La organización territorial de los Estados de Europa es calidoscópica, fruto de las evoluciones históricas traducidas en distintos entes políticos o administrativos, regionales o locales: el condado irlandés, la provincia estonia, el consejo finlandés, el distrito búlgaro, el departamento francés, la parroquia portuguesa, la comarca austríaca, la comunidad autónoma española, la región belga, el estado federado alemán, etc., más las ciudades, que parecen uniformes sin serlo. Varsovia, París, Estocolmo, Milán, Tesalónica, Zagreb, Barcelona, etc. tienen competencias de gobierno diferentes.
Esta galaxia territorial está representada en un órgano institucional de la Unión Europea (UE), el Comité Europeo de las Regiones (CDR), de un nombre equívoco, puesto que no lo componen solo las regiones, incluso están en minoría y, si tuviéramos en cuenta solo las regiones con capacidad legislativa aún serían menos.
La cohesión económica, social y territorial es un objetivo prioritario de la UE. Los fondos estructurales para impulsar la cohesión han sido la inversión productiva más importante de la integración europea desde el Tratado de Roma (1957) con el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), más la introducción (1975) de una dimensión directamente regional con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Los fondos estructurales han hecho de los entes territoriales no solo unos beneficiarios, sino también unos actores necesarios, porque la planificación, la ejecución y el seguimiento de la utilización de los fondos requiere su colaboración.
A partir de la ampliación de las Comunidades al Reino Unido, Dinamarca y la República de Irlanda (1973), la presión de los territorios y las ciudades para conseguir un reconocimiento dentro del sistema comunitario aumentó, principalmente después de la adhesión de Grecia (1981) y de España y Portugal (1986), destinatarios preferentes de los fondos.
Además de las presiones directas de los territorios a los gobiernos estatales, el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CDRE), fundado en 1951 y que hoy reúne 61 asociaciones locales —la Federación Española de Municipios y Provincias, constituida el 1981, es una sección— hacía de lobby tenaz ante las instituciones comunitarias. En 1984 se sumó la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) de defensa exclusiva de las regiones, representa 270 regiones de toda Europa, sin discernirlas según sus competencias.
En general, se compartía una reivindicación genérica de la participación de los entes territoriales en los procesos decisorios de las comunidades en todo aquello que los afectara, que ya era mucho —actualmente un 70% de la actividad legislativa de la UE tiene un impacto local—.
Sin embargo, existía una subterránea o a veces abierta pugna entre ciudades y regiones por la preeminencia en la representación territorial en la UE. Y resulta que esta competencia se concretaba vivamente en el discurso y la actuación de dos gobernantes de Cataluña, enfrentados por visiones ideológicas y funcionales: Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona «sin Barcelona Cataluña no pesa» y Jordi Pujol, presidente de la Generalitat «Cataluña es mucho más que Barcelona».
Los dos trasladaron al escenario europeo su discrepancia, concretada allí en el papel que atribuían en la construcción europea al ente que representaban, Maragall: «la ciudad ha hecho Europa, Europa es una red de ciudades», Pujol: «Europa es una suma de identidades, las regiones concentran la identidad». Los dos se dotaron de aliados exteriores potentes, Maragall presidía lo CMRE (1991-1997) y Pujol el ARE (1992-1996).
Una primera respuesta comunitaria a la demanda territorial de reconocimiento, asumida por el Parlamento Europeo (PE), fue la decisión de la Comisión de 24 de junio de 1988 relativa a la creación de un Consejo consultivo de los entes regionales y locales. Lo formaban 42 miembros con mandato electivo, procedentes de los 12 Estados de la Comunidad Económica Europea (CEE). España tenía 5 puestos reservados.
La consulta, no preceptiva, podía versar sobre cualquier cuestión relacionada con la elaboración y la aplicación de la política regional de la CEE.
