La privatización de la sanidad debilita la cohesión social en torno a la atención sanitaria pública y aumenta la desigualdad en salud, que juntamente con el acceso a la educación, la vivienda y la protección social constituyen los pilares fundamentales del Estado de bienestar. Desde la crisis financiera de 2008, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha sido sometido a la presión de las políticas de ajuste fiscal, a los recortes y a la convulsión ocasionada por la pandemia del covid-19. Políticas de contracción y de crisis excepcionales han agravado los desequilibrios estructurales y la insuficiente financiación sistemática de la sanidad pública.

El desajuste más significativo es la infrafinanciación, pero no es el único. La cobertura financiera es una condición necesaria, pero no es suficiente para mejorar la sostenibilidad del SNS. Más financiación no asegura más salud. Es prioritario actuar en la mejora de las condiciones laborales y profesionales del personal sanitario con acciones que, más allá de la eficiencia, tengan como referente una visión ética y política de la salud como derecho fundamental.

Entidades privadas, a través de formas indirectas de gestión, realizan prestaciones sanitarias en la sanidad pública. A menudo se justifican considerando que la gestión privada de la sanidad es más eficiente que la gestión pública, o al revés. De manera que la única característica que se atribuye a la gestión privada es el afán de lucro, y a la gestión pública una supuesta ineficiencia estructural, en un viaje de ida y vuelta que transita sin verificación contrastada ni fundamentada, y que esconde las verdaderas razones de una posible colaboración público-privada en el ámbito de la mejora del bien común.

El ámbito donde actúa la prestación sanitaria privada en la sanidad pública es sometido a prejuicios, en el sentido de asumir ideas que se aceptan como válidas por sí mismas, sin hacer el esfuerzo de considerar si tienen o no justificación, según argumentan Victoria Camps y Àngel Puyol. Por su parte, Vicente Ortún y Beatriz González sostienen que el hecho de que la gestión sea pública o privada no garantiza necesariamente mejores niveles de eficiencia y de calidad. No hay una evidencia empírica consistente y suficientemente sólida de comparación entre la eficacia de la gestión privada y la de la gestión pública.