En mayo de 2018 en una entrevista en el diario Ara, Federico Mayor Zaragoza, director general de la Unesco entre 1987 y 1999, aseguraba que había trabajado «mucho por una cosa que decían que era imposible: el retorno a Cataluña del president Tarradellas». Con el paso de los años todo el mundo explica la historia como le conviene. Es por eso por lo que el trabajo de los historiadores no se acaba nunca. Esta afirmación, excepto que nueva documentación de su archivo personal depositado en la Universidad de Granada lo desmienta, no es exacta.
Más bien al contrario. Mayor Zaragoza, fallecido el pasado 19 de diciembre a los 90 años, entre 1976 y 1977 fue uno de los principales representantes de la vía alternativa al retorno del president que impulsaba el gobierno de España. Nacido en Barcelona en 1934, Federico se formó en la escuela Virtèlia, cristiana, catalanista y crisol de numerosos cuadros de la élite burguesa barcelonesa. Se licenció y doctoró en Farmacia en las postrimerías de los años 50 en Madrid. En cinco años ya era catedrático de Bioquímica de la Universidad de Granada, de la cual fue rector entre 1968 y 1972. Después, fue vicepresidente del CSIC y ocupó, en 1974-1975, la subsecretaria del ministerio de Educación y Ciencia del gobierno de Carlos Arias Navarro, el último presidente de Francisco Franco.
Mientras los tarradellistas trabajaban para dar a conocer la figura del president de la Generalitat en el exilio y este intentaba abrir una vía de diálogo con el gobierno español, la monarquía tomó conciencia de que, para consolidarse, tenía que afrontar la cuestión catalana. Muerto el dictador, Juan Carlos I realizó su primer viaje oficial a Cataluña y el 18 de febrero de 1976 en el Salón del Tinell de Barcelona pronunció un discurso con algunas frases en catalán. Dos días después, el gobierno de Arias aprobó la creación de una Comisión para el Estudio de un Régimen Administrativo Especial para las cuatro provincias catalanas.
La idea era del vicepresidente y ministro de Gobernación, Manuel Fraga, en colaboración con el presidente de la Diputación de Barcelona, Joan Antoni Samaranch. Se quería crear una mancomunidad o un Consejo General de Cataluña para bloquear las demandas autonomistas y mantener, en esencia, el régimen provincial. Un régimen administrativo, no político, extensible al resto de regiones, sobre todo al País Vasco. Josep Benet i Jordi Pujol, fervientes seguidores de Enric Prat de la Riba, lo apoyaron —aunque después se desdecirían.