Aquel Consejo no satisfacía las aspiraciones de los entes territoriales, al contrario, la notoria insuficiencia del órgano estimuló todavía más la presión. Aun así, no deja de ser un antecesor del CDR y fijó un techo: el carácter consultivo, que no ha sido superado, solo completado.
Las sucesivas propuestas para un Comité consultivo unitario e independiente
En 1991, en el marco de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental sobre la Unión Política, la cuestión de la constitución de un órgano que incorporara la representación de los entes territoriales a los procesos decisorios fue evocada en varias ocasiones, centrándose la discusión en la composición y el carácter del órgano, que se preveía consultivo.
La cuestión llegaba a la mesa de la negociación intergubernamental y afloró la realidad de la diversidad territorial de los 12 Estados miembros de la UE. Alemania, Bélgica y España políticamente muy descentralizadas se inclinaban por la prevalencia de la representación de las regiones, Italia y Francia, poco descentralizadas, querían una fórmula mixta, el resto aceptaban el totum revolutum. La discusión no era intrascendente: regiones, ¿cuáles? Si solo las dotadas de capacidad legislativa, se incidía en la arquitectura política e institucional de la Unión, si todas, se abría la puerta a todos los entes territoriales, provincias, distritos, comarcas, etc. y, naturalmente, a las ciudades.
En España se siguió el debate con interés, en buena medida porque lo animaban Maragall y Pujol. Las Comunidades Autónomas se habían pronunciado taxativamente: representación exclusiva de las regiones y carácter preceptivo de la consulta sobre todo lo que pudiera afectar a las regiones. Nadie proponía un carácter distinto al consultivo.
Si aquel planteamiento hubiera prosperado, se habría instaurado una forma de Europa a «dos velocidades» al dejar sin participación local en el proceso decisorio a la mayor parte de los Estados de entonces y, más adelante, a los 16 Estados de las sucesivas ampliaciones con la sola excepción de Austria, que tenía regiones federalizadas.
Finalmente, se impuso una propuesta minimalista pactada entre Alemania y España y el Tratado de Maastricht (1992) creaba el Comité de las Regiones de la Unión Europea como órgano consultivo copiando el funcionamiento del Comité Económico y Social Europeo (CESE) -que ya existía- y los dos Comités compartiendo una estructura organizativa común.
Los miembros del CDR son representantes territoriales electos, por lo tanto son independientes. (De los 21 que tocaban a España el Gobierno asignó 17 a las Comunidades Autónomas y los restantes a Barcelona, Córdoba, A Coruña y Madrid). La condición de electos de los miembros marcaba una diferencia que acabó siendo determinando para independizarse del CESE. El CDR podía ser consultado por el Consejo y la Comisión sobre materias de impacto territorial y podía emitir dictámenes de iniciativa, ninguno vinculante.
El 9 de marzo de 1994 se celebró la primera Asamblea plenaria del CDR. La sala lucía, estaba representada como una muestra significativa del poder regional y local de Europa, puesto que también participaban como observadores representantes de Austria, Finlandia y Suecia, Estados adheridos en 1995. A la sesión del día 10, se eligió presidente del CDR a Jacques Blanc (UDF), presidente del Consejo Regional de Languedoc-Rosellón —el candidato del ARE— y a Pasqual Maragall, vicepresidente —el candidato del CMRE—. Maragall relevó Blanco en 1996 por un periodo de dos años.
El Tratado de Maastricht había configurado un CDR que mantenía insatisfechos a presidentes de regiones y a casi todo el mundo por el carácter vago de la función consultiva y por las limitaciones al funcionamiento. Aquello que establecía el Tratado era inamovible, pero el lehendakari José Antonio Ardanza y el presidente Jordi Pujol intentaron reconducir el CDR a través de un funcionamiento bicameral: las regiones con plena capacidad legislativa, una sección, y el resto de los poderes otra.
Era una pretensión coherente con el pensamiento nacionalista de los dos presidentes, siempre afanándose en más protagonismo para los entes que representaban. Pero la pretensión no era realista, un funcionamiento bicameral suponía una interpretación arriesgada del Tratado y, además, tenía que figurar en el reglamento interno del órgano, que el CDR todavía no tenía la facultad de aprobar.
