Este mes de julio, España asumirá la Presidencia de la UE para todo el segundo semestre de este año. Es una Presidencia considerada como una oportunidad para impulsar algunos de los proyectos europeos más estratégicos antes de que las elecciones en el Parlamento del año que viene establezcan una pausa en las actividades comunitarias.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido una opción muy ambiciosa que ha implicado una preparación detallada, que contrasta con la tendencia que se ha observado en otras presidencias a esperar la evolución de los acontecimientos para fijar las propuestas concretas de actuación.

Política&prosa, que ya en la editorial de su primer número, ahora hace cerca de cinco años, expresaba su compromiso con la construcción europea, presenta un dosier que se plantea ofrecer una panorámica de los retos de la próxima Presidencia y de las perspectivas que abre. Las visiones desde Madrid y Bruselas han sido cubiertas respectivamente por Ignacio Molina i Beatriz Navarro, mientras que Albert Garrido i Gemma Pinyol-Jiménez abordan dos de los asuntos que previsiblemente podrían ocupar una posición central en los debates europeos de los próximos seis meses, es decir, la formulación de una política para las relaciones con China y la negociación de un nuevo acuerdo sobre migraciones y asilo.

La decisión del Gobierno de integrar la dimensión europea en el programa político del final de la legislatura es una apuesta de una ambición considerable si se tiene en cuenta la polarización extrema de la política española y la evidencia que el Partido Popular no está dispuesto a admitir un terreno de consenso en este ámbito, al haber optado, bien al contrario, para mantener la confrontación incluso en Bruselas, con la ayuda en este caso de la derechizada CDU de Manfred Weber.

El planteamiento de la Presidencia española refleja bien la prioridad que para Sánchez ha tenido la política europea – también la política exterior – como ámbito donde contrastar visiblemente con las débiles convicciones de la oposición. Marcó esta preferencia desde los primeros momentos de su Presidencia del Gobierno con un esfuerzo de presencia continuada en Europa que culminó con el activismo que la crisis de la pandemia favoreció y el tour de force que condujo al acuerdo para el diseño y gestión de los recursos europeos Next Generation.

En principio, el calendario que se presenta es abrumador. De entrada, en el mismo mes de julio se tiene que celebrar en Bruselas una cumbre entre la UE y América Latina que pondrá a prueba la capacidad teórica de España de influir en un ámbito de relaciones muy congelado durante años, una parálisis que tiene su exponente más visible en el retraso de la aprobación definitiva del acuerdo con Mercosur.

Pero son muchos más los retos que esperan, como el que planeará sobre toda la acción comunitaria, que es la aspiración para desarrollar y configurar cierta autonomía estratégica para Europa en un momento tan crítico como el que se ha definido con la invasión rusa de Ucrania y sus derivadas de la relación con Estados Unidos y con el Sur Global. La autonomía estratégica a la que se aspira requerirá, entre otras cosas, mantener una política de incremento de los gastos en Defensa. En general, se trata de dosieres que no serán fáciles de hacer avanzar y algunos de ellos tendrán un impacto importante en política interior no solo en las relaciones con la oposición conservadora sino también dentro de la coalición actualmente gobernante.

Sería el caso, por ejemplo, del impulso de una actualización de la política europea de inmigración y asilo, de los incrementos en los presupuestos militares, de la reforma del mercado eléctrico o incluso de las derivadas de la protección de Doñana, la renovación del Consejo General del Poder Judicial o las euroórdenes.

Si las cosas se hacen bien y acontecimientos ahora imprevisibles no alteran radicalmente el paisaje europeo, los seis meses de la Presidencia española podrían certificar un cambio auténticamente relevante en la posición de España en Europa que sería la consolidación de su rol como uno de los países grandes de la Unión que es capaz de proponer alianzas y de impulsar iniciativas de peso. De alguna manera sería un retorno al equilibrio relativamente sólido que se configuró en la etapa Mitterrand-Kohl-González y que se perdió por el desinterés o la impericia de los posteriores presidentes de los gobiernos españoles.

Es inevitable hacer referencia a la frialdad que se ha podido constatar en la reacción o, más bien, ausencia de reacción que la perspectiva de la Presidencia española ha merecido en Cataluña y, concretamente, en Barcelona. Es un signo que confirma el ensimismamiento en el que ha caído la política catalana. En la campaña electoral de Barcelona, Europa no ha tenido ninguna presencia relevante más allá de la insistencia de los Comunes en presentar el urbanismo táctico como una tendencia internacional. Esta ausencia en el debate electoral es significativa de un cambio de fondo en una ciudad que focalizó su transformación y modernización en su vocación europea y en una presencia continuada a las instituciones de Bruselas.