El relativamente alto nivel de abstención en las elecciones estadounidenses ha sido objeto de innumerables análisis, estudios y opiniones a lo largo de los años. En lo que se refiere a los comicios presidenciales, uno de los villanos más habituales es el Colegio Electoral, un sistema verdaderamente atípico de medir la voluntad popular en una decisión trascendental como es la de elegir al primer mandatario durante cuatro años.

Muy sucintamente explicado, el sistema consiste en la celebración el primer martes precedido de lunes de noviembre de todos los años bisiestos de 51 elecciones a nivel estatal, las de los 50 estados y las del Distrito de Columbia, totalmente independientes entre sí, que atribuyen un número de votos, los llamados votos electorales, al candidato a presidente que se haya impuesto en esos comicios. Esos votos electorales se calculan en función de la población del estado y se recalculan cada diez años, en función de los datos que arroje la Oficina del Censo. Arizona, por ejemplo, con 7,3 millones de habitantes, dispone de 11 votos electorales, mientras que Georgia, con 10,7 millones, dispone de 16. Un factor especialmente trascendente   es que, salvo en el caso de dos estados relativamente poco populosos (Maine y Nebraska), el sistema carece de cualquier proporcionalidad, es decir, que atribuye todos los votos electorales al candidato más votado, con independencia del margen que los separe. Es proclamando presidente el candidato que obtiene la mitad más uno de los votos electorales, 270 es actualmente el número mágico.

En toda la historia de la nación no se había producido más que en tres ocasiones que un candidato menos votado que su rival por la totalidad del pueblo resultara vencedor en el Colegio Electoral, pero en el siglo XXI ya ha pasado dos veces (George Bush júnior contra Al Gore en el 2000, Donald Trump contra Hillary Clinton en el 2016) y no es en absoluto imposible que pueda volver a ocurrir en las elecciones de este año 2020. Por otra parte y cuando hubo un tercer candidato con cierto respaldo popular, como el gobernador George Wallace en 1968 o el empresario Ross Perot en 1992, se dio la circunstancia de que un candidato se hizo con la totalidad de los votos electorales de un estado con apenas el 40% del respaldo popular o incluso menos.

Y hay una tercera característica que implica ese sistema y que constituye un poderoso estímulo a la abstención, especialmente en estos tiempos recientes de extrema polarización política. Al margen del patriotismo y del deber/derecho de votar, ¿qué motivación puede tener un partidario de Trump para ir a las urnas en California, que no se inclina por un candidato republicano desde 1988 y en el que Hillary Clinton le sacó 30 puntos hace cuatro años al actual inquilino de la Casa Blanca? Y, a sensu contrario, ¿qué puede estimular a un adversario del presidente Trump para votar a Joe Biden en un estado como Oklahoma, que no se inclina por un candidato presidencial demócrata desde 1964 y en el que Hillary Clinton no llegó en 2016 ni al 30% de los votos?

Al lado de este argumento central, los demás razonamientos palidecen, aunque es cierto que la obligatoriedad de registrarse para votar en un país con tanta movilidad geográfica puede constituir un elemento disuasivo adicional para acudir a la cita con las urnas. Tampoco hay que exagerar, inscribirse en un registro de votación no precisa muchos más trámites ni tiempo que los necesarios en España para empadronarse y, de esta manera, poder votar. Por otra parte, los estados tienen amplias competencias para establecer su propia mecánica electoral, sea mediante las clásicas papeletas de papel tipo sábana, sea mediante una especie de palancas que se bloquean tras un solo uso para impedir que se vote dos veces o sea mediante diversos sistemas electrónicos. En definitiva, al margen de ciertas obsolescencias en determinados sistemas y de que probablemente no se ha invertido en estos mecanismos lo suficiente desde el gran fiasco del año 2000, cuando el recuento en Florida demoró los resultados de las elecciones más de un mes, puede decirse que el sistema ha funcionado a lo largo de la historia razonablemente bien, con bajísimas cotas de fraude.

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Sin embargo, el presidente Trump se ha empeñado en hacer una cuestión de vida o muerte en relación al voto por correo, una herramienta normal y corriente que ha venido funcionando en el país desde hace décadas. Es más, se atribuye su origen a las elecciones presidenciales de 1864, cuando Abraham Lincoln contó para su reelección con los votos por correo enviados por los soldados unionistas desde el frente bélico. Pero, siglo y medio después, el presidente Trump tiene mucho interés en distinguir entre el voto no presencial (absentee voting), del que confiesa hacer uso, y el voto universal por correo, del que abomina.

Es posible que en la atormentada psique del magnate inmobiliario haya pesado un fenómeno ocurrido en las elecciones presidenciales de hace cuatro años, que en cualquier caso no afectó a los resultados de los comicios pero, posiblemente, sí al ego del presidente. Sucedió que, a medida de que transcurrían los días y se computaban los votos por correo, se fue ensanchando la victoria de Hillary Clinton en el total de votos emitido por los estadounidenses, hasta acercarse a los tres millones de diferencia. Ningún estado cambió de signo, por lo que la victoria constitucional de Trump no peligró en ningún momento, pero sí se hizo muy visible la limitada legitimidad moral del triunfo del candidato republicano.

