Del Donald Trump que ocupó la Casa Blanca desde enero del 2017 al mismo mes del 2021 se solía decir que no había que interpretarlo literalmente, pero sí seriamente. Del que ha reocupado el poder ejecutivo desde el 20 de enero del presente año habría que subrayar su imprevisibilidad y su capacidad para la sorpresa permanente.

Avisó de que gobernaría al menos un día como un dictador y de que se serviría de su amigo y financiador Elon Musk, el hombre más rico del mundo, para eliminar «el fraude y el derroche» en el gasto del Gobierno federal, pero casi nadie estaba preparado para el aluvión de órdenes ejecutivas que abarcan casi todas las esferas de la acción de gobierno. El perdón incondicional a los cerca de 1.500 integrantes de la turba armada que asaltó el Capitolio el 6 de enero del 2021 fue probablemente la medida más simbólica del primer día, pero el centenar de las citadas órdenes promulgadas en poco menos de dos meses ha suscitado un obligado interrogante: ¿funcionará el sistema de controles y equilibrios (checks and balances) que consagra la Constitución estadounidense?

La evidencia hasta ahora es incompleta. Es verdad que varios jueces han paralizado temporalmente la ejecución de diversas órdenes relativas, por ejemplo, a las deportaciones masivas, al derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense, a la supresión de ciertas agencias gubernamentales o a los despidos sin garantías de centenares de funcionarios. Pero no es menos cierto que muchos de estos contenciosos se dirimirán finalmente en el Tribunal Supremo, que si bien presenta una nítida mayoría conservadora ha dado históricamente muestras de una sólida independencia.