Las elecciones al Parlamento de Andalucía del pasado 17 de mayo cerraron el carrusel electoral que se ha alargado desde diciembre del año pasado. Hemos tenido cuatro elecciones autonómicas en el lapso de cinco meses: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Algo inédito en la historia electoral española, donde la mayoría de las comunidades nos tenían acostumbrados a celebrar sus elecciones en un mismo día, coincidiendo con las municipales. La concatenación de elecciones proviene de una decisión de la dirección estatal del PP, con un argumento explícito y uno implícito.
El primero era la voluntad por parte de los gobiernos autonómicos del PP de avanzar la convocatoria electoral para deshacerse de Vox, que se había mostrado como un socio incómodo en varias autonomías. El argumento implícito, sin embargo, era provocar la asfixia del gobierno central programando una secuencia de derrotas electorales del PSOE que, de alguna manera, pusiera en evidencia su debilidad mostrando que «el electorado le había dado la espalda».
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Una vez celebradas las cuatro elecciones es posible hacer un balance de la apuesta popular. En cuanto al objetivo explícito que fundamentaba los adelantos electorales en Extremadura, Aragón y Castilla y León (el adelanto andaluz fue más bien táctico), se puede decir que el PP ha fracasado en su apuesta. En todas las comunidades los populares no han podido desembarazarse de Vox y tienen que afrontar no solo un escenario parlamentario en el cual dependen de la formación ultra, sino que estos han decidido forzar al PP a admitirlos como socios en los ejecutivos autonómicos. El caso de Andalucía ha sido el más duro de tragar para el PP, puesto que allí los populares habían disfrutado en la última legislatura de una cómoda mayoría absoluta, que ahora han perdido.
Ahora bien, pese al fracaso rotundo del PP en su objetivo explícito, es cierto que las cuatro convocatorias han puesto crudamente de manifiesto la debilidad electoral del PSOE. Esta, lejos de poderse percibir como resultado de las coyunturas particulares de las cuatro comunidades autónomas, ha impactado de pleno en el gobierno central y en el liderazgo de su presidente precisamente porque en la mayoría de los casos se ha querido ligar la elección autonómica con la dirección central del partido.
Los casos más flagrantes de esta dinámica han sido los de Aragón, donde la candidata socialista había sido hasta aquel momento ministra del gobierno central, y sobre todo de Andalucía, donde la jefa de lista era nada más y nada menos la vicepresidenta primera del gobierno de Sánchez. Para redondearlo, hay que señalar que en Extremadura la candidatura de Miguel Ángel Gallardo estaba avalada explícitamente por el presidente del gobierno. Solo en Castilla y León la candidatura socialista era completamente «local», y precisamente es allá donde el resultado del PSOE fue menos malo.
En este sentido, el PP ha conseguido el objetivo que perseguía con el carrusel electoral, el de mostrar la debilidad del PSOE y crear la idea de que los socialistas están en una lógica declinante de pérdida de apoyo. Ahora bien, esta constatación no ha comportado automáticamente aquello que perseguían los de Feijóo: que el estrangulamiento electoral llevara a Sánchez a avanzar la celebración de las elecciones generales, que es de hecho el objetivo final (y único) de toda la estrategia popular desde las elecciones del 2023.
El programa político del PP, si es que existe, solo tiene un punto: la renuncia de Pedro Sánchez. Y a este punto el PP parece dispuesto a jugárselo todo, como han demostrado los adelantos electorales. Aun así, la lógica propia del PP ha hecho que la derrota del PSOE en las cuatro convocatorias se diera por sentada, de tal manera que su constatación no ha movido el tablero político. La sucesión de elecciones tampoco ha dejado que las derrotas socialistas hayan tenido efecto, porque a medida que se sucedían se iba moviendo el foco hacia la siguiente elección.
En cualquier caso, las elecciones andaluzas abrían, y abren, la recta final hacia las elecciones generales, a pesar de que el PP no haya conseguido forzar su adelanto, como era su idea. El resultado andaluz, unido al de las tres elecciones anteriores, definía una última etapa de la legislatura con un PP marchito, un Vox reforzado, un PSOE tocado pero no hundido y una izquierda del PSOE abonada al psicodrama permanente y sin definición clara.
En estas estaban los partidos cuando ha estallado el caso Zapatero, un torpedo en la línea de flotación del gobierno central y del PSOE, con una capacidad destructiva evidente. El caso confirma lo que vamos viendo desde hace años: las decisiones judiciales son los elementos con más capacidad para mover el tablero de juego político, mucho más que cualquier iniciativa que provenga de los actores puramente políticos, sean partidos o gobiernos. Que lo que suponíamos tenía que ser la recta final hasta llegar a las elecciones generales se acabe convirtiendo en un camino de curvas, con capacidad de hacer derrapar al gobierno y a su mayoría, depende a estas alturas no de las decisiones de los partidos sino de lo que sucederá en los despachos y en la sala de vistas de la Audiencia Nacional. Aires de 1995.
