Venezuela es el país del mundo —sin guerra declarada— que ha tenido el peor ejercicio económico de los últimos veinte años. Si a esto le sumamos que también es el país que ha sufrido la mayor diáspora migratoria (en términos relativos a su población) del hemisferio en el último medio siglo, es fácil darse cuenta de que lo que ha sucedido en este país es un drama. Un drama que ha tenido innumerables episodios críticos a nivel político, económico y social, y que se mantiene gracias a la disponibilidad, por parte del Gobierno de Caracas, de unas espléndidas reservas de petróleo. Estas mismas reservas son las que protegen al Gobierno de los países que, si bien no son aliados de Maduro, tampoco quieren dejar de estar presentes en el lucrativo negocio del crudo venezolano.

Venezuela es pionera en un lamentable episodio contemporáneo que se llama «la tercera oleada de autocratitzación» y que según el think tank escandinavo IDEA, en su último informe, ya sufren el 25% de las democracias actuales. Y es que desde 1999 hasta 2016, el régimen venezolano ha ido deslizándose desde una democracia liberal hacia un régimen híbrido, y después de 2016, hacia uno plenamente autoritario que, de vez en cuando, hace un guiño a la oposición convocando elecciones que, si no las gana, las roba.

Hablo de guiño porque las pasadas elecciones generaron mucha esperanza por el hecho de que, como pasó en 2016, la oposición se presentó unida (a pesar de que su líder no se pudo presentar) y esto hizo pensar que era una oportunidad de oro para desbancar a unas autoridades que, desde hace veinticinco años, se han instalado al poder.

Pero no siempre unas elecciones con concurrencia son competidas. Así lo hemos visto también a lo largo de la última década en muchos países —sobre todo de la Europa del Este— donde se ha consolidado un sistema de autoritarismo electoral. Es decir, un régimen donde la oposición puede presentar candidaturas, movilizar a sus simpatizantes y, el día de los comicios, permitir que todo el mundo salga a votar. Otra cosa es que el recuento electoral sea transparente y que, en caso de que pierda el candidato del Gobierno, se acepte la derrota y se ceda el poder. Esto es, precisamente, lo que ha sucedido en Venezuela, donde nadie del entorno de Maduro se planteó aceptar una posible derrota y, todavía menos, un traspaso de gobierno.