No es ninguna exageración decir que el Líbano es un país desvencijado, que no conoce la paz de verdad desde 1975, inicio de la guerra civil, que acabó oficialmente en 1990. A mediados del 2000, un hombre de negocios muy próximo a la familia Aoun, maronita, explicó en París a un grupo de periodistas que la realidad era que el Líbano vivía inmerso en una permanente guerra inacabada, y los acontecimientos de nuestros días le dan la razón. La debilidad institucional y las tensiones sectarias, siempre a flor de piel, hacen que la bella Suiza de Oriente Próximo sea un país sacudido por un rosario de crisis encadenadas, aprovechadas y manipuladas por enemigos irreconciliables o por una vecindad –Siria e Israel en diferentes momentos– que ve el Líbano como un cuarto de los trastos o un patio de atrás.

Funciona la república –es un decir– a partir de un reparto confesional de las instituciones: el presidente es siempre un cristiano maronita, el primer ministro tiene que pertenecer a la comunidad musulmana suní y el presidente del Parlamento, a la chií. Para acabarlo de complicar, los 128 escaños del Parlamento se reparten mitad y mitad entre cristianos y musulmanes, un caso de desconfianza política casi única –la muhasasa iraquí (reparto étnico) va por el mismo camino–, un sistema paralizante e ineficaz, heredero de la falsa prosperidad de la posguerra mundial, convertido entonces el sistema bancario libanés en una especie de refugio sin reglas para las fortunas que huían de los experimentos socializantes de Egipto, Siria e Irak más –quizás– los ahorros de las familias reinantes de la península Arábiga.

Simple y llanamente: «La ausencia del Estado, evidente en el campo económico, impide todo esbozo de política social. Las disparidades y las desigualdades se agrandan, confundiéndose solo en parte con las divisiones confesionales», resumieron Alain Gresh y Dominique Vidal en su clásico de 1986 Les 100 portes du Proche-Orient para describir la situación en el Líbano en plena guerra civil.