De hecho, en aquella etapa inicial persistían las diferencias entre ciudades y regiones, con la interposición ambigua de los poderes intermedios representados por los entes administrativos regionales y locales, de los cuales el Consejo regional francés era un prototipo.
La relación de fuerzas no fue favorable al tándem Ardanza-Pujol. No contaron con el apoyo de los otros presidentes autonómicos ni con el de los representantes alemanes. Se impuso el criterio federalista y de lealtad institucional de Edmund Stoiber, presidente de Baviera. Era la hora de reforzar el CDR, no resultaba fácil levantar un nuevo órgano y dotarlo de medios y recursos, se tenía que apostar por la unidad. Pujol y Ardanza se quedaron literalmente solos, Pujol defendió hasta el final la propuesta bicameral, que en una votación indicativa obtuvo 3 votos.
Dictámenes que prevén la reacción ciudadana a la norma comunitaria
Pero, la cuestión replanteada por los dos presidentes con una solución impracticable, en el fondo, buscaba para el CDR más horizonte que el meramente consultivo. El Tratado de Ámsterdam (1997) y el Tratado de Lisboa (2009) reaseguraron la existencia del CDR, separándolo del CES, ampliando las materias sobre las cuales tiene que ser consultado en todas las fases del proceso legislativo, también por el PE, y, a diferencia del CESE, con el derecho de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión, si considera que su función consultiva no ha sido respetada.
El CDR ha conseguido blindar el funcionamiento y la función, esto es todo, continúa siendo un órgano institucional solo consultivo. En marzo de este año, el CDR ha celebrado su trigésimo aniversario con el mismo interrogante que en el momento de la constitución: ¿en la arquitectura institucional de la UE habría un lugar más que consultivo para el CDR?
Los poderes territoriales aportan la proximidad al ciudadano, precisamente aquello que más falta a las instituciones comunitarias que el común de la gente ve lejanas y las entiende poco o nada.
A medida que el PE ha fortalecido su propia función, se ha reducido el margen del valor político del CDR. Probablemente, al CDR solo le quede espacio para revigorizar la función consultiva. Los dictámenes del CDR son útiles, anticipan la reflexión y el debate que los colegisladores, PE y Consejo, y la Comisión iniciadora del proceso tienen que hacer en cada acto legislativo. La opinión de un concejal municipal, de un diputado regional, de un consejero departamental o comarcal, vehiculada por el CDR, a menudo prevé y anuncia la reacción ciudadana a la futura norma comunitaria.
Dotar a los dictámenes del CDR de carácter vinculante equivaldría a atribuir al CDR una facultad cuasi legislativa, cosa que rompería la actual arquitectura institucional de la UE. Pero sí que las instituciones consultantes tendrían que justificar con más fundamentación jurídica las razones de separarse, en su caso, del dictamen del CDR.
Fortalecer el valor de la consulta tanto en la vertiente técnica y política del dictamen como en la del impacto en la decisión de la institución consultante es el margen de mejora funcional del CDR, no tiene más espacio distintivo en el sistema político de la Unión. Pero, también es cierto que el CDR forma parte del sistema institucional de la Unión y que por esta vía participa en la gobernanza comunitaria.
Los representantes políticos de la Generalitat de Cataluña y de la ciudad de Barcelona de la última década en el CDR han oscilado entre la ausencia por el menosprecio hacia una institución considerada «regional» o «menor» y la participación para hacer ostentación del menosprecio al Estado. La actual representación política de la Generalitat y de Barcelona es de suponer que será, por fin, la normal de las dos expresiones por excelencia del territorio: la región y la ciudad.




























































