La providencia de aclaración de una sentencia anterior del Tribunal Supremo que confirmaba la obligación de impartir un 25 % de las horas lectivas en castellano en la escuela primaria desató una inmediata reacción de rechazo del Govern de la Generalitat y de una serie de plataformas comprometidas en la defensa de las políticas nacionalistas radicales en materia lingüística.

Lo primero que se podría decir es que la respuesta, que incluyó una intervención particularmente desafortunada del conseller de Ensenyament, fue desde el primer momento exagerada y desproporcionada. Y es probablemente esta falta de proporción lo que explicaría la duración relativamente corta de la fase aguda de la crisis, pese a los esfuerzos del mundo oficial y de los núcleos de activistas más movilizados.

Ya en su número 3, política&prosa publicaba el dosier titulado «Les llengües de Sepharad», con un editorial que decía: «… más allá de los recursos judiciales cruzados, haría falta aceptar un marco de geometrías variables en función de la realidad sociolingüística de cada centro y de su autonomía». Es decir, proponía la adaptación de la norma a las condiciones reales y, todavía más, a la experiencia acumulada, a la evaluación de las políticas lingüísticas aplicadas y, eventualmente, a su revisión.

Este planteamiento se fundaba en la experiencia de la aplicación de la inmersión en Cataluña que, en general, se ha hecho con una actitud realista, propositiva y constructiva. No es ningún secreto que, contrariamente a las descripciones apocalípticas de la situación, la realidad de la inmersión en Cataluña ha sido en muchos casos flexible y razonable. Muchas de las escuelas públicas de zonas lingüísticamente tensionadas han hecho literalmente lo que se ha podido, intentando al mismo tiempo garantizar una enseñanza eficaz y contribuir a la integración social de alumnos y familias.

Es imposible entender el relanzamiento de la polémica sin relacionarla con la evolución de la crisis del procés. El nuevo debate surge en un momento marcado por la pérdida de momentum en la reivindicación independentista y por la necesidad del Govern de la Generalitat de reconstruir su equilibrio interno, de tensar su base electoral y de reforzar la posición negociadora con el Gobierno central.

Convendrá prestar atención a la correlación que algunos han descubierto con pánico entre la aparente caída de la posición relativa del catalán y el largo período de gobierno de fuerzas políticas claramente independentistas. Parece bastante probable que la causa del catalán, asociada a una radicalización de las políticas y la retórica gubernamental, pueda haber tenido el efecto de alejar a una parte de la ciudadanía que hasta ahora había aceptado sin muchos problemas un elevado grado de integración en la cultura catalana. La ruptura general del consenso político podría haber animado a capas jóvenes de la población del país a refugiarse «en la lengua de sus padres», es decir, el castellano.