En mayo de 1976, el Real Madrid asentaba su dominio sobre el campeonato nacional de Liga con la conquista de su segundo título consecutivo. En Europa, sin embargo, el equipo seguía estancado, puesto que su último triunfo se remontaba nada menos que a 1966, con la Copa de los «Yeyés», la sexta de su palmarés.

Precisamente a finales de ese mismo año de 1966, la dictadura franquista había cantado victoria en el referéndum para alcanzar la séptima del suyo, la Ley Orgánica del Estado (LOE). Fiel a sus orígenes fascistas, el régimen había inicialmente rechazado la idea de contar con una Constitución, pues aquello sonaba demasiado a la denostada democracia de partidos y sufragio universal. Sin embargo, al convertirse el fascismo en subcampeón europeo y mundial, al perder la guerra que había comenzado tras ayudar a Franco a ganar su competición doméstica, los juristas e ideólogos de la dictadura española tuvieron que sacarse de la manga un sistema que pareciera más homologable al de los vencedores.

Así, concibieron un ordenamiento legal –que no legítimo– que consistía en una colección de textos que recibían el nombre de Leyes Fundamentales. La primera fue la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947), que nombraba retroactivamente a otras cuatro –Fuero del Trabajo (1938), Creación de Cortes (1942), Fuero de los Españoles (1945), Ley de Referéndum Nacional (1945)–, con lo que se configuraba un palmarés que podía ampliarse en cualquier momento gracias a la aprobación de otra ley con categoría de fundamental –como sucedió con los Principios del Movimiento (1958) y la citada LOE (1967)–, para lo que debía ser sancionada en las Cortes y, también, mediante un referéndum.

Aquel engendro se calificó entonces pomposamente de «Constitución abierta», pues se subrayaba que cada nuevo texto podía «introducir las modificaciones precisas en las leyes fundamentales ya promulgadas», en realidad porque se contradecían, pero los teóricos del régimen preferían decir que era para «perfeccionarlas y acentuar el carácter representativo (sic) del orden político». Y fue, paradójicamente, esta naturaleza artificialmente «abierta» la que terminó siendo su talón de Aquiles.

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Adolfo Suárez

En julio de 1976, Juan Carlos I, designado sucesor en 1969 en virtud de aquella primera Ley Fundamental, y haciendo uso de las prerrogativas que le confería la séptima para forzar la dimisión de Arias Navarro y nombrar al nuevo «Presidente del Gobierno […] a propuesta en terna del Consejo del Reino», donde había situado previamente a Torcuato Fernández-Miranda, decidió que sería Adolfo Suárez el encargado de encabezar su nuevo gabinete.

Para entonces, las movilizaciones de los distintos sectores de la oposición democrática ya le habían dejado claro que no iban a aceptar un mero retoque cosmético del sistema político, tal como proponía el proyecto apadrinado por Manuel Fraga, que consistía en salpimentar los textos de la dictadura para hacerlos más digeribles a la población española y, sobre todo, para el paladar democrático de las comunidades europeas. Tocaba cambiar la carta si se quería consolidar la institución monárquica, no arriesgarse a un estallido insurreccional de resultado incierto y hacer jugar a España según las normas de la primera división occidental.

Como responsable de «dirigir la política general y asegurar la coordinación de todos los órganos de gobierno y administración», fue Adolfo Suárez el encargado de cocinar la nueva receta ideada, entre otros, por Fernández-Miranda, que para eso era catedrático en derecho franquista y en cinismo político: pasar «De la ley a la ley». Nacía así el proyecto de Ley para la Reforma Política (LRP), un texto «de rango Fundamental», pero que regulaba la «expresión de la voluntad soberana del pueblo» mediante la creación de unas Cortes –Congreso de Diputados y Senado– completamente diferentes, puesto que serían elegidas «por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad». En definitiva, una Ley Fundamental para derogarlas a todas.

La LRP, por tanto ¿fue la octava del palmarés de la dictadura o la primera de la democracia? Pues un poco de ambas, a imagen y semejanza del propio proceso de transición, ya que si la receta contenía producto de gran calidad democrática, como el reconocimiento de que «los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado», mantenía también ingredientes de claro regusto autoritario. Así, respecto al Congreso de los Diputados, el gobierno se reservaba en exclusiva la futura regulación del sistema electoral, cuya proporcionalidad ya anunciaba que sería sometida a «dispositivos correctores», mientras que, con relación al Senado, se establecían «criterios de escrutinio mayoritario», reforzados por la atribución al monarca de la capacidad para designar libremente a una quinta parte de sus miembros. No en vano, la figura del Rey en tanto jefe del Estado y la forma monárquica de gobierno se daban por descontadas a lo largo de todo el texto.

 

Sin evidencia documental

A este respecto, la posibilidad de que se convocara un referéndum para decidir entre República y Monarquía, algo que socavaba de raíz los cimientos políticos de la subida al trono de Juan Carlos de Borbón, nunca estuvo realmente sobre la mesa, por muchos ríos de tinta que haya hecho correr la filtración en el año 2017 del off the record de una entrevista de Adolfo Suárez realizada en 1995 por la periodista Victoria Prego. En ella, el expresidente afirmaba que «la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república […] hacía encuestas y perdíamos […] entonces yo metí la palabra Rey y la palabra monarquía en la Ley». Una declaración que, por sí misma, no resiste la más mínima crítica de fuentes, pues no venía acompañada de información precisa alguna –quién y cuando realizó dichas encuestas y dónde están sus resultados– ni ha sido corroborada por evidencia documental ninguna, incluidos los archivos de exteriores de esos gobiernos extranjeros que tampoco se citan.

