Un contrato es una distribución de riesgos pactada por quienes lo celebran sobre cuáles asumirá cada uno de ellos. No hay contrato sin riesgo. No lo hay por definición, pues todos contratamos sobre aquello que puede ocurrir o no ocurrir -sobre lo contingente-. Nadie contrata sobre aquello que con total seguridad va a suceder o que no puede acontecer de ningún modo -sobre lo necesario o lo imposible-. Un contrato en virtud del cual alguien prometa que hará que salir el sol salga o que lo impedirá es nulo.

Siempre hay riesgos, pues hasta en los trueques más sencillos aquello que te dan puede estar averiado. En todo caso, la mayor parte de los contratos son promesas, compromisos de futuro, por tanto, con los riesgos asociados a que el futuro no sea como creímos: que los precios bajen en lugar de seguir subiendo, por ejemplo, o que una pandemia como la covid-19 mate a un millón de personas y zarandee toda la red de contratos que nos asegura la vida.

Las personas y las organizaciones que contratan saben que pueden aceptar las promesas de futuro de otras personas porque si estas no cumplen, el derecho de contratos permitirá al cumplidor reclamar al incumplidor el cumplimiento forzoso o una indemnización por haber faltado a su palabra. Los contratos forman así una red que nos protege a todos.

No solemos fijarnos en la red de contratos, la damos por segura, hasta el punto de que llegamos a creer que nunca nos hará falta, que todo funciona hoy y seguirá haciéndolo mañana como lo hizo ayer. De hecho, siempre hay incumplimientos, pero son puntuales, poco frecuentes o fáciles de soslayar. Buscamos alternativas y, desde luego, antes de contratar a un abogado y a un procurador para pedirles que preparen y presenten una demanda judicial en nuestro nombre, negociamos, renegociamos, esperamos, o advertimos a incumplidor que, si insiste en incumplir, buscaremos a otro más serio y que perderá a un cliente y, a la larga, todos, pues su reputación resultará arruinada.

Si hay competencia, no hay mucho problema, pues, por hipótesis, las contrapartes de las docenas de contratos que celebramos cada día son intercambiables, sustituibles. Igualmente, si las cosas se nos tuercen un día y no podemos cumplir todas las promesas que formulamos y que siguen en vigor, solemos priorizar unos pagos sobre otros e intentamos que aquellos a quienes no podemos pagar nos den un poco de tiempo, nos concedan una moratoria de pago, nos fíen, confíen en nosotros. Aunque a veces, la reclamación llega. A veces, pues a ningún contratante le gusta reclamar judicialmente el pago de una obligación, el pleito judicial es el último remedio. Y es un remedio caro, muy caro.

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Pero un día, de pronto, puede ocurrir que las cosas se tuerzan para todo el mundo y al mismo tiempo. Es lo que está ocurriendo ahora con la pandemia de la covid-19: todos, absolutamente todos sin excepción, experimentamos dificultades para cumplir (o, visto desde el otro lado del contrato, para cobrar) o, más drásticamente, dejamos de poder cumplir ¿Qué hacemos? Y, sobre todo, ¿qué dejamos de hacer de entre todo aquello que habíamos prometido?

Una respuesta intuitiva es reclamar a los poderes públicos que retiren la red de contratos, para que podamos dejar de cumplir todo aquello que, hasta ayer, formaba gran parte de la trabazón de nuestra vida individual y social en un entorno caracterizado por una intensa división del trabajo y, por tanto, de miles de contratos, celebrados entre quienes sabemos hacer una cosa y quienes saben hacer las demás.

 

Manifestación de trabajadores de la empresa Alcoa de Lugo, el mes de junio, contra el despido colectivo Fotografía de Eliseo Trigo. Efe.

Manifestación de trabajadores de la empresa Alcoa de Lugo, el mes de junio, contra el despido colectivo Fotografía de Eliseo Trigo. Efe.

 

Naturalmente, tal respuesta sería una simpleza: retirar la red sería una hecatombe segura. Hay que hacer algo mejor. Y se puede hacer, de hecho, se está haciendo ahora.