En todo caso, las diferencias entre uno y otro sistema de voto no presencial son mínimas, habiendo fundamentalmente en este sentido tres categorías de estados. Un primer grupo, que es el más numeroso y que está compuesto por 34 estados, en el que los electores no precisan de ninguna excusa para solicitar que se les envíe por correo la correspondiente papeleta. Un segundo grupo está compuesto por ocho estados en los que sí se exige una justificación de tipo laboral, médico o de fuerza mayor para recibir la papeleta y poder votar por correo. Y, finalmente, hoy otro grupo de ocho estados y el Distrito de Columbia, sede de la capital de la nación, que practican el llamado voto por correo universal, en el que todos los ciudadanos registrados para votar reciben en sus domicilios las papeletas, las hayan solicitado o no. Es éste último sistema el que ha contado y cuenta con la oposición frontal de Donald Trump, que le atribuye sin ninguna base empírica un alto potencial de fraude y cuya generalización, también según su arriesgada opinión, supondría la práctica imposibilidad de que ningún candidato republicano pudiera volver a alzarse con la presidencia de la nación.

En este estado de cosas ha incidido, con consecuencias desastrosas, la pandemia del covid-19, que lógicamente ha suscitado una avalancha de peticiones para votar por correo, lo que a su vez ha propiciado que algunos gobernadores estatales –gozan de amplísima autonomía en este terreno– hayan flexibilizado las normas vigentes, especialmente en lo que se refiere a las fechas hábiles para la recepción de los sufragios.

Lo cierto es que hay algún precedente un tanto inquietante. En las elecciones primarias celebradas en el estado de Nueva York en el mes de junio del 2016 se recibieron unas 160.000 solicitudes para votar por correo, mientras que ahora, cuatro años después, las solicitudes en uno de los estados más castigados por la pandemia se multiplicaron por más de 10, llegando a 1,7 millones de peticiones. Los resultados fueron los previsibles, el sistema de Correos (USPS, en sus siglas en inglés) no dio abasto y a mucha gente no le llegó la papeleta a tiempo o hubieron de enfrentarse a diversos problemas técnicos.

Pero una cosa son los problemas técnicos derivados del fuerte incremento de la demanda y otra cosa es que haya fraude, lo que, según todos los indicios, es cosa del pasado, como aquellos legendarios fallecidos que «resucitaban» para votar en Chicago, Nueva Orleans y otras grandes urbes del país. Estaba el caso de un pintoresco gobernador de Luisiana, Edwin Edwards, elegido democráticamente varias veces y condenado finalmente a prisión por extorsión y blanqueo de dinero entre otros cargos, al que se la atribuía una frase magistral: «Cuando muera, enterradme en el gran estado de Luisiana, quiero seguir activo en política».

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Nada que ver, hay que insistir en ello, con la situación actual, en la que el triple pilar del registro, del establecimiento de la identidad y de la comprobación de la firma convierten en anecdótica la posibilidad de irregularidades, con independencia de la gran diversidad de mecanismos electorales estatales que aseguran la pureza del proceso. Está, por ejemplo, el caso de Dakota del Sur, estado poco habitado y de núcleos de población separados por grandes distancias, donde no hace falta una excusa para votar por correo, pero donde es necesario adjuntar a la solicitud una fotocopia del carnet de conducir.

Pero la política y el evidente miedo del presidente Trump a perder las elecciones lo han invadido todo. Un tuit del presidente, emitido el pasado 30 de julio, causó un revuelo que trascendió incluso las fronteras norteamericanas, al sugerir un aplazamiento de los comicios, una eventualidad que no ha ocurrido nunca –ni durante la guerra civil, ni durante las dos grandes contiendas mundiales- y para el que en cualquier caso el presidente no tiene competencia decisoria, es el Congreso quien tiene esa potestad. Posteriormente no ha vuelto a insistir en el tema, pero sí ha hecho rehén la necesaria financiación adicional del sistema de Correos de las negociaciones en el Congreso relativas a las ayudas para las empresas y las personas para aliviar la crisis económica causada por la pandemia.

El peligro reside más bien en que, si no se proporciona al sistema la financiación extra adecuada para hacer frente al incremento del volumen de envíos, si la amenaza de la pandemia acarrea un descenso sustancial del voto presencial y, sobre todo, si el resultado de los comicios en algunos estados significativos impide que en la madrugada del 3 al 4 de noviembre emerja un vencedor claro, el escrutinio se demore varias semanas o incluso meses, con consecuencias potencialmente fatídicas para la estabilidad institucional del país. Parece a primera vista una improbable tormenta perfecta, pero cosas más inesperadas hemos presenciado en este atormentado 2020.