Lo único que viene a demostrar esa grabación, a cargo de una persona deseosa de reivindicar su actuación personal en un momento en el que era muy criticado por aquellos que después le pusieron su nombre al aeropuerto de Barajas, es aquel viejo dicho del poeta norteamericano John Godfrey Saxe: «Las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que uno va conociendo cómo se hacen».

La posibilidad de que se convocara un referéndum para decidir entre República y Monarquía nunca estuvo realmente sobre la mesa.

Para el caso concreto de la LRP, por añadidura, ni siquiera se necesitaban de esas declaraciones de Adolfo Suárez para torcer el gesto, pues la propia secuencia de su aprobación contenía tantas luces democráticas como sombras autoritarias (Ignacio Sánchez Cuenca, Atado y mal atado, 2014). Y es que, una vez más, de la tramitación de la Ley conocemos bien sus componentes más nobles y anécdotas más jugosas, pero los rellenos autoritarios y los aditivos falangistas parecen haber desaparecido de la etiqueta.

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Oportuno viaje al Caribe

Así, suelen mencionarse siempre las conversaciones, presiones, chantajes, promesas y la creación de una dinámica política favorable entre los procuradores, que incluyeron un oportuno viaje al Caribe para alejar los más recalcitrantes, y que nos hacen mucha gracia porque fueron en la buena dirección: conseguir que las Cortes franquistas se hicieran el «haraquiri» y votaran a favor de la LRP. Por el contrario, al llegar a la realización del referéndum, todo suele ventilarse rápidamente con un par de referencias al poder de Televisión Española, que para eso Suárez había sido su director general, y a la canción de los Vino tinto Habla, pueblo, habla.

La utilización del aparato del Movimiento contribuyó a configurar unos resultados de participación y voto afirmativo extraordinariamente positivos para el gobierno.

Pero lo cierto es que Adolfo Suárez había sido, además de príncipe de las ondas, secretario general del Movimiento, y bien consciente de la importancia de una estructura político-administrativa que le permitía llegar, en sus propias palabras, a «cada pueblo y lugar de España». Por todo ello, el presidente hizo de la participación falangista en la organización de la consulta y en la movilización de la población para el voto afirmativo, así como del freno de la propaganda de oposición que pedía la abstención, una de las claves de sus buenos resultados.

Aunque resultara paradójico, el partido único había terminado por desarrollar una notable experiencia en la preparación y el tostado de consultas, toda vez que, como apuntábamos anteriormente, presionados por el orden internacional surgido del final de la Segunda Guerra Mundial y la condena de la Asamblea General de Naciones Unidas, la dictadura había tenido que convocar los referéndums de 1947 y 1966, así como toda clase de comicios parciales –locales, sindicales y de procuradores familiares a Cortes–, que le habían servido para ir afinando una maquinaria de información, control y manipulación de los resultados.

 

Clima favorable

De esta forma, como puede rastrearse en los distintos archivos históricos provinciales, desde la Dirección General de Política Interior del Ministerio de Gobernación –ocupado por Rodolfo Martín Villa– y la Delegación Nacional de Provincias del Movimiento se elaboraron toda una serie de directivas para crear un clima favorable a la aprobación de la LRP, con Planes de Acción Provincial adaptados a cada territorio –inauguración de obras públicas, resolución de problemas locales, flujo constante de noticias positivas sobre expansión empresarial y económica, entrevistas con personalidades influyentes–, ejecutados por los gobernadores civiles, que eran también los respectivos jefes provinciales del Movimiento.

Paralelamente, se bloqueaba la aparición de cualquier publicidad favorable a la abstención o al voto negativo, con instrucciones detalladas para las jefaturas locales y las fuerzas de orden público, encargadas de la incautación de material, el borrado de pintadas e incluso la organización de «medidas de idéntica naturaleza, pero de signo contrario, es decir, con contracarteles y contrapintadas». Tan a pecho se tomaron su labor, que llegaron incluso al estadio Benito Villamarín de Sevilla «durante celebración encuentro Betis-Real Madrid, aparecieron pancartas Partido Comunista, incitando a la abstención en el referéndum, [que] fueron retiradas por la fuerza pública» (Julio Ponce, 2014).

Indudablemente, no es que estas actuaciones inclinaran una balanza incierta, puesto que todo parece indicar que la LRP habría pasado la prueba del referéndum en cualquier caso. No obstante, la utilización del aparato del Movimiento sí contribuyó a configurar unos resultados de participación y voto afirmativo extraordinariamente positivos para el gobierno y el presidente Suárez, que pudieron encarar así los siguientes pasos del proceso de reforma muy reforzados políticamente.

De hecho, de cara a las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977, trataron en buena medida de repetir la operación con la fundación, sobre aquellas mismas estructuras, de la Unión de Centro Democrático, pero privados en esta ocasión del monopolio del espacio público cosecharon unos resultados mucho más ponderados, lo que abrió una etapa de verdadera negociación con las fuerzas de la oposición democrática.