En Coronavirus and the Law in Europe, cinco académicos europeos (Ewoud Hondius, Marta Santos, Andrea Nicolussi, Christiane Wenderhorst y quien firma estas líneas) nos propusimos analizar cómo los derechos de 17 países de Europa han afrontado la epidemia más grave desde la Gripe Española de 1918, una pandemia que causó cincuenta millones de muertos. La primera edición virtual del libro, que ya se puede consultar en internet, ofrece respuestas claras en materia de contratos: los distintos sistemas legales europeos han establecido moratorias de pago, permiten ajustes o adaptaciones de contratos de larga duración, promueven la renegociación, suspenden ejecuciones judiciales durante la pandemia, tienen en cuenta las situaciones más claras de vulnerabilidad entre los consumidores, o de las personas más desfavorecidas, apoyan la financiación de empresas que pasan por una situación de clara iliquidez, tienen en cuenta el cambio exorbitante e imprevisible de las circunstancias previstas o previsibles en el momento de la celebración de los contratos, dan razón de que la pandemia es un caso claro de fuerza mayor clara que afecta e algunos operadores económicos, etc.

Pero ningún sistema jurídico ha retirado la red de contratos. La tónica general es que los contratos se conservan, se mantienen con los mínimos cambios posibles. Dicho de otro modo: la terminación de los contratos no es el remedio primario y, en todo caso, la buena fe, la exigencia de un comportamiento mutuamente leal y responsable, filtra la búsqueda de soluciones en un entorno de crisis sanitaria descomunal, como no habíamos visto otra en un siglo.

Desde luego, las soluciones son diferentes según los países, los tipos de contratos y de contratantes. Pero la línea es clara en todos los casos: los contratos se mantienen si es razonable hacerlo así, los poderes públicos apoyan a los contratantes y a las empresas, la red se mantiene.

Luego hay contratos específicamente celebrados porque estamos en medio de una pandemia, es decir, que no solo la prevén, sino que precisamente la contemplan y que se celebran para hacer las cosas que se pueden hacer o que hay que hacer durante la pandemia misma. O para evitar las que no deben hacerse.

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La idea de que una pandemia genera sus propios modos de contratar o sus propios contratos es muy antigua, tanto como las epidemias mismas. Durante la Peste Negra (Black Death, 1347-1351), una epidemia de peste bubónica (causada por la bacteria yersinia pestis) que mató a entre una tercera parte y la mitad de la población europea, las ciudades celebraban contratos médicos (plague doctor contracts) en virtud de los cuales el médico (Pestarzt, en alemán, empirics, en francés, muchos de ellos no eran médicos en el sentido actual de la palabra) se obligaba a tratar a los pacientes de la plaga y a abstenerse de tratar a otros pacientes, es decir, se comprometía a centrarse en la epidemia y no aprovechar la circunstancia para obtener ventajas indebidas de la catástrofe. Los médicos de la plaga llegaron a vestir una indumentaria vistosa, inusualmente característica, en Francia y en Italia durante el siglo XVII: una túnica oscura, una máscara en forma de pico de ave -impregnada con lavanda- y un sombrero negro. Su figura acabó por entrar en la historia de la literatura: “Il medico della peste” de la Commedia dell’arte. Los desastres generan así su propia contratación y acaban configurando nuestra cultura.

¿Cómo evolucionarán los contratos en esta pandemia? No lo sabemos bien. Depende en buena medida del tiempo que necesitemos para combatir con éxito la covid-19, una afección vírica que puede ser contrarrestada por vacunas, cuando las haya. Pero algunos de los cambios en nuestras maneras de contratar provocados por la pandemia, como las prácticas de teletrabajo, la contratación por internet, la apreciación de los servicios personales, o el suministro a domicilio, van a quedarse entre nosotros mucho después de que la pandemia misma haya sido controlada en mayor o menor medida. Los contratos deben poder adaptarse a su ocurrencia y consecuencias. Lo harán. Siempre ha sido así.