Durante las primeras semanas del nuevo año, la actualidad política catalana ha acumulado episodios que —para decirlo amablemente— no pueden considerarse demasiado ejemplares. Una información periodística desvelaba determinadas situaciones de privilegio laboral en el Parlament de Cataluña. Se conocían detalles de investigaciones judiciales sobre prácticas irregulares en contratos de una productora con la televisión pública catalana. Se adoptaban decisiones políticas controvertidas como el relevo del mayor de los Mossos, seguido de una remodelación a fondo de la cúpula del cuerpo policial.

El primer caso es un ejemplo del funcionamiento poco transparente del Parlament de Cataluña, la primera institución de la Generalitat. Así lo explicaba Núria Orriols en la exclusiva del diario Ara (17-1-22): «Privilegios en el Parlament: la cámara paga 1,7 millones de euros anuales a funcionarios que ya no trabajan allí. Dos ex secretarios generales, acogidos a este régimen, cobran más de 10.000 euros al mes. La licencia por edad se instauró en 2008 y permite que los funcionarios del Parlamnet cobren durante cinco años sin trabajar, continúen generando trienios y mantengan las cuotas de la Seguridad Social». Más allá del escandaloso privilegio puesto al descubierto, lo más grave es que ha sido tolerado, por activa o por pasiva, durante años por los grupos parlamentarios de la Cámara. Una actitud de opacidad vergonzosa, propia de la ley de la omertà de una casta política y funcionarial, que no contribuye en absoluto al prestigio de la institución y del conjunto del sistema democrático.

En el segundo caso, nos encontramos con un capítulo más de la trama de corrupción vinculada al entorno convergente. Pere Rusiñol lo explicaba así en una serie de artículos publicados en elDiario (16, 17, 18  y 19 de enero de 2022): «TV3 pagó 31 millones de euros a una productora investigada por el 3 %. El 80 % de los ingresos de Triacom, que según las investigaciones de Mossos y Guardia Civil abonó gastos electorales de Mas, procedían de la televisión pública catalana.» «La productora Triacom inflaba más del 50 % el precio de los programas que facturaba a TV3. Los investigadores del caso 3 % mantienen que las cantidades que la televisión catalana pagaba de más servían luego para emitir facturas falsas para empresas relacionadas con Convergència y sus dirigentes.» Como se puede constatar, nada nuevo: pura rutina dentro de la nebulosa de la financiación irregular de Convergència Democràtica, con David Madí y compañía de por medio.

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Sin querer restar importancia a los dos primeros casos mencionados, el tercero es el de más calado político —«el escándalo de verdad», según Antoni Puigverd (La Vanguardia, 19-1-22)—, en la medida en que planea la sospecha de una purga política en toda regla de la cúpula de los Mossos de Esquadra. El conseller de Interior ha querido explicar la remoción del mayor Trapero y la remodelación como un ejercicio legítimo de discrecionalidad del poder político, pero al verse afectada una unidad tan sensible como la de anticorrupción las conjeturas son inevitables. Todavía más si se tiene presente la tortuosa trayectoria de las relaciones entre el mayor Trapero y la dirigencia procesista.

Planea la sospecha de una purga política en toda regla de la cúpula de los Mossos de Esquadra al verse afectada una unidad tan sensible como la de anticorrupción.

Desconfianza política en Trapero

Neus Tomàs exponía en elDiario (10-01-22) las divergencias entre el mayor Trapero y su equipo y el nuevo conseller Ignasi Elena, poniendo el foco en el control del área de investigación y el blindaje de las injerencias políticas que afectaba a casos sensibles relacionados con la financiación ilegal de Convergència Democràtica o con presuntas malversaciones atribuidas al anterior conseller de Interior Miquel Buch o a la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs. En el capítulo de las injerencias políticas destacaba la presencia de un David Madí vanagloriándose de controlar desde la sombra la cúpula policial de los Mossos y velando por la presencia «de los nuestros» (Mayka Navarro en La Vanguardia, 16-1-22).

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Además de estos aspectos relatados por Neus Tomás, Josep Martí Blanch añadía, en un artículo en El Confidencial (22-12-21), desavenencias surgidas por la retirada de la Generalitat como acusación en casos de manifestantes que había agredido a mossos, o el desmantelamiento del equipo jurídico de Interior que prestaba asistencia a los policías, o las presiones para rebajar los operativos policiales en actuaciones de desocupación. Una serie de decisiones claramente  dirigidas a contentar a la CUP. En definitiva, todo un ejemplo de politización del cuerpo policial. Otros comentaristas han coincidido en subrayar también el trasfondo de desconfianza política en Trapero y por extensión en el conjunto de los Mossos por no haber asumido el proyecto secesionista (Joan Esculies en La Vanguardia, 24-12-21).

Son hechos que se suman a la ya pesada mochila de irregularidades que soporta el país con cada vez más indiferencia que indignación. Porque no se trata de hechos aislados, sino que hay un hilo conductor que los enlaza y que nos muestra la cara oculta y persistente de nuestro sistema institucional. En esta cara oculta habita el espectro convergente, ilustrado como nunca por la conversación entre David Madí y Brauli Duart en la cual el primero afirmaba —con la prepotencia de un admirador del general Patton— que el conseller Miquel Samper «no tome ninguna decisión sin contar conmigo, porque durará menos que un caramelo en un colegio de tontos». Una conversación de la cual Jordi Amat (El País, 16-01-22) destacaba otra frase: «Si por lo que fuese, pierde la red histórica, estará solo ante el peligro».

El ‘procés’ se ha acabado, se reconozca abierta o tácitamente. Al despertar del espejismo, lo que queda es la vieja estructura autonómica.

Yendo más allá, Amat elevaba a categoría la imagen de la red para desentrañar la lógica profunda del procés: «Pero la imagen de la red empleada por Madí, igual que su noción de “mentira fértil”, valen como detonadores para comprender lo que fue también el procés: un dispositivo que, por un lado, planteaba para funcionar un pulso cada vez más extremado al Estado y, al mismo tiempo, mientras seguía en funcionamiento, reservaba a una élite barcelonesa el derecho a decidir quién mandaba (y en parte quién manda) en el sistema de poder autonómico. Los cambios en la cúpula de los Mossos lo ejemplifican. El Deep procés ha sido otra cosa: una red que, defendiendo el relato de la independencia, ha actuado como una élite extractiva del autogobierno para acabar vaciando las instituciones de autoridad política». Una red con algunos influencers destacados —David Madí, Jaume Giró, Pepe Antich…—, sobre la cual daba detalles Salvador Sostres e