fiarlo todo a la agitación del espantajo de la alianza entre el PP y Vox no parece la más adecuada porque supone una renuncia a dar argumentos positivos para volver a confiar en un Gobierno progresista. Y ello sin olvidar que la experiencia en otras elecciones en España, como las de Andalucía, Madrid, Castilla y León, y en toda Europa, recientemente en Italia, demuestra que una propuesta reactiva y a la defensiva no es un planteamiento ganador.

El balance de la obra de Gobierno tendría que ser la base sólida sobre la que construir una oferta positiva. Empezando por la capacidad demostrada de actuar con determinación enérgica para afrontar las sucesivas situaciones de emergencia que se han suscitado durante la legislatura: la pandemia de la covid-19, la guerra en Ucrania y la espiral inflacionista. Contra los pronósticos más pesimistas, el Gobierno puede presentar un balance positivo de la evolución de la economía española. Puede reivindicar una política social activa para cambiar la tendencia creciente a la desigualdad, con la subida del salario mínimo, la reforma laboral, la reforma de las pensiones o el ingreso mínimo vital. Medidas avaladas en muchos casos por un diálogo social fructífero. Puede presentar adelantos relevantes en el reconocimiento de nuevos derechos sociales y en la consolidación de otros anteriormente reconocidos. Puede atribuirse el mérito de haber contribuido decisivamente y contracorriente a la distensión de la situación política catalana. Como también puede exhibir éxitos de gran relevancia como los Fondos Next Generation o la excepción energética ibérica, gracias a una presencia muy activa en la Unión Europea.

 

Reconocimiento de los errores

Pero, la credibilidad de la nueva oferta de Sánchez pasa también por el reconocimiento sin eufemismos de los errores cometidos por el Gobierno de coalición y que han supuesto un lastre para su imagen. A los ya mencionados exceso de ruido en la gestión de la coalición y la obcecación en determinadas batallas culturales, con la consecuencia grave de la división del feminismo, se puede añadir el exceso de velocidad en la aplicación de su programa, sin tiempo para negociar más allá del ámbito de la mayoría parlamentaria ni para que algunas de las reformas más avanzadas fueran asimiladas por el conjunto de la sociedad. Precipitación y dispersión de objetivos que han creado confusión y han impedido consolidar una imagen más positiva y reconocible fácilmente de la obra de gobierno. Como también hay que apuntar la responsabilidad que le corresponde en el bloqueo de la renovación de instituciones del Estado, muy especialmente del Poder Judicial, a pesar de que la responsabilidad mayor recaiga en el filibusterismo contumaz del Partido Popular.

Y un tercer factor de la ecuación tendría que ser plantear con destreza la dimensión europea de estas elecciones, donde se dibuja una deriva más que preocupante de los conservadores europeos hacia el entendimiento con la nueva extrema derecha. Así se constata en las elecciones de los últimos meses en Italia, Suecia, Finlandia o Grecia, que ponen de manifiesto los temores de una parte del electorado ante un contexto más peligroso, confuso e incierto, y que provoca una reacción conservadora. Una tendencia que se proyecta de manera muy preocupante en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024 que, en caso de confirmarse, alteraría el consenso de fondo que ha permitido durante décadas avanzar en la integración europea.

Aun así, la solidez de los argumentos de poco servirá si no se traslada al terreno de las emociones, donde se ha instalado el mantra del Partido Popular de «derogar el sanchismo», un ejemplo de manual de una personalización perversa de la política que, desgraciadamente, hemos visto bien recientemente en el caso de las elecciones municipales en Barcelona con la demonización de la alcadesa Ada Colau hasta límites grotescos. Nada nuevo, si recordamos que la práctica de la cacería humana fue practicada encarnizada e irresponsablemente en los años noventa del siglo pasado contra el presidente Felipe González por el Partido Popular y la conjura de los medios de comunicación afines a la derecha conservadora.

La configuración gradual de algunas propuestas de gobierno de la previsible coalición de la derecha con algunas ideas de gran radicalidad como la derogación de la Ley de Memoria Histórica ilustran sobre el carácter extremista de la alternativa que lidera Núñez Feijóo muy poco compatibles con el modelo constitucional español que política&prosa se ha comprometido a respetar y promover.

