Las elecciones generales del 23 de julio se han saldado con unos resultados inesperados que han pinchado la burbuja de expectativas mediática y demoscópica que presentaba como inexorable una amplia victoria del Partido Popular con la aportación decisiva de Vox. La posibilidad que la extrema derecha fuera determinante en la gobernación de España adquiría una dimensión europea de innegable importancia, en un contexto de progresiva normalización de su presencia en cada vez más países de la Unión Europea y en la perspectiva de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, con un debate abierto entre los populares europeos sobre la posible integración de una parte de la extrema derecha. No hay que decir, por lo tanto, que la frustración de esta expectativa en España es una buena noticia para toda Europa y una señal de esperanza para frenar la oleada ultraderechista.

Pero los resultados no son tan sorprendentes si se examinan las líneas de continuidad del comportamiento electoral en los últimos años, especialmente desde 2015. Así, vemos que el conjunto de los votos de la derecha supera los 11 M de votos, en la parte alta de su serie histórica, y con la novedad de que ha pasado de tres opciones a dos, reduciendo con la desaparición de Ciudadanos la dispersión que la castigó en las elecciones de 2019. Pero este éxito del conjunto se ha visto lastrado por el insuficiente resultado logrado por el PP (8M) y por la resistencia de Vox, que con 3M parece consolidar un espacio propio. En caso de persistir esta correlación de fuerzas, las posibilidades del PP de acceder al gobierno parecen muy escasas. Por eso se ha abierto en las filas de los populares el debate sobre cuál es la mejor estrategia para acabar con Vox entre los partidarios de combatirlo ideológicamente y los favorables a una concertación electoral. Un debate sobre el que se proyecta el recuerdo del mejor momento de la historia del PP cuando José María Aznar fue capaz de integrar a todas las sensibilidades de la derecha.

Por otro lado, el conjunto de la izquierda logra casi 11 M de votos, empatando así con el bloque de la derecha, gracias a una movilización de su electorado imprevista por los cálculos de la derecha política y mediática. Pero este hecho no puede esconder la tendencia descendente de su voto, a diferencia de la estabilidad del voto de la derecha, en no progresar al ritmo del crecimiento del censo electoral. Aun así, dentro de este bloque ha sido determinante la resistencia del voto socialista que se acerca a los 8M de votos, muy por encima del mínimo de los 5 M de 2015, pero lejos de los 11M de 2008. Como también es remarcable que Sumar haya consolidado un espacio con 3 M de votos, a pesar de las turbulencias vividas en su proceso de construcción.

De este modo, la distancia entre los dos bloques ha quedado reducida al mínimo (unos 300.000 votos), aunque por los efectos del sistema electoral la distancia en escaños haya sido de 16. Muy lejos del millón de votos y de los 40-50 escaños pronosticados por los demoscópicos más osados.

Cómo en todas las elecciones donde ninguno de los dos partidos principales logra la mayoría absoluta, la gobernabilidad está condicionada por las fuerzas nacionalistas y regionalistas. Una expresión, por otro lado, de la pluralidad y complejidad del mapa político español. En esta ocasión se da la paradoja que, a pesar de que el total de los votos logrados por estas candidaturas es uno de los más bajos de toda la historia electoral, su peso es todavía más decisivo para la investidura y para la estabilidad de la futura legislatura.

Esta paradoja se manifiesta agudamente en Cataluña, donde los tres partidos independentistas no llegan al millón de votos, perdiendo casi 700.000 respecto a las generales de 2019. Por contraste, el PSC llega a 1.200.000 votos -una aportación decisiva para el buen resultado del PSOE-, y el conjunto de las izquierdas suma 1.700.000 votos y 26 diputados. Pero los 14 diputados de ERC y de Junts se han convertido en necesarios para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez, con la diferencia determinante respecto a la anterior legislatura del papel decisivo de un Junts per Catalunya, ligado de pies y manos a Carles Puigdemont y sus circunstancias.

En definitiva, con la correlación de fuerzas surgida de las elecciones se tiene que afrontar el proceso de investidura de un nuevo presidente del Gobierno de España. Sobre el papel se plantean cuatro escenarios posibles. Primero, un acuerdo del PP con Vox y con las fuerzas nacionalistas y regionalistas de centro-derecha que, necesariamente, tendría que incluir el Partido Nacionalista Vasco para investir Alberto Núñez Feijóo. Segundo, un acuerdo entre PSOE, Sumar y el conjunto de las fuerzas nacionalistas catalanas, vascas, gallegas y, eventualmente, canarias para investir Pedro Sánchez y posibilitar así un gobierno de coalición PSOE-Sumar. Tercero, un acuerdo entre el PP y el PSOE para facilitar la investidura del líder del partido con más votos y escaños; o bien -forzando la imaginación- un pacto de Estado para investir una figura supra partes, como aconteció en Italia antes de dar en un gobierno de la extrema derecha. Y, finalmente, un cuarto escenario: un bloqueo de la situación que impida la investidura de ningún candidato y conduzca inexorablemente a unas nuevas elecciones.

Descartada en principio la primera opción por la negativa del PNV a investir Núñez Feijóo, como también la tercera por altamente improbable en el actual ciclo político, el foco está puesto en la decisión que adopte Junts per Catalunya para facilitar el segundo escenario. Todas las especulaciones giran en torno a los incentivos que pueda tener Junts para tomar esta decisión y, más concretamente, sobre cuáles son las intenciones de Carles Puigdemont. El historial de las decisiones estratégicas del expresidente no invita al optimismo, inmunes a cualquier consideración de los sectores más pragmáticos de su partido. La competición a muerte entre Junts y ERC por la hegemonía independentista, con la vista puesta en las próximas elecciones en el Parlament de Catalunya, tampoco estimula una salida posibilista. Nos podemos encontrar, pues, con el contrasentido que una fuerza minoritaria en Cataluña -la quinta fuerza política con un 11’1% de los votos- pretenda imponer al conjunto de los catalanes y de los españoles la desestabilización del sistema, con el riesgo de que culmine en el acceso de la extrema derecha al gobierno de España.

En todo caso, es lógico que los socialistas intenten agotar las posibilidades de negociar la investidura de Pedro Sánchez, con un ejercicio delicadísimo para mantener el equilibrio entre la voluntad de avanzar en la resolución de la situación creada en Cataluña el 2017 por la fuga hacia adelante del independentismo y la determinación de impedir un retroceso democrático y la ruptura constitucional. Pero esta disposición positiva y abierta al diálogo no tiene que ser incompatible con la firmeza que supondría afrontar sin temor las consecuencias de un eventual fracaso en la negociación e ir, si es necesario, a unas nuevas elecciones con el propósito y la ambición de reforzar la centralidad del PSOE y de Sumar en el sistema político español frente al retroceso que representa una derecha condicionada por Vox y el bloqueo que puede acabar para proponer Junts.