Desde la muerte del general Franco, la tensión nacionalista entre el Estado central y autonomías históricas como las de Cataluña, el País Vasco y Galicia se ha ido perfilando en sectores de opinión cada vez más amplios como un problema irresoluble, que sólo cabría abordar, si acaso, desde la resignada «conllevancia» sugerida por Ortega en el debate sobre el Estatut celebrado en las cortes republicanas en 1932. En aquel debate, Manuel Azaña, frente a Ortega, se había mantenido fiel a la idea de que el único problema que podría resolver el nuevo sistema democrático no respondía a la pregunta de qué es España, sino a la de cómo se gobierna. Y la propuesta que desgranaría a continuación, complementaria de la que había formulado meses antes en relación con la libertad religiosa, se concretó en establecer una República capaz de garantizar la convivencia entre individuos, no entre naciones, como daba a entender la conllevancia de Ortega.
La intervención de Azaña se dirigió formalmente contra la de algunos diputados de la Cámara. En última instancia, fue contra la narración del pasado de la que Ortega se venía haciendo eco desde la publicación de España invertebrada en 1921, y que, por su parte, el futuro presidente de la República había criticado en diversos artículos y ensayos. España invertebrada no ponía en cuestión los rasgos con los que los autores de la generación de 1898 definían la nación, cuya esencia asociaban al catolicismo y a Castilla, sino que los caracterizaba a través de una retórica y unas metáforas distintas, importadas del campo semántico de la ciencia y no de las obras literarias del siglo de oro.
Ortega, en efecto, no invoca el idealismo de don Quijote y el realismo de Sancho para caracterizar España, según harán Unamuno, Maeztu o Ganivet, sino unas misteriosas «leyes de gravitación espiritual» que regirían las relaciones entre los hombres «ejemplares» de la élite y los «dóciles» de la masa, así como unas singulares ecuaciones matemáticas que permitirían calcular, se lee en España invertebrada, la «densidad vital» y la «vitalidad histórica» de la nación en un momento dado, y establecer su «pulso».
La paradoja a la que se enfrentarían los redactores de la Constitución de 1978, y que sigue vigente al conmemorarse medio siglo del inicio de la Transición, reside en que, al poner en pie una fórmula autonómica que retomaba la de Cataluña en 1932, adoptaban por un lado la solución política sugerida por Azaña para reconducir la tensión nacionalista, mientras que, por el otro, creían estar dando forma a la conllevancia defendida por Ortega, incompatible con la anterior.