En definitiva, la elección determinante lo es entre un gobierno presidido por el Partido Socialista y otro liderado por el Partido Popular, no tanto porque representen identidades políticas esenciales contrapuestas, sino principalmente porque suponen políticas públicas concretas con un impacto relevante para la gran mayoría de asalariados, pensionistas, autónomos y empresarios del país.

 

Un apunte sobre Barcelona y Cataluña

Los resultados de las elecciones municipales en la Barcelona grande obligan a una sofisticada arquitectura de pactos en las instituciones que gobiernan la ciudad y su conurbación, empezando por el Ayuntamiento de Barcelona y siguiendo por el Área Metropolitana y la Diputación de Barcelona. Lo habitual es que los partidos negocien tratando de optimizar sus posiciones con una lógica de reparto del poder institucional. Nada que decir al respecto, es la política.

Aun así, se abre una oportunidad para pensar estos pactos con una perspectiva más amplia que vaya más allá de los legítimos intereses de las fuerzas políticas. Es la oportunidad de acordar una estrategia metropolitana que comprometa al máximo número de partidos, bien entendido que los grandes problemas estratégicos de la Barcelona metropolitana solo pueden tener solución si realmente se piensan y se gobiernan en la escala que les corresponde.

Esta oportunidad, muy particularmente en el ámbito metropolitano de Barcelona, exige que, a partir de los resultados electorales, se constituya un auténtico gobierno y se evite la tentación de repartir las responsabilidades de gestión a los partidos en unas áreas prácticamente estancas. El gobierno metropolitano de Barcelona tiene que hacer frente a retos delicados y urgentes como son la puesta en marcha de una política de vivienda eficaz, el enfrentamiento decidido de la crisis del agua, una mejora sustancial del transporte público en todo el ámbito de la Barcelona real, la construcción de una política de seguridad que responda coordinadamente a los problemas de algunos barrios en situación crítica y una acción de reindustrialización, por citar solo algunos ejemplos.

Este ha sido el diagnóstico coincidente de la mayoría de los partidos que han concurrido a las elecciones y de los think tanks que se han pronunciado en los últimos meses. Ahora se trata de ser coherentes con este propósito, superando las inercias y los cálculos de vuelo corto.

De producirse, un pacto de estas características supondría un ejemplo estimulante para intentar aplicar el mismo método en el ámbito de la Generalitat de Cataluña para superar la larga década perdida por la división provocada por la huida hacia adelante del procés.

Porque no son nuevos frentes lo que permitirá salir del callejón sin salida del bloqueo político provocado por el procés, como ha propuesto de forma apresurada y parece que poco meditada una Esquerra Republicana que sigue sin darse cuenta de la debilidad extrema del gobierno que encabeza. Sea cual sea el resultado de las elecciones generales, lo que conviene en Cataluña es restablecer un mínimo común denominador transversal que posibilite el diálogo entre las fuerzas políticas catalanas y que permita concentrarse en gobernar bien el país y en identificar aquellas cuestiones básicas que habrá que negociar con el Gobierno de España.

 

Un voto por los valores que defendemos

Mientras tanto, en definitiva, desde política&prosa nos reafirmamos en nuestros valores fundacionales: la defensa del progreso económico y la justicia social, el impulso de un crecimiento sostenible para encarar el cambio climático y promover una transición energética justa, la apuesta por el catalanismo de raíz federal y la consecuente defensa del autogobierno de Cataluña y de la España plural. Y, todo ello, inserto en la profundización de la construcción europea, es decir, el nuevo espacio de soberanías y ciudadanías compartidas que, como demostró la pandemia –y, a estas alturas, la agresión de la Rusia de Putin a Ucrania–, es la única vía para responder a estos retos globales. Una victoria del PP, con la muleta de Vox, puede malograr este marco compartido. Por eso, desde Cataluña, llamamos a la movilización activa y al ejercicio del voto para hacerle frente, y para preservar el espacio de libertad, progreso, pluralidad y civilidad de esta nación de naciones que es España.